Vecinos de Jáchal renovaron su pedido por la defensa del agua con una acción institucional realizada el 8 de septiembre de 2026. Integrantes de la Asamblea Jáchal No Se Toca, acompañados por la firma de más de 300 vecinos y con el patrocinio letrado del abogado Horacio Rodríguez del Cid junto a Faustino Esquivel, formalizaron presentaciones ante las máximas autoridades de la provincia de San Juan. Las notas fueron entregadas al gobernador Marcelo Orrego, al presidente de la Cámara de Diputados, Fabián Martín, y a la defensora del pueblo, Florencia Peñaloza.
El objetivo central de esta ofensiva ciudadana es exigir la sanción urgente de una ley provincial que delimite de forma georreferenciada y proteja en su totalidad al Acuífero de Huachi —denominado técnicamente en los estudios oficiales como Acuífero Pampa del Chañar—, incluyendo sus subcuencas, la cuenca del río Las Carretas y sus indispensables áreas de recarga hídrica. El pedido surge frente a la amenaza que representa el posible desarrollo del proyecto Nuevo Panacán en el departamento.
Trámite administrativo y sospechas
La presentación se originó a partir del expediente N° 1100-000293-2026, caratulado «MAIDANA JULIÁN SANTIAGO. IIA Proyecto NUEVO PANACÁN – Dpto. Jáchal», que se tramita ante la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero del Ministerio de Minería provincial. Este trámite corresponde a la etapa de prospección del emprendimiento minero y ha sido cuestionado por la comunidad debido al acotado e inaccesible esquema de participación pública implementado.
Según denunciaron los peticionantes, el edicto oficial habilitó únicamente cinco días hábiles para la consulta documental y fijó un plazo posterior de tan solo tres días hábiles para presentar observaciones. Además, el procedimiento exigió la compulsa presencial del expediente en la ciudad de San Juan durante apenas cuatro horas diarias, «omitiendo la publicación digital íntegra y descargable del Informe de Impacto Ambiental (IIA)». Por ello, las presentaciones solicitan la suspensión de los plazos, el congelamiento del trámite y la prohibición de innovar hasta tanto se garantice un acceso real a la información ambiental.
Fragilidad técnica y principio precautorio
La preocupación encuentra respaldo en la documentación técnica de organismos oficiales. En particular, los informes RR-653 e IT-421 del Instituto Nacional del Agua (INA) caracterizan al acuífero Pampa del Chañar como una reserva subterránea libre, vulnerable y estratégica para el abastecimiento de agua potable de Jáchal. Estos estudios demuestrarían que la recarga de la cuenca depende de las precipitaciones y escurrimientos de las sierras circundantes e identifican al río Panacán entre los aportes superficiales clave.
Asimismo, el INA señala «vacuidades» en las series de datos actuales, faltantes en balances hídricos, aforos y modelaciones. Esta incertidumbre -aseguran- «exige aplicar de manera estricta los principios preventivo y precautorio consagrados en la Ley General del Ambiente N° 25.675 y en la Constitución Nacional». Las organizaciones sostienen que, sin coordenadas GIS oficiales interoperables, no se puede descartar que el proyecto minero se superponga con zonas protegidas o de amortiguamiento del acuífero.
Petitorio a poderes y organismos provinciales
Las presentaciones adecuaron sus exigencias según las competencias de cada destinatario. Al gobernador Marcelo Orrego se le solicitó instruir la paralización de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y conformar una mesa interinstitucional con el INA, INPRES, OSSE, Minería, Ambiente y el Municipio de Jáchal. Asimismo, se pidió ordenar al CIPCAMI monitoreos semanales fisicoquímicos y de metales pesados durante un año en el Río Jáchal (puntos PMP 7 Río La Palca y PMP 36 Río Blanco) ante riesgos por el deshielo.
A la Cámara de Diputados, presidida por Fabián Martín, se le requirió ejercer el control constitucional mediante pedidos de informes y la creación de una instancia de investigación, además de debatir la ley de delimitación legal del acuífero. Finalmente, ante la defensora Florencia Peñaloza se formuló una queja ambiental para requerir la suspensión del procedimiento e inspecciones territoriales, reafirmando además la vigencia de las Ordenanzas Municipales N° 3172, N° 2694 y N° 2814 para proteger el recurso hídrico departamental.
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