Hay una frase que se repite, casi como un ritual, cada vez que el Gobierno licita una obra de infraestructura estratégica: no pueden participar empresas controladas por Estados extranjeros. La cláusula volvió a aparecer esta semana en el pliego de una de las obras eléctricas más importantes de los últimos años, justo cuando Washington y Pekín libran, también en la Argentina, una pulseada por el terreno de las telecomunicaciones.
El Gobierno reeditó en el pliego de AMBA I la misma cláusula que ya había aparecido en los pliegos de la Hidrovía y de las concesiones viales. La reaparición llega en un momento sensible. La semana pasada trascendió que una cooperativa neuquina denunció presiones de la embajada de Estados Unidos para que no avanzara en un acuerdo con la china Huawei, episodio que derivó en un comunicado duro de la representación china en Buenos Aires y expuso el equilibrio que el Gobierno intenta sostener entre Washington y Pekín.
La Secretaría de Energía publicó hoy el pliego de bases y condiciones generales de la licitación de AMBA I, la obra que ampliará el sistema de transporte de energía eléctrica en alta tensión en el área metropolitana, donde se concentra el 40% de la demanda eléctrica del país. El texto establece que no podrán presentarse, ni como oferentes ni como integrantes de un oferente, personas jurídicas sujetas a control, directo o indirecto, de Estados soberanos, sus órganos o entes estatales, ni de empresas de titularidad estatal.
La restricción no es nueva. Ya estaba en el pliego de la Hidrovía de 2024, que excluyó a las firmas de dragado chinas —todas con participación estatal—, y se repitió en las concesiones viales. En AMBA I se sumó otro requisito que angosta aún más el universo de oferentes. Tampoco podrán participar empresas con accionistas o directores procesados por delitos contra la administración pública. “Si se agregaba esa cláusula en la licitación de concesiones viales, no podía participar nadie en la Argentina”, señaló un analista del sector en reserva.
Un límite que excede a China
La cláusula no apunta solo a las compañías chinas, aunque son las más afectadas, porque la mayoría tiene participación estatal. Powerchina, por caso, desarrolla en el país cinco parques eólicos y cuatro solares con una inversión de US$1000 millones, y en Chile es uno de los mayores contratistas de infraestructura eléctrica.
También quedaría alcanzada, en teoría, la italiana Enel, controlada por el Estado de ese país, aunque está en proceso de reducir su presencia local. La restricción no impide participar como subcontratista; lo que se veda es ocupar el rol de contratista principal u operador.
El contexto no es menor. CALF, la mayor distribuidora eléctrica del sur del país, denunció presiones de la embajada estadounidense para no avanzar con Huawei, bajo amenaza de revocar visas a sus gerentes, y la embajada china calificó el episodio de “arbitraria obstrucción” a la cooperación bilateral.
AMBA I busca resolver el principal cuello de botella del sector energético, que es la falta de inversión en líneas de transmisión. Mientras el consumo residencial creció 20% en la última década, la red de alta tensión se expandió apenas 8%. Esa brecha explica los cortes de luz en los veranos porteños y frena proyectos mineros, renovables y de hidrocarburos que no pueden inyectar energía al sistema. La obra contempla 270 kilómetros de nuevas líneas en 500 kV, 220 kV y 132 kV y una inversión estimada en US$800 millones para sumar unos 2000 MW.
Licitar infraestructura en la Argentina no es sencillo. El riesgo país se mantiene por encima de los 400 puntos, más del doble del promedio regional, lo que encarece el financiamiento de largo plazo. Por eso el esquema incluye un aporte inicial no reembolsable de Cammesa por US$110 millones, la posibilidad de recuperar la inversión por hitos de obra, una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en estructuración por unos US$200 millones y la opción de acceder al RIGI. “Se necesita todo para tener la mayor chance de éxito, porque si no, no se presenta nadie”, dijo un analista legal.
La garantía del BID tiene, además, un valor que excede el monto comprometido. Al ser un organismo multilateral, alterar el contrato implicaría un incumplimiento, con eventuales cláusulas de cross default respecto de otros compromisos. El contrato sigue estándares de project finance del BID e incorpora herramientas, como arbitrajes en el exterior, inéditas en pliegos publicados en el país en los últimos 30 años.
El cronograma prevé la apertura del primer sobre hacia diciembre, la adjudicación en 2027 y el inicio de operaciones hacia fines de 2030. AMBA I es la primera de un plan de 16 obras de transporte eléctrico que demandarán inversiones por más de US$6600 millones, por lo que su resultado será el test para las próximas licitaciones del sector.
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