La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) denunció la implementación de un esquema de cobro al tránsito pesado en el partido de Ramallo, al que calificó como un “peaje municipal encubierto” y una “aduana interior inconstitucional”.
Según la entidad, a través de la licitación pública N°3/25, el municipio bonaerense concesionó e instaló pórticos tecnológicos para cobrar tarifas hasta los $37.000 por pesaje dinámico. A ese monto se añaden $25.000 adicionales, en caso de que el vehículo ingrese a predios de la zona. En total, el costo por unidad puede alcanzar los $62.000.
“Su valor es desmedido y no guarda ningún tipo de relación con los costos de conservación del tramo vial, generando un costo por kilómetro desproporcionado que supera ampliamente las tarifas de los principales corredores viales y puentes interjurisdiccionales del país”, advirtió el comunicado de la CAC.
El foco del reclamo está en el Acceso Sánchez (ex ruta provincial 87), una vía de 5,1 kilómetros de extensión que une la ruta nacional 9 con el parque industrial local y el Puerto de San Nicolás.
“Al no existir rutas o caminos alternativos de ingreso ni egreso para el tránsito pesado, la medida opera en la práctica como una aduana interior y un peaje municipal encubierto”, agregó el texto de la entidad.
Reclamo al Palacio de Hacienda
La Cámara anunció su respaldo a las acciones administrativas y judiciales que lleva a cabo la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), mientras que elevó un pedido de intervención tanto al Ministerio de Economía como a las autoridades de la provincia de Buenos Aires para “disponer la inmediata suspensión de este peaje irregular”.
Según denunciaron, “la CAC se pronunció en contra de conductas similares a la que acontece en Ramallo, entre las que se destacan las aduanas paralelas internas, la creación de tasas municipales y la exigencia de impuestos como el mencionado gravamen aplicado al combustible”.
Para la entidad, estas medidas atentan contra “el proceso de paulatina reducción de la carga impositiva que lleva adelante el gobierno nacional”.
En este marco, la CAC trazó un paralelismo con el caso de la provincia de Misiones, “cuyos regímenes de recaudación, que se aplican sobre las cargas que transitan por el territorio, constituyen auténticas aduanas interiores que perturban la operatoria de las empresas”.
“Estas distorsiones encarecen la cadena logística global y terminan impactando indefectiblemente en los precios finales o restando competitividad a las exportaciones, derivando en un perjuicio generalizado para la sociedad”, concluyó el texto de la Cámara.
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