Frente a los pronósticos de crecientes e intensas precipitaciones asociadas al fenómeno de El Niño, las comunidades indígenas huarpes «Clara Rosa Guakinchay» y «Salvador Talquenca», asentadas en el distrito de Encón, departamento 25 de Mayo, presentaron un petitorio formal ante el Departamento de Hidráulica de San Juan.
A través de sus apoderados legales, Javier Alamino Naranjo y Ariel Fernando López, las comunidades solicitaron al director general del organismo provincial, José María Ginestar, la garantía del derecho a la consulta previa, libre e informada y su inmediata incorporación al Copre (Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia).
El objetivo central es integrar a sus referentes comunitarios para aportar los conocimientos ancestrales sobre el comportamiento del entorno y la dinámica hídrica del territorio.
Inclusión territorial y omisión del tramo inferior
El petitorio, impulsado por el cacique Miguel Ceferino Bustos y la presidenta Balbina Anyelén Arenas, no agota su alcance en las entidades presentantes, sino que demanda la convocatoria a todas las comunidades del Pueblo Huarpe que habitan la zona, entre ellas Aguas Verdes, Sawa, Colchagual y Pinkanta.
Los líderes señalaron que la planificación oficial de contingencia se concentró prioritariamente en las zonas de riego superiores, como Calingasta, Iglesia, Jáchal y el Valle de Tulum. Por el contrario, el tramo inferior del río San Juan —el sector hacia el cual finalmente escurren y derraman los excedentes hídricos hacia el sistema lagunar— fue omitido del esquema preventivo difundido por la provincia, a pesar de tratarse de un cauce degradado que no conduce grandes volúmenes de agua desde hace décadas.
Fundamentos jurídicos nacionales e internacionales
La presentación fundamenta la exigencia de participación en un sólido marco normativo. En el plano constitucional, invoca el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y garantiza su participación en la gestión de los recursos naturales. En la esfera internacional, se ampara en los artículos 6 y 15 del Convenio 169 de la OIT y en el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, instrumentos que obligan al Estado a realizar consultas previas de buena fe y obtener el consentimiento informado ante medidas administrativas u obras que afecten sus territorios.
Asimismo, el pedido respalda sus garantías en los artículos 41 y 58 de la Constitución de San Juan, la Ley General del Ambiente N° 25.675 y la Ley Nacional N° 23.919, que protege al Sitio Ramsar «Lagunas de Guanacache, Desaguadero y del Bebedero».
Prevención de riesgos y recuperación del humedal
Para los puestos ubicados sobre la Ruta Nacional N° 20 y las inmediaciones de los bañados en Encón, el escurrimiento del agua posee un carácter ambivalente. Por un lado, la llegada del recurso resulta indispensable para el abastecimiento familiar, el abrevado del ganado caprino y la regeneración de un humedal histórico en proceso de desecación. Por otro lado, la falta de mantenimiento del cauce, obstaculizado por médanos y cárcavas, representa un peligro inminente de desbordes, anegamiento de viviendas y corrales, contaminación de pozos de agua y aislamiento de familias rurales sin telefonía celular ni atención médica cercana. Por ello, exigen que la política hídrica no se limite a evacuar rápidamente el agua hacia el Desaguadero, sino que ejecute obras de retención —como terraplenes, tapones y adecuación de tomas— para conservar la biodiversidad y el agua en el territorio.
Las comunidades remarcan que su asentamiento preexistente en el territorio les permite aportar un diagnóstico certero para transformar la emergencia hídrica en una oportunidad de desarrollo sustentable y protección de la vida rural.
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