El «Súper RIGI» fue presentado por el oficialismo como una versión superadora del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), al incluir a nuevos sectores como potenciales beneficiarios y mayores incentivos para atraer fondos privados productivos. En este marco, especialistas debaten si los excesivos beneficios del programa pueden configurar una economía con problemas en materia de divisas, de recaudación y de proveedores locales, y su potencial impacto en la profundización de inequidades entre distintas actividades y el poder de lobby de ciertas compañías.
Un informe de Fundar señaló cinco críticas puntuales a esta versión 2.0 del régimen. En primer lugar, marcó que «mantiene la contradicción original», ya que «el Gobierno, que reivindica el libre mercado, adopta como política emblema la selección estatal de ‘ganadores’”.
Vale recordar que el RIGI ya ha había elegido a ocho rubros, pero, en la práctica, el 90% de la inversión se concentró en hidrocarburos (50%) y minería (40%). Con la ampliación, el oficialismo pretende incluir a las firmas dedicadas a la Inteligencia Artificial (IA), la fabricación de semiconductores, baterías de litio, a la industria aeroespacial y a la infraestructura digital.
En segundo lugar, agregó Fundar, «las concesiones tributarias son incluso más extraordinarias» que en el proyecto original de 2024. En concepto del Impuesto a las Ganancias, las empresas que adhieran tendrán una rebaja al 15%, cuando en el RIGI era del 25%. En paralelo, el Poder Ejecutivo incluyó en esta ocasión una reducción en las contribuciones patronales al 10%, beneficio que antes no existía.
Asimismo, en materia de comercio exterior habrá liberalización total de retenciones y aranceles a las importaciones. En el RIGI los Derechos de Exportación recién se eliminaban al tercer año, mientras que la exención de recargos a las compras externas solo aplicaba para bienes de capital y sus partes.
Por otra parte, el trabajo citado expuso que a las concesiones tributarias se le suman, ahora, las cambiarias. Esto hace referencia, por un lado, a la eliminación progresiva de la obligación de liquidar divisas; durante el primer año las empresas tendrán un 20% de libre disponibilidad, el cual pasará a ser del 40% el segundo y del 100% a partir del tercero (en el RIGI se llegaba al 100% en el cuarto año). Adicionalmente, los ingresos por colocaciones de deuda ya no deberán liquidarse en el mercado de cambios.
En cuanto a los incentivos para generar encadenamientos productivos en el país, las exigencias, que ya eran pocas, también fueron recortadas, ya que se eliminó el compromiso mínimo del 20% de contratación local en bienes y obras. «Solo pide informar la «integración local». Peor aún: el artículo 55 prohíbe al Estado obligar al inversor a comprar insumos nacionales cuando haya una alternativa importada más barata. El Estado se ata las manos para generar encadenamientos, incluso mientras otorga beneficios extraordinarios», cuestionó Fundar.
Por último, el informe de la organización dedicada al estudio, investigación y diseño de políticas públicas para el desarrollo, alertó sobre las puertas al lobby que este proyecto abre a futuro. «La clientela de beneficiarios de este régimen de emergencia tendrá en el futuro fuertes incentivos para hacer lobby con el objetivo de extender y ampliar el régimen, aún en condiciones de mayor normalización de la economía argentina. Existe también el riesgo de que el Súper RIGI induzca al sector privado a demorar inversiones que haría de todas formas, condicionándolas a su inclusión en el régimen», profundizó.
Y resumió: «Con todas las concesiones tributarias y cambiarias, la recaudación efectiva puede ser mínima y los dólares generados pueden no ingresar al mercado local. El resultado posible es una inversión que no deje impuestos, no aporte divisas y tampoco genere proveedores. Porque este paquete de beneficios se entrega sin contrapartidas productivas de ningún tipo».
La visión del IERAL: impacto neutro en divisas y recaudación, pero alertas en materia de lobby y distorsiones en la economía
También fue crítico con el Súper RIGI un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de Fundación Mediterránea, cuyos trabajos suelen tener una visión bastante liberal de la economía. Pero, aquí, el foco del cuestionamiento fue que esta iniciativa parecería estar abandonando su carácter de excepcional con el que fue concebido en un principio. «Por su propio diseño, no tiene capacidad para transformar el patrón de inversión prevaleciente en las últimas décadas. Su funcionalidad se centra en promover y hacer viables proyectos en determinados nichos», detalló.
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En ese sentido, el IERAL expresó que «hay que asumir como punto de partida que ningún régimen especial sustituye una mejora general e integral de las instituciones que condicionan el proceso de inversión como condición para alcanzar niveles que le den sustento a un proceso continuo de crecimiento», expresó el IERAL, en referencia a la importancia de las reformas estructurales como promotoras sustentables de la inversión a largo plazo.
De todos modos, a diferencia de lo defendido por Fundar, este instituto no ve problemas en materia de divisas y recaudación, ya que las exenciones del Súper RIGI permiten que se adelanten inversiones que, de otra manera, no se ejecutarían. En cuanto al impacto sobre el dólar, el riesgo que avizoran es el de una excesiva apreciación cambiaria, que aumentaría «la presión sobre sectores más mano de obra intensivos concentrados en los grandes aglomerados urbanos».
Dónde sí hubo consenso con Fundar fue en la cuestión del lobby, ya que, al aumentar los costos administrativos, «mayores son los riesgos de desvíos y discrecionalidades».
«No es una buena opción agregar nuevas capas de excepciones que profundizan las inequidades horizontales y la complejidad administrativa. Buena parte de los objetivos que se espera alcanzar con el Súper RIGI se podrían lograr sin establecer una nueva normativa de excepción», concluyó el instituto de la Fundación Mediterránea.
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Propuestas alternativas al Súper RIGI
En pocas palabras, lo que propone este trabajo es, en todo caso, mejorar el diseño del RIGI que ya existía, pero dedicarle un particular esfuerzo al avance de las reformas estructurales. Con una mirada algo distinta, Fundar propuso una alternativa que contemple:
- Atar cada beneficio a objetivos verificables, como integración local, inversión en I+D, o metas de exportación.
- Plan de desarrollo de proveedores obligatorio. «La preferencia inicial compensa la desventaja de escala y experiencia de los proveedores locales, y se reduce a medida que estos ganan competitividad. Es la práctica estándar en países con políticas exitosas de este tipo», justificaron.
- Reemplazar la estabilidad incondicional de 30 años por un esquema con revisiones periódicas vinculadas a metas.
- Restablecer el agotamiento de vías judiciales locales como paso previo al arbitraje internacional.
- Cesión de capacidad de cómputo a universidades, organismos científicos y startups nacionales.
- Requisitos de sustentabilidad ambiental.
- Transparencia en el acceso a la información de los proyectos.
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