Los dialoguistas presionan en el Senado para avanzar en una ampliación de la Corte y salvar los pliegos de Lijo y García Mansilla

Tras la controversia desatada por el decreto de Javier Milei que designó a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia en comisión se abrió un abanico de variantes en el Senado para destrabar las negociaciones con la oposición, conseguir el apoyo del peronismo y obtener los dos tercios que se necesitan para aprobar las nominaciones de los candidatos del Gobierno.

Mientras un sector de la oposición junta firmas para avanzar con una sesión que tenga como finalidad voltear los dos pliegos, otros senadores más cercanos a la Casa Rosada buscarán insistir con la posibilidad de ir hacia una ampliación de la Corte, una salida que el propio kirchnerismo había propuesto el año pasado a Victoria Villarruel y a Guillermo Francos. De esta manera se darían los votos para aprobar en el recinto los pliegos de Lijo y García-Mansilla y atender el pedido de Cristina Kirchner para que una de las plazas sea ocupada por una mujer.

En su momento, según confiaron fuentes parlamentarias, el salteño Juan Carlos Romero, quien fue clave para que el oficialismo pueda conseguir el control de la Cámara Alta, también le había aconsejado al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, pensar en una ampliación del máximo tribunal para destrabar así la negociación con el bloque de Unión por la Patria (UxP).

Fuentes legislativas anticiparon que desde el sector dialoguista buscarán convencer a la Casa Rosada sobre la posibilidad de ir hacia una Corte Suprema de 7 miembros, con una paridad establecida de dos sillas para mujeres. No se aceptaría la opción de llevar el máximo tribunal a 9 como propone el peronismo.

De esta manera, el Gobierno podría estar enviando otra señal a UxP de que abre la negociación por la Corte, ya que en la apertura del período ordinario de sesiones Milei también manifestó su decisión de enviar el pliego del futuro Procurador General de la Nación y del Defensor del Pueblo, dos cargos que necesitan la aprobación de una mayoría especial del Senado y que el jefe del bloque de UxP, José Mayans, pidió incluir en la negociación. Incluso, el Presidente anunció que enviará los mensajes al Congreso para cubrir vacantes en el Poder Judicial.

Por ahora, el peronismo busca adhesiones para convocar a una sesión especial con el objetivo de voltear los pliegos de Lijo y García-Mansilla, quien es el único que juró como ministro de la Corte mientras el juez federal espera resolver primero su pedido de licencia antes de jurar como el quinto miembro del máximo tribunal de justicia.

En el oficialismo ya anticipan que Victoria Villarruel no facilitará la sesión especial que pueda pedir un sector de la oposición, ya que la vicepresidenta, como titular del Senado, tiene la potestad reglamentaria de fijar día y hora de la sesión. Obviamente que habrá que ver cuánto margen tiene para frenar la presión de la oposición, ya que a las intenciones declaradas del peronismo se agrega la decisión del radical Pablo Blanco de formalizar un pedido para que se traten en el recinto los pliegos de Lijo y García Mansilla. El legislador fueguino necesita cuatro firmas más para formalizar el pedido, que tiene como cuestión voltear la designación por decreto de Milei.

Lo cierto es que las tensiones en el bloque de la UCR se profundizaron tras el escándalo de la última sesión en la que un sector se negó a apoyar el pedido de conformación de una comisión que investigue el caso de la cripto $LIBRA, que fue promocionada por Milei, obtuvo un pico de rendimiento y luego se desplomó provocando importantes pérdidas. Entre los que rechazaron la iniciativa estuvo el correntino Eduardo Vischi, quien había sido uno de los impulsores de la propuesta.

Pero este antecedente tampoco le da confianza al oficialismo porque, como dijo un importante senador, «los radicales son una incógnita» y es posible que el resto de la bancada termine bloqueando la iniciativa de Blanco. Más allá de ese dato, la cuenta que hacen entre los aliados de la Casa Rosada es que el bloque UxP tiene 34 bancas, si se suman los 3 radicales que rechazan el accionar del Gobierno (Martín Lousteau, Carolina Losada y Blanco) aún estarían lejos de los dos tercios (48 votos).

Es que entre los libertarios ven poco probable que el PRO, su principal aliado en el Congreso, se vaya aliar al kirchnerismo para voltear a los jueces propuestos por Milei, pese a que Luis Juez como la mayoría de la bancada macrista había manifestado su rechazo a la nominación de Lijo.

Una situación parecida se da con la cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal), quien durante el año pasado planteó y presentó un proyecto a favor de la paridad de género en la Corte y después dejó trascender que se abstendría en la votación si el pliego del juez federal llegaba al recinto. Como las abstenciones equivalen a una ausencia a la hora de votar, eso le serviría al oficialismo para achicar la mayoría agravada que se necesita para aprobar los pliegos, ya que se trata de los dos tercios de los senadores presentes.

Además, otro dato que alienta al oficialismo es el posible apoyo de los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, quienes fueron clave para que caiga la sesión preparatoria. Al parecer, los dos senadores mantienen conversaciones con el Gobierno para avanzar en un proyecto que otorga incentivos fiscales a la producción de gas y petróleo.

Vale recordar que los senadores de Unión por la Patria Claudia Ledesma (Santiago del Estero), Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan) avalaron el dictamen a favor de Lijo y se estima que otros miembros de esa bancada están dispuestos a acompañar con el voto en el recinto. Entre los dialoguistas saben que el panorama es complejo luego del decreto que Milei firmó designándolos en comisión y los libertarios son conscientes que tienen un año legislativo para conseguir los apoyos para consagrar a los dos jueces.

Otra opción sería que el Gobierno decida retirar los mensajes con los que propuso a Lijo y a García Mansilla. Pero esa medida también debe ser avalada por el recinto, aunque con mayoría simple, la mitad más uno de los presentes. Es una salida que tiene bajas probabilidades, ya que el Ejecutivo después tendría que volver a mandar las nominaciones y el precio que terminaría pagando podría ser más alto. Esta semana descartan que pueda haber alguna novedad, salvo el pedido de sesión.