Tras retener a una bebé de 15 días en Ezeiza, la Justicia investiga una red transnacional dedicada a la gestación subrogadaPor Tomás Martino

En el marco de una causa que investiga una presunta red transnacional dedicada a la trata de personas en condiciones de vulnerabilidad para la subrogación de vientres y la venta de bebés, la Cámara Federal de La Plata resolvió una disputa de competencia en un expediente donde intervino la Dirección Nacional de Migraciones, que registró una serie de irregularidades en el intento de viaje fuera del país de una menor recién nacida junto con un ciudadano extranjero que alegaba ser su padre.

De acuerdo a esas actuaciones, el 23 de octubre de 2024, en el Aeroparque Jorge Newbery, la joven B.B., de 28 años, y el médico oncólogo de Italia, F.B., oriundo de la ciudad de Padua, presentaron una solicitud para obtener la autorización de salida del país para la beba de 15 días, E.B.. En ese contexto, la madre expresó su consentimiento para que la niña viajara con su padre a cualquier destino del mundo hasta alcanzar la mayoría de edad.

Sin embargo, el agente migratorio notó la corta edad de la menor, el estado de puerperio de la madre y la falta de residencia en Argentina del hombre que se presentaba como progenitor. También le resultó llamativo que el requirente intentara salir del país con la beba sin la compañía de la mamá y a tan poco tiempo de dar a la luz.

Según el informe de la Dirección General de Movimiento Migratorio, B.B. no tenía pasaporte emitido por el RENAPER ni registros de entradas o salidas del país. Por su parte, el italiano contaba con domicilio en el extranjero y había ingresado al país el 23 de julio de 2023, salido el 4 de agosto del mismo año y reingresado el 8 de octubre de 2024, permaneciendo en Argentina desde entonces. A su vez, había declarado al ingresar diferentes direcciones dentro de la ciudad de Buenos Aires, mientras que la joven tenía registrada su residencia en Rosario. Pese a ello, se emitió la autorización de viaje con una observación especial.

Al día siguiente, la joven y el italiano fueron al aeropuerto internacional de Ezeiza junto a la menor con el fin de que los dos últimos abordaran un vuelo con destino a España. Como el permiso de viaje presentaba observaciones, las autoridades no les permitieron abordar el avión. Más aún, en Migraciones consideraron que había motivos para inferir que F.B., en rigor, había captado la voluntad de B.B. para reconocer a la beba recién nacida y llevársela a otro país sin la compañía de su madre.

La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N° 1 de Lomas de Zamora, con jurisdicción en el aeropuerto y a cargo del juez Federico Villena. Por su orden judicial, los celulares de B.B. y de F.B. quedaron incautados y se dio intervención a personal del Programa de Rescate de Víctimas de Trata para entrevistar a la joven oriunda de Rosario y elaborar con ella un primer informe.

En ese documento, se consignó la situación de pobreza y de vulnerabilidad de la rosarina, quien declaró que era la única responsable de la crianza de su hija desde su nacimiento, que estaba desempleada y que no había terminado la escuela. También contó que subsistía por medio de una Asignación Universal por Hijo que le permitía afrontar los gastos del alquiler y con una ayuda económica de su familia con la que compraba alimentos.

De acuerdo a las actuaciones, en una primera conversación con el Programa de Rescate, B.B. expuso un discurso “aleccionado”, donde comentó que había conocido al médico oncólogo y a su pareja -un enfermero también de Italia- en un bar de Rosario, a quienes quiso ayudar cuando le contaron que querían tener un hijo.

Sin embargo, en una segunda entrevista, admitió que se vio obligada a “prestar su cuerpo” en virtud de su necesidad de construir una habitación para vivir en la casa de su madre. Así decidió buscar información en internet sobre la subrogación de vientre, luego de lo cual fue contactada por una agencia que, al finalizar una serie de preguntas, le ofreció 10 millones de pesos a cambio de una “subrogación gestacional”.

La joven firmó un contrato que, dijo, no entendió en absoluto. Luego cursó los nueve meses de embarazo haciéndose chequeos y estudios en Rosario y la ciudad de Buenos Aires, donde unas semanas antes de parir se instaló en un departamento financiado por la clínica.

El juez ordenó el allanamiento del domicilio donde se encontraban alojados los dos italianos y la joven recién parida. A partir de los peritajes de sus teléfonos y computadoras, se identificaron distintos consultorios y clínicas asociadas con dos empresas dedicadas a la fertilidad y con inmuebles en la provincia de Santa Fe.

Sin embargo, el fiscal Sergio Mola y la Procuraduría de Trata de Personas (PROTEX) requirieron que el juez decline su competencia para remitir las actuaciones al Juzgado Federal de Rosario, donde estaban radicadas las firmas investigadas.