El presidente Javier Milei anunció este jueves por la noche, en cadena nacional, el envío al Congreso de un paquete de proyectos que el Gobierno considera el andamiaje institucional de su programa económico. La iniciativa incluye la modificación de la Carta Orgánica para el Banco Central (BCRA), una regla de equilibrio en las cuentas públicas permanente bautizada como “grillete fiscal” y cambios en los mercados de capitales y de seguros.
Milei aseguró que se trata del “conjunto de reformas estructurales más importante de los últimos 91 años” y sostuvo que busca dar rango legal a los principales pilares de su programa económico y dificultar que futuras administraciones los reviertan. Fuentes de Casa Rosada comentaron a LA NACION que este viernes ingresará por la Cámara de Diputados el proyecto para modificar el estatuto de la autoridad monetaria, pero no precisaron cuándo lo harán las otras iniciativas.
En su mensaje, el Presidente volvió a defender su diagnóstico de que la inflación es un fenómeno estrictamente monetario y sostuvo que el principal objetivo del paquete es eliminar de manera definitiva los mecanismos que, según su visión, permitieron financiar el gasto público mediante emisión. Afirmó que el BCRA fue históricamente utilizado para asistir al Tesoro y que las nuevas leyes apuntan a impedir que esa situación vuelva a repetirse, al tiempo que buscan consolidar el equilibrio fiscal y desarrollar un sistema financiero “más profundo” que canalice el ahorro hacia la inversión.
La principal iniciativa será la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, que reemplazará la vigente desde 2012. Según explicó Milei, el proyecto se estructura sobre cinco ejes. El primero establece que preservar el valor de la moneda volverá a ser el único objetivo de la entidad, dejando atrás las múltiples finalidades incorporadas durante el kirchnerismo: “promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”.
El segundo eje prohibirá de manera expresa cualquier forma de financiamiento monetario al sector público. La restricción alcanzará al Tesoro nacional, las provincias y los municipios e impedirá que el BCRA compre títulos públicos directamente en el mercado primario, eliminando así la posibilidad de asistir al Estado mediante emisión.
Otro de los cambios previstos apunta a reforzar la independencia de la autoridad monetaria. El Gobierno mantendrá el mecanismo actual para la designación del presidente y del directorio del BCRA, pero endurecerá significativamente las condiciones para su remoción. En lugar de requerir únicamente la aprobación del Senado, como ocurre actualmente, será necesario el voto favorable de dos tercios tanto de la Cámara de Diputados como del Senado.
El cuarto eje modifica el tratamiento contable de los resultados de la entidad. Según explicó Milei, las ganancias derivadas de la valuación de determinados activos pasarán a integrar una “reserva técnica no distribuible”, mientras que los beneficios generados por la administración de la cartera solo podrán transferirse al Tesoro para cancelar deuda pública.
Por último, la iniciativa eliminará las denominadas Letras Intransferibles (LI), un instrumento utilizado durante años para registrar contablemente la asistencia del BCRA al Tesoro, y derogará diversos cambios incorporados en la reforma de 2012.
La reforma también podría tener implicancias sobre la situación institucional del actual presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Según pudo saber LA NACION, en el Gobierno evalúan impulsar el tratamiento de su pliego en el Senado una vez aprobada la nueva Carta Orgánica, de manera que su designación definitiva quede encuadrada bajo las nuevas reglas previstas para la conducción de la entidad. Actualmente, el expediente permanece en la Comisión de Acuerdos.
Bausili preside el Banco Central en comisión desde el 11 de diciembre de 2023 y, de acuerdo con la normativa vigente, necesita el acuerdo del Senado para formalizar su designación. Antes de asumir en la entidad, fue socio del ministro de Economía, Luis Caputo, en la consultora Anker, donde también se desempeñó el actual director del BCRA, Martín Vauthier.
“Grillete fiscal”
El segundo proyecto es el denominado “grillete fiscal”, una regla permanente que impedirá aprobar o sostener presupuestos deficitarios. La iniciativa contemplará un mecanismo automático de corrección en caso de que las cuentas públicas permanezcan en rojo durante “varios meses consecutivos”.
Según explicó Milei, si el Congreso no restablece el equilibrio fiscal dentro del plazo previsto, “algunas semanas”, se activará automáticamente un esquema similar al shutdown que existe en Estados Unidos. En ese escenario se paralizarán las actividades no esenciales del Estado, se congelarán nuevas erogaciones, no podrán incorporarse empleados públicos ni adjudicarse nuevos contratos y quedarán suspendidas las transferencias discrecionales a las provincias.
El proyecto también incorpora un incentivo político inédito: mientras permanezca vigente ese régimen excepcional, el presidente, el vicepresidente, los ministros, secretarios, subsecretarios, diputados y senadores dejarán de percibir sus salarios.
En cambio, las prestaciones consideradas esenciales —como jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, seguro de desempleo, salud, seguridad y defensa— quedarán expresamente protegidas. Milei anticipó además que invitará a las provincias a adherir al mismo esquema.
El tercer eje del paquete que se presentará en el Congreso apuntará a reformar el mercado de capitales con el objetivo de canalizar el ahorro privado hacia el financiamiento de empresas e inversiones productivas. La iniciativa contempla modificaciones a distintas leyes para reducir regulaciones, disminuir la intervención del Estado y ampliar los instrumentos disponibles para empresas e inversores.
Entre las principales medidas figurará la posibilidad de emitir obligaciones negociables en moneda extranjera, unidades de valor u otras unidades de cuenta, una alternativa que actualmente presenta fuertes limitaciones regulatorias. También se propone flexibilizar el régimen de financiamiento colectivo (crowdfunding), eliminando requisitos que, según el Gobierno, dificultaron su desarrollo durante los últimos años.
Finalmente, el Ejecutivo enviará una reforma integral del mercado de seguros. El proyecto, según explicó el Presidente, eliminará el sistema de autorización previa para nuevos productos y lo reemplazará por un régimen en el que las compañías podrán diseñar libremente sus coberturas, mientras que el regulador, la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), concentrará su tarea en controlar la solvencia de las aseguradoras y proteger a los asegurados frente a eventuales incumplimientos o fraudes.
De acuerdo con lo expresado por Milei, el objetivo es fomentar la competencia, acelerar la innovación y reducir los costos de las pólizas. El Presidente sostuvo que las cuatro iniciativas forman parte de una misma secuencia económica: mientras el “grillete fiscal” busca impedir que el Estado vuelva a incurrir en déficits persistentes y la nueva Carta Orgánica pretende eliminar definitivamente el financiamiento monetario del Tesoro, las reformas de los mercados de capitales y de seguros apuntan a canalizar el ahorro hacia la inversión, profundizar el crédito y fortalecer el desarrollo del sistema financiero.
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