Súper RIGI, RIMI, RIGI y el efecto sobre una industria en caída libre


También niega ver que las fuerzas del mercado, con las grandes empresas a la cabeza, vienen actuando a tono con los preceptos del neoliberalismo y se encuentran más concentradas en acumular sus propios beneficios que en pergeñar soluciones que hagan al bien común. Esa postura explica que las únicas propuestas de las grandes empresas para lograr crecimiento sean la reducción al mínimo de la estructura gubernamental y la reducción del salario y sus costos asociados.

Es imprescindible destacar que la actual gestión sólo viene manteniendo una apariencia de superávit fiscal, ya que el mismo es alcanzado mediante un ajuste permanente del gasto y las inversiones que forman parte de las funciones indelegables del Estado, como son la salud, educación, sistema previsional, desarrollo científico tecnológico y la defensa nacional. Asimismo, el último reporte del FMI advirtió sobre el empleo de subterfugios contables que permiten mostrar cierto superávit fiscal.

Por añadidura Milei favorece a las grandes empresas con reducciones impositivas que obligan a un ajuste creciente y permanente, lo que genera una cada vez mayor caída de la demanda y por ende de la producción, del empleo y de la propia recaudación fiscal, generando el círculo vicioso en que estamos sumergidos.

Aunque inconexas las recientes políticas destinadas a promover nuevas inversiones muestran que el propio Milei comienza a ver la insuficiencia de pensamiento originario.

Las inconsistencias entre el RIGI, el RIMI y el Super RIGI

Las limitaciones que imponen los regímenes están a la vista, al dejar sin promover a cualquier inversión de empresas grandes (con ventas superiores a los $64.239 millones anuales, hoy unos u$s45 millones) que no alcancen la inversión mínima requerida por el RIGI de u$s200 millones que exige el RIGI como inversión mínima.

También quedarían sin promoción inversiones inferiores a u$s150 mil realizadas por microempresas, inferiores a u$s600 mil realizadas por empresas pequeñas, inferiores a u$s3,5 millones realizadas por empresas medianas del tramo 1 o a u$s9 millones para medianas del tramo 2.

Super RIGI

Asimismo corresponde señalar las asimetrías entre los beneficios dispuestos por el RIMI para PyMEs y los beneficios establecidos por el RIGI y el Super RIGI. Para PyMEs los beneficios del RIMI se limitan a la posibilidad de acceder a un régimen acelerado de amortización en el impuesto a las ganancias de las inversiones realizadas en bienes muebles amortizables, obras, equipos de riego agrícola, mallas antigranizo o bienes semovientes amortizables; mientras que los principales beneficios del RIGI son la reducción hasta el 25% de la tasa del impuesto a las ganancias, tasa que en el Super RIGI se reduce al 15%, con una duración de 30 años en ambos casos.

Entre los regímenes del RIGI y el Super RIGI existen tres diferencias centrales.

La primera es el destino, mientras el RIGI ya vigente está dirigido a proyectos energéticos, mineros y logísticos e incluye la posibilidad de incorporar proyectos foresto-industriales, tecnológicos o turísticos, el super RIGI se enfoca en nuevas producciones de mayor valor agregado, como baterías de litio, semiconductores, data centers, IA, biotecnología avanzada, defensa, etc.

La segunda diferencia estriba en las inversiones mínimas exigidas por cada régimen, que en el caso del RIGI varían entre US$ 200 y 600 millones, según el sector, mientras que el Super RIGI exige para todos los casos una inversión mínima de u$s11.000 millones.

Por último la tercera gran diferencias es el nivel de los incentivos. Respecto al Impuesto a las Ganancias el RIGI otorga una tasa del 25% por 30 años que el super RIGI la reduce al 15% por igual período. Respecto a la amortización acelerada el RIGI prevé 40% en año 1, 30% año 2, 30% año 3; el super RIGI la profundiza hasta 60% en el año 1, 20% en el año 2 y 20% el año 3. Sobre los aranceles de exportación del 0% recién aplican a los 3 años desde la puesta en marcha en el RIGI que pasa en el Super RIGI al 0% desde el día 1 de producción comercial en el nuevo proyecto; mientras que en el caso de los aranceles de importación se pasa del 0% sólo para bienes de capital en el RIGI al 0% para todos los bienes de producción, incluyendo bienes de capital, insumos, repuestos, servicios importados en el Super RIGI.

Resulta también imprescindible poner de manifiesto la enorme contradicción que significa en intento de dar impulso a inversiones de alto valor agregado y de frontera tecnológica mediante el Super RIGI, mientras en simultáneo se desfinancia la educación en todos sus niveles y en especial el universitario, así como el sistema científico tecnológico y se intenta el cierre del INTI.

Lo dicho para estos sistemas destinados a promocionar las inversiones demuestra la falta de conocimientos y de profesionalidad de quienes lo diseñaron y los que los pusieron en vigencia o dieron inicio a su trámite legislativo, en el caso del Súper RIGI.

El ajuste permanente

La necesidad del ajuste impuesto por la política gubernamental se ve reforzada por las cada vez más estrictas y contraproducentes recomendaciones del FMI. El Staff Report 2026, para el Artículo IV Segunda Revisión y en especial el anexo de los Selected Issues, resalta los ajustes que “se recomiendan” a nuestro país en materia tributaria, así como las lecciones resultantes del programa de ajuste, la necesidad imperiosa de fortalecer las reservas internacionales y las implicancias de la reforma laboral incluyendo algunas sugerencias adicionales.

El staff el FMI “sugiere” aprobar en este mismo año una reforma tributaria que amplíe al 20% la proporción de trabajadores que pagan impuesto a las ganancias, a la vez que sugiere igualar los aportes de los monotributistas al mismo nivel que los autónomos. La reforma incluye la mejora en la recaudación que se lograría eliminando los regímenes y programas que otorgan reducciones impositivas a ciertos sectores económicos.

Caputo FMI

El último informe del FMI fue el más sugerente en materia de política interna.

El último informe del FMI fue el más sugerente en materia de política interna.

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Según estima el staff del FMI con la aplicación de esta reforma se podría aumentar la recaudación en un 3,3% del PIB. La eliminación de exenciones impositivas, tales como las excepciones al IVA y la eliminación de zonas libres de impuestos, aportaría una mejora en la recaudación 0,8 puntos del PIB; la ampliación de la base que aporta impuesto a las ganancias sumaría una mejora de 1,4 puntos del PIB, mientras que la alineación de los monotributistas con los autónomos agregaría un aumento de 1 punto adicional.

Según el staff las reformas que aumentan los ingresos deberían permitir la eliminación gradual de los impuestos distorsivos sobre el comercio y las transacciones financieras.

Cualquiera sea la reforma que finalmente se apruebe resulta evidente que las directivas del FMI resultarán en más ajuste, con mayor impacto sobre los trabajadores y los sectores menos favorecidos, y resultará en una mayor caída del consumo y sus consecuencias sobre la actividad manufacturera y el empleo.

Caída de la industria: causas y posibles soluciones

Aunque conocidas no se puede dejar mencionar el daño producido al tejido social y en el productivo de los primeros 2 años y medio de la presidencia MiIei, que sintéticamente son las siguientes:

  • Se perdieron aproximadamente 300.000 trabajos registrados. Los sectores más afectados fueron la construcción con una pérdida de 76.292 puestos de trabajo; la industria, con una pérdida de 63.787 puestos y el empleo público nacional que perdió 62.768 puestos de trabajo;
  • Aumento del empleo informal a un nivel del 44,2%;
  • Las paradojas del crecimiento con menos empleo: el sector agrícola mejoró su actividad en un 41% y su nivel de empleo aumentó en sólo 1,8%; la minería e hidrocarburos aumentaron su actividad en 16% mientras reducían su empleo en 3,3%; por último el sector financiero aumentó la actividad en 18,7% con una reducción del empleo del 2%;
  • Se ha registrado el cierre de aproximadamente 24.180 a 25.000 unidades productivas. Los sectores más afectados fueron los orientados al mercado interno y la manufactura, especialmente en el comercio minorista, la construcción y las PyMEs;
  • Según INDEC la tasa de desempleo en aumentó del 5,7% a fines de 2023 al 7,5% al cierre de 2025, lo que representa un aumento de más de 270.000 personas en la búsqueda activa de trabajo. El desempleo afecta en mayor medida a las mujeres y a los jóvenes menores de 29 años;
  • Incremento del porcentaje de trabajadores que para subsistir deben recurrir a dos o más empleos.

Para finalizar con las consecuencias del «industricidio» no se puede dejar de mencionar la salida del país o el abandono de actividades productivas de empresas multinacionales. Durante 2024 se retiraron del país, dejaron de producir, reemplazaron producción local por importaciones o cedieron el uso de su marca a empresas nacionales ExxonMobil, HSBC, Prudential, Procter & Gamble, Clorox, Xerox e Internexa. En 2025, hicieron lo propio Petronas, Enap Sipetrol, Mercedes Benz, Telefónica, Southern Cross, SHV Holding (Makro), Nutrien, Dasa y Magnera.

En respuesta al descalabro social, económico y productivo distintos equipos político-técnicos de la oposición vienen trabajando en la elaboración de programas destinados a un próximo gobierno.

Hasta donde se conoce, se destaca en primer lugar la propuesta “La industrialización del país como política de estado – Una propuesta industrializadora para Argentina”, un aporte de sindicatos industriales que reafirma el rol del Estado en la definición de la política pública, y en particular de la política industrial, recuperando su papel central como organizador y regulador de las actividades económicas, con presencia estratégica en sectores y empresas claves, tanto públicas como privadas. Algunos de sus puntos son:

  • En materia tributaria la propuesta consiste en el reemplazo del modelo de acumulación de valorización financiera por la promoción de la inversión productiva y la competitividad de la industria nacional, en base al financiamiento estratégico para la producción y el desarrollo la reforma tributaria y justicia fiscal para una distribución equitativa del ingreso; define los ejes para una posible reforma tributaria y propone un régimen de incentivos tributarios para el desarrollo de las PyMEs y la industria nacional;
  • Respecto de infraestructura, logística y obra pública, propone un plan que garantice la conectividad, reduzca costos y potencie las capacidades productivas del territorio, incluyendo transporte multimodal y repoblamiento federal los aportes a la Red de Nodos Logísticos Multimodales para integrar la Argentina y el Canal Magdalena para mejorar la conectividad;
  • En materia energética propone redefinir la matriz energética, estableciendo una estructura tarifaria competitiva y alineada con las necesidades de la industria nacional, acompañada por la promoción de energías estratégicas (litio, eólica, nuclear, solar, entre otras) y tomando en cuenta las particularidades en materia de generación de energía, industrialización y transición energética, y el papel del sector energético en los proyectos de desarrollo industrial;
  • Respecto a las políticas productivas plantea fundarlas en el trabajo y la producción, fortalecer el desarrollo de capacidades locales, respetar la diversidad productiva de cada región y fomentar la agregación de valor en origen mediante cadenas de valor con presencia federal, dar impulso a las PyMEs con eje en el desarrollo con inclusión, y proponer como sectores estratégicos a la industrialización del litio, el desarrollo de baterías, la promoción de la movilidad sustentable, la industria naval y la producción de bienes de capital;
  • Las propuestas se completan con un programa de capacitación y formación profesional, con contenidos adaptados a los cambios tecnológicos vinculados a la Industria 4.0 y la transformación digital, complementado con el fortalecimiento del sistema científico-tecnológico, el impulso a los institutos técnicos de apoyo (INTI, INTA, CONICET, etc.) y la recuperación de las carreras científicas bajo la órbita de un ministerio especializado. En materia educativa plantea la necesidad de capacitación y formación técnico-profesional.

Con seguridad deben existen otras iniciativas que, en lo posible, deberían confluir en un programa consensuado para que el próximo gobierno ponga fin al desguace productivo y la desintegración social que hasta aquí hemos soportado.



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