En Argentina los tiempos políticos se aceleran. La final del Mundial marcará el comienzo de la campaña electoral 2027 y el presidente Javier Milei ya empezó a jugar ese partido. Con una economía real que sigue sin despegar y datos alarmantes en la opinión pública, el Gobierno prepara un cambio para llegar con mejores números a los comicios: tras más de dos años y medio, apuesta a reactivar grandes proyectos de infraestructura y analiza transferir fondos a las provincias para que ejecuten obras.
El desafío de revertir el clima no es menor. Los datos del último relevamiento de la consultora Zentrix son contundentes: el 50,2% de los argentinos se autopercibe como parte de la clase baja; el 61% afirma que sus ingresos alcanzan, como máximo, hasta el día 20 de cada mes; y el 86,1% sostiene que su salario perdió frente a la inflación.
El desembarco de Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete dejó una primera señal. «Falta que el crecimiento llegue a los ciudadanos de a pie, al comercio de la esquina», reconoció el funcionario el 4 de julio, en una de sus primeras declaraciones públicas desde que asumió el cargo.
Esa frase implicó el primer reconocimiento explícito de una preocupación que ya aparece con fuerza en prácticamente todos los sondeos. Se trata de un malestar que puede volver a ocupar el centro de la escena cuando se apague la euforia mundialista y la política recupere protagonismo.
«Después del lunes o martes empieza otro partido para el Gobierno», resumió un reconocido consultor económico. La idea del ministro de Economía, Luis Caputo, de que la elección de 2027 será «un paseo por el parque» hoy encuentra pocos adherentes, incluso dentro del propio oficialismo.
«El escenario está bastante claro: el Gobierno llega con una economía real congelada, un deterioro social importante, una macro algo más ordenada y un frente financiero todavía frágil. Es el contexto ideal para que la oposición encuentre algún grado de coordinación», explicó el analista.
Claro que esa condición todavía parece lejana. «A diferencia de la Scaloneta, hoy el peronismo, en términos futbolísticos, juega más cerca de Uzbekistán o Qatar«, ironizó.
La carta del Gobierno
Así como Lionel Scaloni recurrió al banco cuando los partidos se complicaron, el Gobierno prepara sus cambios para intentar revertir el enfriamiento que detectan todas las encuestas.
En Economía hablan de concesionar 9.154 kilómetros de rutas nacionales durante veinte años, privatizar por medio siglo las líneas de carga Belgrano, San Martín y Urquiza y avanzar con obras hídricas en la cuenca del Río Salado para prevenir inundaciones en 59 municipios.
Eso sería solo el comienzo. Un empresario del sector con acceso directo a los principales despachos oficiales aseguró a Ámbito que otra alternativa bajo análisis consiste en transferir recursos a las provincias para que sean los gobernadores quienes ejecuten las obras.
Dos mandatarios provinciales consultados confirmaron que esa posibilidad circula, aunque desconfían de que finalmente se concrete. El que se quema con leche, ve una vaca y llora.
A diferencia de la energía y la minería -los motores del crecimiento durante la gestión Milei-, la construcción tiene una capacidad mucho mayor para irradiar actividad hacia proveedores, industrias, comercios y empleo. Pero para que el movimiento tenga un impacto electoral hay una variable clave: el tiempo.
«No veo un shock de actividad. Todo viene demasiado lento», explicó un economista que asesora a empresas constructoras. El especialista también advirtió demoras en las obras de transporte eléctrico, una infraestructura clave para evitar futuros cuellos de botella que podrían incluso limitar la puesta en marcha de inversiones mineras.
Un reclamo que atraviesa los sectores
En los últimos días, se reunió en La Rural el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), un ámbito que reúne a las entidades empresarias del G6 junto con la CGT y la UOCRA. El reclamo para que el Ejecutivo ponga primera volvió al centro de la escena.
Según las estimaciones presentadas durante el encuentro, la Argentina necesita invertir alrededor de u$s25.000 millones por año solamente para mantener la infraestructura existente. Reponer el stock actual demandaría cerca de u$s600.000 millones.
El reclamo ya no proviene de un solo sector. Empresarios de la construcción, del agro, de la industria, del sistema financiero y representantes sindicales coincidieron en el diagnóstico.
Durante buena parte de la gestión, el Gobierno apostó a que el partido se ganaba con posesión de pelota: ordenando la macro y esperando que el resto se diera solo. Pero cuanto más se acerca el minuto noventa, más evidente se hace que el derrame no llega. Y cuando las papas queman, el resultado se define en las áreas.
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