El presidente, Javier Milei, ha probado ser mucho más pragmático de lo que su inflamable discurso a simple vista transmite. Siempre dejó en claro que el posicionamiento internacional de la Argentina iba a ser con Estados Unidos e Israel, pero luego también se ocupó de dispensarle elogios a China, socio comercial clave de la Argentina. “A veces uno también tiene que aprender”, respondió Milei al editor jefe de Bloomberg News, John Micklethwait, cuando le preguntó en Davos sobre su giro discursivo frente a China. “¿Usted no aprende todos los días? Bueno, yo, si no aprendo, perjudico a los argentinos. Así que tengo una presión extra para aprender rápido”, dijo. Pero la licitación de la Hidrovía, la vía navegable por la cual circula cerca del 80% del comercio exterior del país, podría poner en jaque este delicado equilibrio que el Presidente intenta construir.
Las quejas chinas por haber quedado fuera de la compulsa, que debiera definirse el miércoles de la semana que viene, amenazan con escalar, si es que ya no lo hicieron. En un intento de congraciarse con Estados Unidos, se anticipó en esta columna que la Argentina había establecido en el artículo 16 de los pliegos de licitación de la Hidrovía, que ninguna empresa que sea controlada directa o indirectamente por un Estado soberano podría participar. El impedimento pareciera haber apuntado casi exclusivamente a China Communications Construction Group Co. (CCCC), la empresa de dragado más grande del mundo. El embajador chino, Wang Wei, le hizo llegar su malestar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en un encuentro a fines de noviembre y habría insistido a comienzos de enero con el secretario de Finanzas y mano derecha de Luis Caputo, Pablo Quirno.
Sin éxito, esta semana, directamente la empresa decidió presentar una demanda con medida cautelar por discriminación legal en la Justicia, que cayó en manos del juez en lo Contencioso Administrativo Enrique Lavié Pico. El mismo juez ya había rechazado el mes pasado una demanda de la empresa belga, DEME, que cuestionó el proceso licitatiorio por estar supuestamente direccionado hacia su competidora y actual operadora de la hidrovía, la también belga Jan de Nul. La empresa DEME decidió en las últimas horas no apelar la cautelar, aunque se reserva el derecho de iniciar acciones judiciales pidiendo la nulidad de la licitación.
“El problema con China es que toda negociación es una negociación política”, admite una fuente de Cancillería que vino siguiendo de cerca el vínculo con el gigante asiático. “Cuando negocian, ponen todos los temas sobre la mesa”. Y el gobierno de Milei tiene abiertos varios temas no menores con China, justo en un momento de gran sensibilidad política internacional. Por un lado, sigue pendiente la reactivación (o no) de las dos represas que se estaban construyendo en Santa Cruz. Por el otro, la visita del embajador chino a Quirno podría dar pistas sobre otro tema que nunca sale de la agenda bilateral: el swap (préstamo) que el Banco de China tiene con el Banco Central (BCRA) por unos US$5000 millones. En junio pasado, el Gobierno de Milei logró refinanciar el préstamo por 12 meses, con lo cual ya a mediados de este año la Argentina deberá empezar a cancelar parte del capital. Una tarea nunca agradable para un país que cuenta sus dólares con esfuerzo.
La puja por la hidrovía, no obstante, entró en tiempo de descuento. El miércoles próximo vence el plazo para la presentación de ofertas. En el sector descontaban que habrá propuestas de Jan de Nul, de la holandesa Vaan Ord, y no se descarta que, pese a las objeciones, también presente alguna oferta DEME Group. Es, al final de cuentas, un negocio que podría alcanzar los US$400 millones en 10 años. El Gobierno se comprometió a declarar desierta la licitación si no hay al menos tres ofertas. En el sector, no obstante, temen que, de demorarse el proceso licitatorio, el negocio forme parte de una eventual negociación electoral entre La Libertad Avanza y el Pro. Uno de los más duros críticos del proceso es, de hecho, el exministro de Transporte macrista Guillermo Dietrich. “Una pena que hayamos perdido la oportunidad de hacer una licitación competitiva y bajar el costo para el campo”, puso en su cuenta de X esta semana Dietrich, quien en su gestión tampoco logró llevar adelante la licitación. El expresidente Mauricio Macri viene mostrando tanto interés (o más) en la hidrovía que el que muestra por participar en las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires.
La de la hidrovía sería la primera gran licitación de la gestión Milei, pero no la única en gateras. El mercado las mira de cerca: mucho de lo bueno del menemismo, hoy reivindicado por el oficialismo, quedó opacado en su momento por los desmanejos de las privatizaciones.
El gobierno de Milei tendría previsto salir en los próximos días con los decretos que habilitarán las licitaciones, concesiones o privatizaciones de Aysa, de Intercargo y del Belgrano Cargas. Esta última es, tal vez, la más compleja. Las compañías ya estarían terminando de presentar sus informes, consustanciados con el detalle del estado de situación de cada una. En el caso del Belgrano, confiaron, la idea sería luego apuntar hacia un modelo desverticalizado, esto es, que una sola sociedad no pueda operar en los tres negocios: el tendido de la infraestructura de vías, el mantenimiento y la operación. Entre los interesados, se cuentan Techint, el exsenador Roberto Urquía, Emepa, y el Grupo Roggio. También hay empresarios, como el caso del ex ministro menemista José Luis Manzano, que se acercaron para conocer cómo será el negocio. Dueño de la mina de Potasio Río Colorado, en Mendoza, el empresario -que también se acercó al gobierno interesado en incrementar su participación en Metrogas- depende del tren para movilizar su futura producción.
Desde el Gobierno dejaron trascender que Milei podría viajar a China a mediados de año, pero hasta ahora no han habido movimientos al respecto ni confirmaciones. El Presidente sí planea volver a Estados Unidos a fin de mes, y podría llegar a volver a viajar en mayo, si es que acepta asistir a la gala de la fundación política Atlantic Council, una de las más prestigiosas de Washington, que esperaba premiarlo con el “Distinguished Leadership Award”, un premio que en el pasado han recibido personajes como el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, o el exCanciller y Consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos Henry Kissinger.
Más allá de los premios que pueda seguir cosechando en el exterior, en un año electoral, el principal partido del gobierno sigue jugándose en el país. En Economía lo saben. Mientras avanzan las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), no ahorran esfuerzos por desacelerar aún más la inflación, aunque más no sean del tipo heterodoxo tan criticado en los manuales libertarios. Esta semana, en un intento por contener los aumentos de las prepagas, hubo reuniones en la Superintendencia de Salud con todas las grandes compañías: Swiss Medical, Omint, Medife, Medicus, Sancor, Osde y Omint, además del Hospital Austral y de los hospitales de comunidad, como el Italiano, el Británico y el Alemán. El timing no es fortuito: estamos a días de que se conozca el IPC de enero, que es cuando las compañías de medicina privada calculan el costo de sus planes. “El Gobierno espera que con el fin de la triangulación de los aportes a obras sociales que solo actuaban como sellos de goma, ahora las prepagas bajen sus precios”, deslizaron.
En la misma línea es que también se decidió retrotraer los aumentos en las boletas de electricidad para los segmentos medios y bajos, que según se había publicado, se habían pautado en más del 12% mensual. La idea ahora es que los servicios acompañen, al menos hasta las elecciones, la evolución de la inflación. Las encuestas –que el Gobierno dice no mirar– advierten sobre el peso de las tarifas en el electorado. Según un sondeo de esta semana de Casa Tres, la consultora que dirige Mora Jozami, el 44% de los encuestados prefiere mantener el valor de las tarifas actuales aceptando la posibilidad de cortes. Pero, además, el Gobierno ya no parece tan libre de responsabilidad en lo que hace al servicio: 34% lo responsabiliza por los cortes de suministro, mientras que el 38% les adjudica la responsabilidad a las empresas, y el 23%, al kirchnerismo. El principio del fin de la luna de miel.
El Gobierno también sigue de cerca el reclamo por el incremento del “costo argentino”. Sin intenciones de devaluar, sabe que no tiene más margen que apuntalar la competitividad vía otras reformas. En una reunión con las asociaciones bancarias, el BCRA les pidió a las entidades financieras que elaboren un mapa del peso de los impuestos provinciales y de las tasas municipales. El documento ya está casi listo. Los bancos esperan que el BCRA emule lo que se hizo con el IVA en los tickets de compra, y los habilite a discriminar en los productos que ofrecen a sus clientes el peso de los impuestos. El debate, no obstante, es si publicar el documento o no. No vaya a ser que no se avance con ninguna medida y simplemente sirva para avivar a gobernadores o intendentes que cobran menos que el resto. En un año electoral, ya nadie habla de ajustar.
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