Esta mañana se abrieron los sobres electrónicos de la primera etapa de la licitación por el 90% del paquete accionario de la empresa estatal encargada de proveer servicios de agua potable a más de 14 millones de personas.
El gobierno avanza con la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Este martes se abrieron los sobres con los ofrecimientos de los grupos empresarios que buscan quedarse con la mayoría del paquete accionario de la compañía responsable del servicio de agua potable del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Se trata de una venta con la que la administración libertaria busca obtener u$s450 millones.
Según la información publicada en la plataforma oficial Contrat.Ar, solo dos de las 17 empresas interesadas se presentaron en esta instancia: los consorcios argentinos Rowing-Arcos-Transclor-PHX, encabezado por Rowing S.A y de Roggio ROAS S.A.U. y otros.
Las ofertas serán analizadas por la comisión de evaluación de acuerdo con las condiciones previstas en el pliego. Una vez completado ese paso, los grupos que cumplan con los requisitos del pliego quedarán habilitados para presentar la oferta económica. Recién ahí se definirá al ganador.
Durante su conferencia de prensa este martes, el vocero presidencial, Adrián Ravier, hizo referencia a la novedad. Afirmó que AySA «era un perfecto ejemplo de disfunción administrativa». Aseguró que entre 2006 y 2023, la empresa recibió transferencias del Tesoro Nacional por más de u$s13.400 millones.
«Sin embargo, un tercio del área concesionada todavía no cuenta con acceso a agua potable y cloacas, las pérdidas de agua no contabilizada se mantienen en 42%, y los costos operativos aumentaron 80%», argumentó el funcionario.
Los detalles de la privatización
El gobierno también detalló que el futuro operador de Aysa estará obligado a cumplir con un esquema que establece un plan de acción de cumplimiento obligatorio en el período 2027-2031. Allí se contempla inversiones equivalentes a más de u$s2.000 millones.
El contrato fija metas de cobertura para 2031 de 75% en agua y 64% en cloacas, y metas mínimas del 90% y 75%, respectivamente, al término de los 30 años de concesión.
En ese plan de acción 2027-2031 corresponde el primer ciclo tarifario de cinco años. Durante ese período, el gobierno explicó que «el esquema establece que el nivel tarifario vigente al momento de su presentación se mantenga constante en términos reales».
El Gobierno ya había aprobado a fines de abril los contratos de concesión por 30 años. El contrato contempla, además, la posibilidad de extender la concesión por hasta 10 años adicionales. Abarcará el 51% de las acciones que tiene el Estado en la compañía que provee de agua potable y cloaca en el AMBA y que incluye a 14 millones de personas.
Más adelante, en una segunda etapa, se realizará una oferta pública inicial para colocar un 39% de las acciones en la Bolsa. El 10% restante quedará en manos de los empleados.
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