la pelea entre la Ciudad y Patricia Bullrich por los presos se recalienta con un duro cruce de cartas

El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, fue el elegido por Jorge Macri para responder la dura carta enviada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a su par porteño, Waldo Wolff, en medio de la disputa por el traslado de detenidos de la Justicia nacional de las comisarias porteñas a las cárceles federales.

De acuerdo a un comunicado difundido por Justicia porteña, Tapia explicó en la carta que para que la Ciudad asuma la competencia de alojar detenidos de la Justicia nacional es necesario un acuerdo con el Estado Nacional que incluya la transferencia de recursos y la creación de un Servicio Penitenciario local con la infraestructura y el personal adecuados.

“Hasta que eso ocurra, la responsabilidad exclusiva recae en el Estado Nacional a través del Ministerio de Seguridad y del Servicio Penitenciario Federal”, remarcó.

Además, expresó que “la Ciudad ha mostrado su mejor predisposición para trabajar en conjunto y solucionar un problema que fue heredado de gestiones anteriores”. “Sin embargo, una solución efectiva no puede partir de la base de una concepción completamente equivocada de las obligaciones legales a cargo de cada uno de nuestros gobiernos, como es la que plantea la Ministro Bullrich en su nota”, agregó.

El ministro de Justicia porteño expresó a su vez que todas las decisiones adoptadas en el proceso de referencia fueron “sistemáticamente incumplidas por el Ministerio de Seguridad de la Nación”

En su texto, coincidió con Bullrich en que es el Ministerio de Seguridad de la Nación el que tiene a su cargo el resguardo de la seguridad pública nacional, siendo el Servicio Penitenciario Federal el responsable de la guarda y el cuidado de los detenidos, y aclaró que todavía las competencias a cargo del Servicio Penitenciario Federal no han sido transferidas a la Ciudad.

Recalcó, en tanto, que no es función de la Policía de la Ciudad el alojamiento permanente de detenidos que se encuentren a disposición de la Justicia nacional con competencia penal.

En ese sentido, recordó una resolución dictada el 25 de noviembre de 2024 ante el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°3, se intimó al Servicio Penitenciario Federal a dar cumplimiento con la sentencia del 6 de julio de 2020, y en consecuencia, a dar ingreso a la totalidad de los condenados, tengan o no condena firme, como así también fijar un cronograma para el traslado de todas las personas que se encuentren detenidas en comisarías y alcaidías de la Ciudad, con un mínimo de 130 o 140 cupos por semana.

En la misma línea, subrayó que “es claramente falaz” la afirmación de Bullrich respecto que tiene la obligación legal de recibir en el Sistema Penitenciario Federal a solo 60/70 detenidos por semana, ya que la obligación legal del Servicio Penitenciario Federal, y por ende del Ministerio de Seguridad de la Nación, es recibir a todos los detenidos que se encuentren alojados en comisarías y alcaidías de la Ciudad.

También indicó que son múltiples las disposiciones legales y constitucionales que prohíben como regla el alojamiento de detenidos en comisarías y alcaidías. En ese sentido, destacó la resolución del 29 de octubre del año pasado, cuando la Cámara Federal de Casación Penal exhortó a los jueces federales de todo el país a adoptar las medidas necesarias e inmediatas para que las personas detenidas sean alojadas en establecimientos adecuados del Servicio Penitenciario Federal, evitando su alojamiento en dependencias policiales.

Tapia calificó de “maliciosa la supuesta predisposición alegada por el Ministerio de Seguridad de la Nación a instalar regímenes modulares en predios nacionales, como también la supuesta extensión de plazas a las que hace referencia en la nota”, porque, aclaró, apenas se iniciaron las correspondientes reuniones técnicas, fue ese mismo ministerio el que decidió dar marcha atrás con ambas cuestiones.

En cuanto al nuevo complejo ubicado en Marcos Paz, expresó que se han retomado las obras, que dicha unidad carcelaria tiene por objetivo la desocupación del penal de Devoto, y que esto “no diluye la obligación de trasladar los detenidos en comisarías y alcaidías de la Ciudad al Servicio Penitenciario Federal”.

También calificó de “absolutamente falsa” la afirmación de Bullrich de que en el sistema penitenciario federal argentino se está pagando por 6 mil detenidos de la Ciudad, porque es la Nación la que, ante el incumplimiento de su traslado al Servicio Penitenciario Federal, debería estar pagando el costo de los detenidos que se encuentran alojados en comisarías y alcaidías de la Ciudad.

Explicó que más del 90% de las personas detenidas en comisarías y alcaidías de la Ciudad se encuentran a disposición de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional con asiento en la Ciudad y que para que la Ciudad asuma dicha competencia debe existir acuerdo con el Estado Nacional y la consecuente transferencia de partidas.

Gabino Tapia también expresó que “tanto los magistrados de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional con asiento en la Ciudad sean jueces nacionales, como el mismo nombre de dicho fuero lo indica, los detenidos a su disposición deben ser automáticamente alojados en dependencias del Servicio Penitenciario Federal”.

Manifestó que eso es una obligación legal que está siendo “sistemáticamente violada” por el ministerio de Seguridad de la Nación , y que es directa consecuencia de lo establecido en la ley 20.416 del Servicio Penitenciario Federal.

Además, esgrimieron números. El 20 de marzo de 2020, indicaron, la Ciudad tenía 61 detenidos en las alcaidías y ninguno en las comisarías. “Hoy hay 2.450, lo que representa un aumento del 4.000% en la cantidad de presos alojados en dependencias locales”, añadieron.

“Con la nueva gestión nacional, lejos de resolverse, el problema se agravó. El gobierno de Alberto Fernández dejó un total de 1.796 presos en la Ciudad. Hoy ese número es de 2.468, y sigue en aumento. Además, en marzo del 2020, la Ciudad contaba con 183 plazas para detenidos, en ningún caso con tiempo de permanencia superior a las 48 horas. Hoy hay casi 1.300 plazas”, describió Tapia.