Los motivos detrás del cierre de la Secretaría de Vivienda y qué pasará con los proyectos en marcha

En medio de recortes y en el marco de un proceso de reestructuración del Estado, el Gobierno disolvió la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda de la Nación. La medida, que fue publicada este martes en el Boletín Oficial a través del Decreto 70/2025, forma parte de lo que el Ejecutivo denominó a “Motosierra 2.0”.

Con esta iniciativa, el Gobierno elimina una dependencia que, en los hechos, llevaba meses inactiva y traslada parte de sus funciones a la Secretaría de Obra Pública. Cabe aclarar que previo a ser una Secretaría, durante la gestión de Alberto Fernández, funcionaba como Ministerio, hasta que fue disuelto mediante el decreto 8/2023 el 11 de diciembre de 2023, como parte de la reducción de carteras dispuesta por Javier Milei.

Desde la llegada de Milei a la presidencia, la Secretaría de Vivienda, que dependía del Ministerio de Economía, quedó en un limbo y con una existencia casi simbólica. La decisión de desmantelarla venía gestándose hace tiempo: Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, promovió su cierre, y la iniciativa no encontró resistencia ni en el ministro de Economía, Luis Caputo, ni en el propio Presidente.

El argumento detrás de la medida es que la Secretaría había sido un espacio de “mal uso de fondos y corrupción”, con programas que, según el actual Gobierno, “fomentaban el clientelismo político y la ineficiencia”.

“Para resolver el problema habitacional de nuestro país, que lleva décadas, la solución no es construir viviendas en lugares disfuncionales”, sostuvo Sturzenegger través de su cuenta de X (ex Twitter).

La mayoría de las tareas de la ahora ex Secretaría de Vivienda de la Nación se desarrollaban a través de tres fondos fiduciarios que actualmente se encuentran disueltos y/o en proceso de disolución. “Los mismos habían registrado un mal uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados. A partir de la disolución de la Secretaría, también se ratifica la decisión de que las provincias y municipios impulsen este tipo de obras, que habían sido desarrolladas de manera irregular por el Estado Nacional”, afirman en un comunicado desde el Gobierno.

“Lo importante es tener una macro ordenada y un Estado pequeño que libere recursos para que crezca el crédito privado a la vivienda. Un proceso que ya comenzó a darse en 2024″, sostuvo el ministro de Milei, y agregó: “La construcción de viviendas, en todo caso, podrá ser un resorte que elijan usar provincias o municipios, aunque, digamos todo: las provincias hace rato también lo abandonaron cuando desviaron los recursos del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) para gastos generales de administración”.

Un punto clave a analizar sobre el comunicado de Sturzenegger es el siguiente: “El cierre de la Secretaría permite importantes ahorros en personal (eran cientos de personas sin tarea real), edificios, equipamiento y servicios. Además, había un ejército oculto de contratados a través de universidades para supuestas auditorías, en algunos casos de obras muy pequeñas”. Esto llevaría a analizar que el cierre apunta más a eliminar contratos y estructura; y no a realizar cambios en una práctica que “venía abandonada desde fines de 2023″.

La eliminación de la Secretaría es total, aunque algunas funciones estratégicas, como la que manejaba Sebastián Pareja (la Subsecretaría de Integración Socio Urbana -SISU-), pasarán a la Secretaría de Obra Pública.

A su vez, un equipo transitorio se encargará de terminar de decidir sobre los programas disueltos y/o en proceso de disolución, incluyendo el Procrear (Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar ). Este último fue disuelto en noviembre de 2024 a través del decreto 1018/2024, pero que aún tiene proyectos en ejecución.

Hasta febrero, había 992 proyectos en ejecución -de entre 100 y 300 casas cada uno-, con diferentes niveles de avance: algunos superaban el 60%, mientras que otros estaban por debajo del 25%. En total, ya se habrían invertido más de US$3000 millones para la construcción de alrededor de 100.000 viviendas. Según la nueva estrategia oficial, las provincias podrán optar por adquirir los desarrollos en curso y finalizarlos con recursos propios. “El Gobierno Nacional no va a continuar ninguno”, aseguraron fuentes al tanto de la decisión.

Según un informe de viviendas oficial al que accedió LA NACION en el que se enumeran todos los proyectos del país, sus ubicaciones y sus grados de avance, tanto financiero como de construcción, son alrededor de 360 los proyectos que completaron entre un 80% y un 99% de su construcción y faltan terminar en las provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Santiago del Estero, Chubut, San Juan, Entre Ríos, Salta, Misiones, Catamarca, La Rioja, Neuquén, Tucumán, Santa Fe, San Luis, Salta, Formosa, Santa Cruz, Jujuy, Corrientes, Mendoza y La Rioja. Las provincias de Chaco, Córdoba, Misiones y Buenos Aires son las que más proyectos presentan con mayor grado de avance sin terminar.

El desmantelamiento de la Secretaría de Vivienda implica una transformación profunda en la política habitacional argentina. De ahora en más, las provincias serán las responsables de definir sus propias estrategias. “No hay cambios en la práctica, es una forma de decirle a las provincias que deben hacerse cargo”, analizan desde el sector.

Sin una secretaría nacional específica, desaparece una visión centralizada sobre el mercado de vivienda, el financiamiento y la obra pública. “El mercado de crédito hipotecario siempre necesitó un marco regulador estatal. La UVA, por ejemplo, existió porque el Estado la implementó”, señala Federico González Rouco, economista especializado en vivienda.

El cierre generó distintas reacciones dentro del sector. Héctor Lostri, quien fue secretario de Vivienda al comienzo de la gestión de Milei, respaldó la decisión: “Estoy de acuerdo con la disolución. No tenía sentido tener estas áreas abiertas, sino que tienen que estar a cargo de los gobiernos locales, más cuando en las provincias hay gente eficiente para hacerlo”.

En la norma publicada en el Boletín Oficial, se definió el pase la SISU a la Dirección Nacional de Arquitectura bajo la órbita de la Secretaría de Obra Pública del Ministerio de Economía. Sobre esto, Lostri agregó: “No tiene sentido mantener la SISU porque está muy lejos de los demás territorios. El Gobierno nacional solo debería explicarles cuáles son las condiciones mínimas de vivienda a cada gobierno provincial”.

Además, el exsecretario afirmó que cuando dejó su cargo -tres meses después de haber asumido en diciembre de 2023- y pasó a manos de Rodrigo Aybar y de Santiago Sánchez Sorondo, como subsecretario, “se decidió que cualquier Procrear que no tenía más del 25% de obra, se cerraba”.

Por su parte, González Rouco sostuvo que la medida responde a años de mala administración, pero criticó la falta de una estrategia alternativa: “La opción no puede ser solo eliminar o mantener, pero nunca mejorar. Hay que ver si esto implica algún reordenamiento, si va a haber alguien con la visión habitacional dentro de la política pública, o si, simplemente, se desentienden del tema”.

Otra de las voces que se pronunció sobre el tema fue Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, que afirmó que esto implicaría el despido de alrededor de 500 trabajadores. “Este es un Gobierno de CEO fracasados que le cuesta muy caro a la Argentina. Paralizan la ejecución de más de 100.000 viviendas en las que el Estado había invertido más de US$3000 millones. Generan un enorme déficit habitacional imposible de saldar ni siquiera en el mediano y largo plazo”, dijo.

En este marco, el secretario de ATE concluyó: “El Ministerio de Economía dice que estos cambios permitirán una mejor coordinación de las políticas económicas, pero está claro que lo único que quieren mejorar es la coordinación de los negociados que le están garantizando a un puñadito muy chiquito de empresarios”.