Tiempo de descuento: dos semanas claves llenas de definiciones para la privatización de AySA

El proceso para privatizar Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la privatización más grande que tiene en marcha el Gobierno, tuvo un movimiento en el calendario. El Gobierno pospuso los plazos de entrega de propuestas y decidió que hasta el lunes a las 10 se mantenga abierto el plazo para realizar consultas al Pliego Único de Bases y Condiciones.

Así las cosas, la presentación de ofertas, que debía cerrarse hoy, pasó al 15 de septiembre a las 9.59. Finalmente, la apertura de la Etapa 1 del proceso, donde se conocen los interesados, quedó fijada para ese mismo día a las 10, inmediatamente después del cierre de ofertas.

El movimiento de plazos llegó justo en el momento en que, de no mediar la prórroga, debían conocerse los primeros oferentes formales por el 90% del paquete accionario que el Estado nacional puso en venta. Para el resto del pliego, no hubo ninguna modificación, ya que se mantuvieron los compromisos de inversión y la condición de licitación sin base. Es decir, el que proponga un número más grande por el 90% de las acciones se llevará la empresa.

Ni la resolución ni la circular explican los motivos de la demora. El texto oficial se limita a invocar, en términos genéricos, la necesidad de “promover una amplia participación” y garantizar los principios de “concurrencia, competencia, publicidad y transparencia” que exige la ley de privatizaciones. En el sector no se descarta que la prórroga responda a una participación más acotada de la esperada durante la etapa de consultas y visitas a las plantas.

Ahora bien, en el mercado se comentaba estos días que algunos nuevos interesados aparecieron en el último tiempo y que esa circunstancia llevó a que se decidiera mover el plazo 15 días.

Dicho de otra manera, hubo algunos que aparecieron tarde. De hecho, en los primeros días de apertura del data room, el lugar digital donde se realizan las consultas y preguntas al concedente, hubo poco movimiento. Pero, con el paso de los días, ingresaron algunos grupos importantes, como un par de jugadores grandes de Brasil, y todo se pospuso unos pocos días.

LA NACION adelantó en julio que la lista de interesados combinaba jugadores locales con peso político y sanitaristas internacionales, aunque en un número más reducido del que se imaginaba cuando se diseñó el proceso.

Entre los locales, dos nombres aparecían como los más firmes: Mauricio Filiberti, dueño de Transclor y socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en Edenor —proveedor monopólico de policloruro de aluminio para AySA desde 2009—, que trabaja en una propuesta junto con Rowing, la constructora de Walter Román; y el Grupo Roggio, operador de Aguas Cordobesas, cuyo histórico líder, Aldo Roggio, está procesado y es arrepentido en la causa Cuadernos.

También había pasado por la data room JCR, la constructora del fallecido Juan Carlos Relats, con ejecutivos procesados en la misma causa. Se mencionaba, sin confirmación de presencia activa, al grupo de los hermanos Neuss, cercano a Santiago Caputo, y una incógnita sobre el interés real de la brasileña Sabesp, operadora de la red de San Pablo.

Hubo una novedad con la francesa Veolia. Según comentan en el mercado, habría decidido desistir de presentarse pese a haber sido una de las interesadas desde que empezó el proceso. La estatal israelí Mekorot, que varios dieron como seducida, podría tener un papel más cercano a ser garantía de “prestigio internacional” ya que fue alcanzada por la llamada “cláusula antichina”, un requisito formal en el pliego que impide participar a empresas que tengan algún tipo de componente accionario con capitales soberanos.

El 12 de agosto, hubo una novedad en el Boletín Oficial. Se publicó la creación de una sociedad llamada Roggio Servicios de Agua y Saneamiento – ROSAS SAU, cuyo accionista es Benito Roggio e Hijos y que, como para seguir en familia, tiene domicilio en Vito Remo Roggio 3531, Ciudad de Córdoba. Sin embargo, más allá de la creación de esta sociedad, cuyo objeto se adaptaría a tener una concesión de este tipo, pues no es requisito para presentarse la constitución de una persona jurídica específica.

No son pocos los jugadores internacionales que creen que las condiciones y las formas del proceso están demasiado direccionadas a que el nuevo dueño sea un empresario local. De hecho, ese argumento habrían puesto sobre la mesa varios grupos operadores de concesiones similares, que miraron con atención los pliegos, pero que dejaron correr la concesión pública más grande que puso a la venta el Gobierno.

La venta sin base ni precio mínimo público y el plan de inversión asociado al contrato se mantienen. El nuevo dueño establece US$1940 millones para el primer quinquenio y hasta US$15.040 millones en 30 años, con metas consideradas modestas para la primera década (la cobertura de agua pasa de 75,3% a 78,9% y la de cloacas, de 63,9% a 65,3%) y obras clave —como las cuatro plantas de tratamiento cloacal de Campo de Mayo, Laferrere, Pilar y Escobar— postergadas más allá del segundo quinquenio. El Ministerio de Economía calcula recaudar unos US$450 millones con la venta del 90% de las acciones.

La modificación es exclusivamente procedimental: no toca las condiciones del pliego, el esquema de venta sin base ni las metas de inversión ya conocidas. Lo que sí posterga es la definición pública de quiénes finalmente presentan ofertas formales por el control de una empresa que provee agua y cloacas a 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 distritos del conurbano.

El Gobierno, entonces, se reservó casi tres semanas adicionales antes de que se sepa si la lista de interesados que circuló en julio se mantiene, se achica o —como esperaba en un principio el propio Ministerio de Economía— logra ampliarse. Cambiará de manos una de las empresas de servicios de agua potable y cloacas más grandes de América, y una de las pocas privatizadas que logró subir las tarifas a un nivel con el que pudo equilibrar sus cuentas.