La jueza que liberó a los acusados por la marcha de los jubilados dijo que fue por «una ponderación de derechos»
La jueza de la Ciudad de Buenos Aires, Karina Andrade, habló tras la liberación de las 114 personas detenidas durante los incidentes ocurridos en la marcha de los jubilados de este miércoles.
Según explicó diálogo con María O’Donnell en Urbana Play, la decisión se basó en la «priorización de derechos«, al considerar que no se habían cumplido los requisitos básicos de información al juez sobre las detenciones.»Estas detenciones no estaban siendo informadas en un control básico de detención. No se cumplían los requisitos básicos de información al juez», señaló Andrade en su fundamentación. Además, destacó que los informes sobre los arrestos carecían de datos esenciales y que no se garantizó un «control judicial efectivo». «Las detenciones estaban siendo informadas sin los datos básicos. No había un control judicial efectivo. No me fue traído ningún contexto delictivo», agregó.
Pese a la liberación de los detenidos, Andrade aseguró que la causa seguirá su curso y que su decisión no interfiere con el avance de la investigación. «Soy la jueza de la causa. La investigación puede seguir. La sentencia dejó en claro cuál es el ABC del control de la detención de una persona en este país», afirmó.
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Andrade reiteró que la medida adoptada no impide que se continúe con las pesquisas sobre los incidentes registrados durante la protesta. «Esto nada tiene que ver con que después la investigación siga. Fue una ponderación de derechos«, concluyó la magistrada.
La jueza también explicó que en ese momento debió determinar cuáles eran las personas que necesitaban una respuesta rápida y qué derechos debían preservarse. «En ese momento tuve que advertir cuáles eran las personas que necesitaban una respuesta rápida y cuáles eran los derechos que había que preservar», detalló. Asimismo, enfatizó que «cualquier persona que tiene un pedido de captura no obtiene la libertad«.
Sobre el proceso de detenciones, señaló que hasta las 22 horas solo tenía registro de 14 personas detenidas y que no había recibido actas en ese momento. «Era una situación donde no tenía ninguna noticia de que se estaba llevando a cabo una investigación. Hasta las 10 de la noche tenía 14 personas detenidas», afirmó, agregando que «no recibí ningún acta en el momento«.
En relación con el derecho a la protesta y la acción judicial, Andrade subrayó la importancia de garantizar tanto la libre manifestación como la detención de quienes cometan delitos. «Debe estar garantizado que se pueda manifestar libremente y que la persona que cometa un delito sea detenida», sostuvo.
Finalmente, indicó que en su momento no había sido informada adecuadamente y que la determinación de antecedentes corresponde a la Fiscalía. «No estaba informada. Lo único que importaba era si tenía un pedido de captura. Si tenían antecedentes forma parte de la investigación. Eso lo va a tener que traer la Fiscalía».
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Para liberar a los detenidos en el marco de la protesta de los jubilados de este miércoles, la magistrada tomó en cuenta la información proporcionada por la Defensoría Pública y consideró que las detenciones “afectan derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a la protesta, la manifestación en democracia y la libertad de expresión”.
«En un contexto como el actual, donde sectores vulnerables de la sociedad, como los adultos mayores, se encuentran involucrados, el Poder Judicial debe atender estos derechos de manera especial«, fundamentó en su decisión. «Sin perjuicio de no emitir opinión respecto de la aplicación del derecho de fondo, o a la investigación que podrá continuar la fiscalía, la complejidad de derechos en juego para informar y determinar la existencia de una conducta penal impide la aplicación del trámite de flagrancia«, añadió.
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Asimismo, ordenó «la inmediata soltura de los detenidos«, debido a que se preveía una extensa demora en las liberaciones, dado que la unidad de flagrancia tenía la intención de llevar a cabo un operativo de salud con médico legista para cada uno de los aprehendidos.
Este dictamen difiere de las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien había asegurado en una entrevista televisiva que «los más de cien detenidos enfrentan penas de hasta 20 años de prisión» gracias a la «nueva ley antimafia» promulgada hace cuatro días luego de su aprobación en el Congreso.
NG/fl
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