Trump pidió la destitución de un juez “lunático de la izquierda radical” y el presidente de la Corte lo reprendió

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el martes la destitución de un juez que solicitó a su gobierno que explique por qué deportó a decenas de venezolanos a pesar de su prohibición temporal de expulsarlos.

En respuesta, el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, reprendió el martes al mandatario por insinuar que la destitución de un juez es la forma adecuada de resolver una disputa judicial.

“Durante más de dos siglos, ha quedado establecido que el juicio político no es una solución válida para el desacuerdo con una decisión judicial”, afirmó Roberts en un comunicado emitido por el tribunal. “Para eso existe el proceso normal de revisión de apelaciones”.

El juez de distrito James Boasberg dictaminó el lunes que los abogados del Departamento de Justicia deben responder a las preguntas sobre los vuelos de deportación a El Salvador que fueron posibles gracias a que Trump invocó una ley de 1798 diseñada para su uso en tiempos de guerra.

En una publicación realizada la mañana del martes en Truth Social, Trump continuó su historial de retórica incendiaria contra los jueces que fallan en su contra. “¡Este juez, un lunático de la izquierda radical, alborotador y agitador, tristemente designado por Barack Hussein Obama, no fue elegido presidente!”, escribió.

“YO GANÉ POR MUCHAS RAZONES, CON UN MANDATO ABRUMADOR, PERO LUCHAR CONTRA LA INMIGRACIÓN ILEGAL PUDO HABER SIDO LA RAZÓN PRINCIPAL DE ESTA VICTORIA HISTÓRICA. Solo estoy haciendo lo que los VOTANTES querían que hiciera. Este juez, al igual que muchos de los ‘jueces corruptos’ ante los que me veo obligado a comparecer, debería ser DESTITUIDO”, añadió.

La publicación del martes marcó la primera vez en el segundo mandato de Trump ha pedido la destitución de un juez.

El ataque de Trump contra Boasberg se produce después de que el juez pidiera claridad sobre cuándo exactamente el presidente invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para declarar que la pandilla venezolana Tren de Aragua estaba llevando a cabo una guerra irregular contra Estados Unidos, y cuándo despegaron los vuelos de deportación.

El gobierno sostiene que los deportados eran miembros de la pandilla y que comenzó a expulsarlos el sábado, antes de que un juez ordenara suspender los vuelos o devolverlos a Estados Unidos. Además, ha planteado preocupaciones de seguridad nacional en torno a la respuesta a las preguntas del juez, sugiriendo que parte de la información podría permanecer confidencial.

Por su parte, los abogados de Trump han argumentado que la autoridad del tribunal en este asunto es limitada, lo que ha generado inquietud sobre una posible ampliación de los poderes del Ejecutivo. Esto podría derivar en un choque constitucional con el Poder Judicial, intensificando las tensiones entre ambas ramas del gobierno.

El Tren de Aragua es una temida organización criminal dedicada al tráfico de personas en América del Sur. Sin embargo, aunque Trump afirmó que el grupo estaba invadiendo Estados Unidos, la evidencia documentada de una operación a gran escala en el país ha sido escasa.

En una presentación judicial el lunes por la noche, Robert Cerna, funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, admitió que muchos de los venezolanos deportados, a quienes la Casa Blanca vincula con el Tren de Aragua, no tenían antecedentes penales en Estados Unidos. Cerna señaló que uno de los deportados había sido acusado de asesinato y varios enfrentaban cargos por asalto en el país. También afirmó que muchos tenían antecedentes o condenas pendientes fuera de Estados Unidos, pero no especificó cuántos de los 137 expulsados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros contaban con un historial delictivo.

Según una cronología de Reuters, la orden oral del juez Boasberg, que establecía que “cualquier avión que contenga a estas personas (…) debe ser devuelto a Estados Unidos”, se emitió entre las 18.45 y las 18.48 (hora del este). En ese momento, dos de los tres vuelos ya estaban en el aire.

Un tercer vuelo despegó a las 19.37, doce minutos después de que la orden escrita del juez fuera publicada. El equipo de Trump argumentó que este avión transportaba deportados procesados bajo otras disposiciones migratorias distintas de la Ley de Enemigos Extranjeros y, por lo tanto, no estaba sujeto a la orden judicial. A pesar de ello, los tres vuelos aterrizaron en El Salvador entre la noche del sábado y la mañana del domingo, varias horas después de las resoluciones oral y escrita del juez.

Cuando el juez Boasberg solicitó información sobre los vuelos, parte de la cual era accesible a través de sitios públicos de rastreo, el abogado del Departamento de Justicia, Abhishek Kambli, respondió que el gobierno de Trump se resistía a compartir detalles, argumentando que existían “graves riesgos para la seguridad nacional operativa y las relaciones exteriores”.

Mientras tanto, los familiares de los deportados estaban desesperados por conocer el paradero de sus seres queridos. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que presentó la solicitud que llevó a Boasberg a suspender las deportaciones por dos semanas, también busca esclarecer quiénes fueron expulsados y bajo qué circunstancias.

Lee Gelernt, abogado de ACLU, advirtió sobre el posible conflicto constitucional que podría generar el desafío del gobierno de Trump y cuestionó su afirmación de que los deportados pertenecían al Tren de Aragua. “La administración Trump tiene un historial de exagerar el peligro que representan las personas que arresta”, afirmó.

Agencia Reuters