De cada US$100 que el Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene prestados hoy en el mundo, algo más de US$30 están en la Argentina. La cifra surge de un informe publicado por International Development Economics Associates (IDEAs), una red internacional de economistas heterodoxos, que por primera vez armó un relevamiento de la presencia del organismo en América Latina y el Caribe con datos actualizados a mayo de este año.
El número que ordena todo el trabajo es que la deuda de la región con el Fondo asciende a US$74.346 millones, y US$58.115 millones corresponden a la Argentina. Es decir, casi el 80% del total regional en un solo país. Sumada a Ecuador, la dupla explica el 92% de la exposición latinoamericana y ubica a ambos entre los 10 mayores deudores del organismo en todo el mundo, tanto en términos absolutos como en relación con sus exportaciones.
Ese peso distorsiona cualquier lectura regional. El informe señala que 17 de los 32 países miembros de América Latina y el Caribe mantienen algún tipo de vínculo con el Fondo —15 con deuda vigente y dos con líneas precautorias sin desembolsar— y que la región absorbe el 44% del financiamiento total del organismo. Pero al excluir a la Argentina, la deuda regional cae a US$16.231 millones y queda por debajo de la de África subsahariana, Medio Oriente y Europa emergente.
En el caso argentino, el acceso equivale al 1480% de la cuota del país en el organismo, muy por encima del límite acumulado de 600% que rige en condiciones normales. Solo Ecuador (1634%) y Ucrania (1486%) están en una situación comparable. Para el informe, los acuerdos que perforan esos techos “tienden a resultar de negociaciones en las que las consideraciones geopolíticas tienen mayor peso”.
La factura de intereses
El costo financiero también es el más alto de la región. La Argentina pagó US$2066 millones en intereses y cargos al Fondo durante 2025, equivalentes al 2,1% de sus exportaciones (US$ 87.077 millones). Detrás quedaron Ecuador (US$358 millones), Costa Rica (US$75 millones) y Colombia (US$49 millones), que canceló su préstamo a fines del año pasado.
Buena parte de esa factura se explica por las sobretasas, los cargos adicionales que el organismo aplica sobre el crédito que excede el 300% de la cuota. Cuatro países de la región las pagan hoy: la Argentina, Ecuador, Surinam y Costa Rica. La exposición argentina bajo ese esquema llega al 1335% de la cuota, más de cuatro veces el umbral.
Hay indicadores que releva el trabajo. La deuda con el FMI representa el 38,5% de la deuda pública externa argentina; los vencimientos previstos para los próximos tres años equivalen al 50,4% de las reservas internacionales y el uso de Derechos Especiales de Giro (DEG) alcanza el 99% de las asignaciones disponibles.
Sobre la trayectoria, el informe repasa el préstamo de 2018 —US$44.000 millones ampliados luego a US$57.000 millones, el mayor de la historia del organismo— y sostiene que terminó financiando a acreedores privados al evitar un default. Respecto de los US$20.000 millones acordados en abril de 2025, señala que la inflación se moderó, pero sigue elevada, y que el país todavía no recuperó el acceso a los mercados a tasas sostenibles.
De ahí se desprende la conclusión más punzante del documento: la Argentina y Ecuador constituyen casos de efecto “anticatalítico”, en los que el propio tamaño de las obligaciones con el Fondo es lo que impide volver al financiamiento privado, y deja al organismo como uno de los principales acreedores externos.
Algo similar había advertido Gita Gopinath, execonomista jefe del FMI, en una entrevista con LA NACION, cuando señaló que la Argentina ya no debería pedirle más préstamos al organismo. “Si la Argentina quiere atraer más inversiones al país, la gente también debería creer que, en última instancia, le está pagando al FMI. Uno no quiere tanto crédito senior [deuda con organismos multilaterales] en el país al que le está prestando. Por todas esas razones, creo que es lo correcto [no pedir más dinero]”, señaló.
El cierre del informe es abiertamente político. IDEAs enmarca la expansión del Fondo en la región dentro del giro de la política exterior estadounidense hacia el “Hemisferio Occidental” —la Estrategia de Seguridad Nacional de diciembre de 2025, la operación militar sobre Venezuela de enero y la iniciativa “Escudo de las Américas”— y remarca que casi todos los gobiernos alineados con Washington tienen hoy programas vigentes con el organismo. Bolivia, que negocia una línea por hasta US$3300 millones, sería el próximo.
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