Desde la aprobación de la Ley 27.350 en 2017, que regula el uso medicinal del cannabis en Argentina, el acceso al aceite de cannabis ha sido un tema central para pacientes y familias que dependen de este recurso terapéutico. Sin embargo, los cambios políticos recientes, particularmente con la llegada de Javier Milei al poder, han generado incertidumbre sobre el futuro de esta política en el país y en provincias como San Juan, que tiene un papel destacado en su producción.
El aceite de cannabis se ha consolidado como un tratamiento efectivo para patologías como la epilepsia refractaria, dolor crónico y trastornos neurológicos. La ley permitió su producción controlada, pero el acceso sigue siendo limitado por los altos costos y trámites burocráticos. En este contexto, el gobierno de Javier Milei, conocido por su postura libertaria, ha planteado una visión ambivalente sobre el tema. Si bien defiende la libertad individual, su propuesta de reducir la intervención estatal podría afectar los programas públicos relacionados con la producción y distribución de cannabis medicinal.
San Juan ha emergido como pionera en la producción de cannabis medicinal a través de acuerdos entre el sector público y privado. Empresas locales, en conjunto con organismos estatales, han desarrollado cultivos para producir aceite de calidad, posicionando a San Juan como un actor clave en el mercado nacional. Sin embargo, una resolución del Gobierno nacional que limita la actividad excluyendo variedades con compuestos medicinales, ha provocado que empresas privadas hayan abandonado sus predios en la provincia debido a la falta de autorizaciones y acumulación de pérdidas millonarias.
Canme continúa produciendo aceites medicinales para pacientes inscritos en sus registros. El Gobierno local ha mostrado una postura proactiva en defensa de su modelo productivo, subrayando la importancia de los acuerdos público-privados y el impacto positivo en la salud de sus habitantes en un momento en el que la incertidumbre reina en el sector.
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