La mitad de las causas por presuntos hechos de corrupción que permanecen en el juzgado federal 4, que encabeza Ariel Lijo, acumulan allí una década. Entre los expedientes más inquietantes para ciertos sectores de la política se encuentran desde la denuncia por la expropiación de YPF, la investigación sobre el Correo Argentino bajo la dirección de la familia Macri, una causa por malversación de fondos contra Amado Boudou, como también la denuncia por presuntas irregularidades en la obra social del Poder Judicial (Ospjn), entre otras.
Lijo no está dispuesto a renunciar a su despacho. Un lugar desde el que, sin lugar a dudas, supo construir mucho poder a lo largo de más de dos décadas. El juzgado 4 de Comodoro Py ha sido, según advierten desde diversos sectores políticos, su principal herramienta de negociación, y la que le permitió hasta ahora reunir más apoyos en el Senado que los que cosechó Manuel García Mansilla, el otro candidato del Gobierno que juró en comisión como miembro de la Corte Suprema de Justicia.
Desde que el presidente Javier Milei firmó el decreto 137/2025 que lo designó en el máximo tribunal, el magistrado federal mantuvo la misma tesitura: no renunciará para asumir como en comisión por el plazo de un año. La única alternativa posible para que dimita a su cargo en la Justicia federal es que el Senado apruebe su pliego.
La suerte de Lijo para integrar el máximo tribunal está en manos del kirchnerismo. Pero el debate que se dará en el campo de la política está también cruzado por otro aspecto vinculado al despacho ubicado en el tercer piso de Comodoro Py: los expedientes sensibles que tiene bajo su poder el magistrado.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) realizó un relevamiento de la cantidad de expedientes tramitados en ese despacho. Los detalles de ese documento a los que accedió Clarín, muestran que, según la base de datos del Centro de Información Judicial (CIJ) actualizados a abril de 2024, en el juzgado del magistrado hay 13 causas en instrucción desde hace más de una década.
Por lo menos tres de esos expedientes acumulan 17, 18 y 26 años respectivamente. Por ejemplo, la causa 2645/1998 tiene como imputado al fallecido ex presidente Carlos Menem por presunta defraudación al Estado. Ingresó al juzgado el 17 de marzo de 1998. Otro caso concreto es la causa sobre el sindicalista Miguel Ángel Paniagua, abierta en el juzgado de Lijo en 2009 por el presunto delito de defraudación. Se trata de la causa 14835/2009.
En números: durante las dos décadas que lleva frente al juzgado federal 4, pasaron por sus manos 89 causas por presuntos hechos de corrupción. La ACIJ determinó que casi un tercio de estos expedientes, 26 en total, se encuentra aún en etapa de instrucción. Y la mitad acumula una década en ese estado, es decir, la primera instancia de investigación.
Justamente desde el ARI-CC, la fuerza política que lidera Elisa Carrió y una de las que se opuso con mayor firmeza a la candidatura del juez para sumarse al máximo tribunal, denunciaron el retraso constante en los expedientes del juzgado. Sostuvieron en más de una ocasión que esa “retención” de muchos expedientes es una forma de generar poder.
Entre los casos que acumulan años, hay algunos muy sensibles que la dirigencia política mira con particular atención. Por ejemplo, el Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Sociales y Penales (Inecip) realizó un detalle de algunos casos resonantes. Entre los que menor actividad han tenido, se encuentra la causa sobre el Correo Argentino, la compañía manejada por la familia Macri.
La causa lleva ocho años y en septiembre de 2019 Lijo ordenó la realización de un «informe técnico contable» vinculado al caso en la que se investigan supuestas irregularidades en el acuerdo de pago de deudas de la empresa Correo Argentino al Estado nacional, en el marco del concurso de acreedores de la firma, informaron fuentes judiciales. La pericia retrasa aún más la decisión sobre la situación procesal de los investigados. Entre ellos se encuentra el exministro de Comunicaciones y de Defensa Oscar Aguad, como también directivos de la firma propiedad de la familia Macri. El ex presidente nunca estuvo bajo investigación en este caso, pero siempre le despertó preocupación que el caso pudiera alcanzar a sus hijos, que integraban en su momento el directorio de la compañía.
El kirchnerismo, por su lado, presta especial atención a otro caso: la denuncia de Carrió por el vaciamiento y la venta de YPF-Repsol. Las demoras en esta investigación fueron advertidas por el Consejo de la Magistratura. En aquella auditoría de 2016, el caso acumulaba una década abierta y a la fecha son 19 años que está en etapa de instrucción y sin mayores movimientos.
Si bien fue quien elevó a juicio oral el Caso Ciccone que derivó en la primera condena por corrupción, ya confirmada por la Corte, contra Amado Boudou, aún hace más de diez años permanece abierta en el juzgado una investigación por malversación de fondos contra el ex vicepresidente. Y aún permanece en igual estado la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el ex vice que lo condujo a prisión en 2017.
Las presuntas irregularidades denunciadas en el funcionamiento de la obra social del Poder Judicial (Ospjn) también está en el despacho de Comodoro Py. Se apuntaba en las sospechas planteadas en la apertura del expediente contra el ex ministro de la Corte Juan Carlos Maqueda. En el juzgado federal 4 se encuentra la causa central, pero una derivación de la misma quedó radicada en el despacho 12 que pertenecía a Sergio Torres. Desde 2021 es Lijo quien subroga ese despacho.
Es en ese mismo juzgado estaba radicada también una causa contra la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal por presunto enriquecimiento ilícito en la compra de su departamento. Sin embargo, Vidal fue sobreseída el viernes y la causa quedó cerrada de manera definitiva luego de que el fiscal federal Ramiro González decidiera no apelar la resolución dictada en diciembre pasado por el propio Lijo.
En el informe confeccionado por la ACIJ se consignó que dentro del universo de causas acumuladas en el juzgado federal 4 “sobresale una causa por administración infiel que lleva más de 25 años en su juzgado y tiene como procesado a Edmundo Ruckauf, (ex jefe de Obra Social para el personal del Ministerio de Economía y primo del exgobernador bonaerense, Carlos Ruckauf) y a otras 11 personas como imputadas”.
Hay otro dato sobresaliente en los números a los que accedió Clarín: Lijo es de los jueces que menos causas elevó a juicio oral y público, donde el proceso penal concluye ya sea con una absolución o condena. Según la última auditoría oficializada por el Consejo de la Magistratura, el juzgado federal 4 “fue de los que menos casos elevó a juicio oral (15,7% del total)” .
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