Una empresa eléctrica reconoció que restringió fuerte sus inversiones por los congelamientos de tarifas

El congelamiento de tarifas y los mecanismos de ajustes discrecionales no fueron gratis para el sistema eléctrico, que está en emergencia económica desde 2002, con excepción de dos años (2017-2019). Según informó Transener, la transportista que opera el 85% del sistema en alta tensión y supervisa el 15% restante, tuvo que restringir las inversiones para poder financiar los gastos corrientes, los operativos y las masas salariales.

“Con los ingresos asignados, en los últimos seis años no se ha podido realizar el 62% de las inversiones necesarias. Por lo tanto, el 35% de las instalaciones del sistema se encuentran al fin de su vida útil”, dijo Pablo Tarca, director general de Transener, en la audiencia pública que se lleva a cabo hoy para definir el nuevo mecanismo de ajuste para el transporte eléctrico, que comenzará a regir a partir del próximo abril.

En pos de normalizar el sistema tarifario, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) puso en marcha la nueva revisión quinquenal de tarifas (RQT) para el período 2025-2029. El objetivo es determinar el nivel de inversiones que tendrán que hacer las empresas para operar y mejorar la calidad del servicio. A cambio, se establecerá una tasa de rentabilidad y se diseñará una fórmula de ajuste automático, para dejar atrás la discrecionalidad de los aumentos.

Mañana será el turno de la audiencia para tratar el esquema de las empresas de distribución eléctrica, como Edenor y Edesur.

Transener, que tiene bajo su responsabilidad la operación y el mantenimiento de 15.000 km del sistema de extra alta tensión de 500 KW, fue la primera en exponer. “Si vemos la evolución que tuvo la demanda desde 2002 a 2024, creció un 117%. En el mismo período, el sistema de transporte creció tan solo un 54%. Desde el punto de vista cuantitativo, es claro el diagnóstico: tenemos un sistema fuertemente saturado, que implica mayores costos de mantenimiento por dos motivos. El estrés y las exigencias del equipamiento son más altos y se hace muy difícil realizar mantenimiento en días hábiles y en horarios normales. Esto tiene un sobrecosto por tener que trabajar fundamentalmente fuera de horarios habituales”, dijo Tarca.

El ejecutivo dijo que el sistema saturado requiere dos enfoques para poder resolver los problemas. “Por un lado, una tarifa, que es el objeto de esta audiencia pública, para poder mantener las disponibilidades de los equipos que están actualmente en servicio. Por otro lado, fuera del objeto de esta audiencia, las ampliaciones para poder reducir costos de despacho, abastecer el incremento de la demanda futura, mantener niveles de seguridad y potenciar desarrollos productivos”, señaló.

Las boletas de electricidad que reciben los usuarios reflejan las tarifas de tres servicios: el 52% del valor final está asociado al costo de generar energía; el 2% es el costo de transportar esa electricidad a los centros de consumo, y un 23% está asociado al servicio de distribución. El 23% restante del precio final equivale a los impuestos nacionales, provinciales y municipales.

“La evolución del marco regulatorio desde el año 1993, cuando fue el inicio de la concesión, hasta la actualidad muestra que hemos transcurrido 20 de los 33 años con emergencias económicas. Esto deriva en una muy fuerte restricción de las inversiones y prácticamente nula rentabilidad”, dijo Tarca.

En este sentido, señaló que, desde julio de 2019 a diciembre de 2024, mientras que la tarifa de Transener subió 2435%, la evolución de los salarios privados registrados fue 2068%, la inflación mayorista (IPIM) fue 3194% y la minorista (IPC), 3311%.

“Desde 2019, todos los incrementos que se otorgaron fueron diseñados mediante proyecciones económicas financieras, pero sin seguir un esquema polinómico de actualización. El impacto que tiene en los egresos operativos esa destrucción del polinomio es el fuerte crecimiento porcentual del egreso operativo de la masa salarial y los costos operativos en detrimento de las inversiones”, dijo Tarca.

Según señaló, en 2018, del total de la tarifa, el 45% correspondía a inversiones, el 35% a la masa salarial y el 20% a gastos operativos. “A partir de 2019, cuando se quiebra el incremento natural de la tarifa, lo que comienza proporcionalmente a crecer es la masa salarial y los costos operativos en detrimento de las inversiones. Por eso, en los últimos seis años, tuvimos una restricción del 62% respecto a las inversiones que estaban previstas como necesarias”, agregó.

Transener tiene como principal accionista a la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (Citelec), con el 52,64% de las acciones, que a su vez pertenece en partes iguales a Pampa Energía (26,32%) –la empresa fundada por Marcelo Mindlin, que es la controlante– y a la estatal Energía Argentina (26,32%). El resto de la participación accionaria se reparte entre la Anses (19,57%) y lo que cotiza en la Bolsa porteña (27,79%).