Voceros cercanos al Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra, negaron que, hasta esta tarde, el funcionario haya presentado la renuncia y afirmaron que tampoco se la pidió nadie pese a que el Gobierno de Javier Milei ya tiene la decisión política de correrlo.
De todos modos, los voceros aclararon que «Barra, que es el jefe de todos los abogados del Estado, tiene la renuncia a disposición del presidente Javier Milei si se la piden».
Además, las fuentes consultadas por Clarín afirmaron que un dictamen de la Procuración avaló la decisión del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y rechazó el reclamo de una empleada de la cartera de que le paguen los incentivos salariales del ente cooperador. Haber avalado el reclamo podría poner en marcha una ola de pedidos salariales de igual temor..
El debate se basa en la resolución 376/2024 del Ministerio de Justicia que resolvió finalizar las contrataciones del personal del Ministerio de Justicia y sus organismos dependientes que se realizaban por intermedio del Ente Cooperador ACARA e instruyó el cese del pago de los incentivos al personal del Ministerio de Justicia y sus organismos dependientes.
En los considerandos de la resolución de Cúneo Libarona «se señala, entre otros puntos, que las contrataciones y el pago del incentivo se realizaban por fuera del régimen de empleo público, que afectaban el principio de igual remuneración por igual tarea, que un privado como ACARA no podía ser empleador de empleados públicos, que se detectaron designaciones transitorias en cargos vacantes solo con la finalidad de cobrar el incentivo».
Además, señala que «el pago del incentivo desvirtúa el régimen progresivo de la carrera administrativa y se cita jurisprudencia de la Corte Suprema que obliga al Estado Nacional al pago de los aportes y de las contribuciones por los períodos no prescriptos del incentivo».
Mientras que el dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación que redactó un subprocurador y avaló Barra evaluó «respaldó la decisión del Ministro de Justicia y sostuvo que correspondía rechazar el reclamo de la empleada pública», dijo la fuente contra las versiones que decían lo contrario.
» Al igual que en los considerandos de la Resolución, el Dictamen ponderó jurisprudencia de la Corte Suprema que da cuenta que el régimen inicial del incentivo se vio completamente desnaturalizado y que el otorgamiento de los incentivos no estaba asociado a estrategias que coadyuven a mejorar las herramientas y resultados de la gestión, ni a la puesta en funcionamiento de mecanismos de premios y castigos, relacionados con el desempeño individual», agregaron las fuentes.
El dictamen de la PGT sostuvo que «la resolución 376/2024 de Cúneo era legítima y que se encuentra encaminada al restablecimiento de la juridicidad afectada. Más aún, se sostuvo que era un deber de la autoridad proceder de tal modo, pues la gravedad de la situación detectada no admitía dilación».
«En base a la naturaleza jurídica de la Resolución y que no estaba acreditado un perjuicio concreto de la empelada pública se sostuvo que correspondía rechazar el reclamo», informó la fuente a Clarín.
Por último se destacó que el reclamo «no generaba la suspensión de la Resolución 376/24, que mantiene su legitimidad y sus efectos propios. Además, se resaltó que había un claro interés público involucrado en el caso».
De todos modos, la fuente dijo que «el jefe de los abogados del Estado mal puede renunciar por el contenido de un dictamen».
En los últimos meses, Barra había redactado una serie de dictámenes en sintonía con la estrategia judicial del gobierno.
En enero del año pasado, Barra había presentado un recurso extraordinario ante la Cámara del Trabajo contra la cautelar que suspendió el capítulo laboral del DNU del presidente Javier Milei.
Con el recurso Barra pretende llegar a la Corte para que anule el fallo del tribunal que aceptó una cautelar de la CGT y la CTA mientras estudia si el DNU es constitucional.
La Cámara puede aceptar la vía extraordinaria y pasar el recurso a la Corte o rechazarlo y forzar a Barra a presentar un recurso en queja. La Cámara suspendió ese capítulo y ahora la Corte tiene la última palabra.
Por otra parte, en un nuevo capítulo de la batalla judicial, el Gobierno presentó en octubre una contrademanda contra la UBA y pidió a la Justicia que ordene a la casa de altos estudios a rendir cuentas ante la SIGEN en forma documentada de los fondos públicos que le transfiere del Tesoro de la Nación.
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