Imputaron a Julio Garro por la autorización ilegal de barrios privados en La Plata

La Justicia de La Plata imputó al exintendente Julio Garro, junto a otros exfuncionarios y empresarios, por «asociación ilícita», en el marco de una investigación por la presunta venta de loteos ilegales en barrios privados que no fueron habilitados por la Provincia de Buenos Aires. Se estima que la maniobra habría generado un perjuicio económico de hasta 1.500 millones de dólares.

El fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta acusó a los imputados de los delitos de «asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y administración fraudulenta en perjuicio del Estado”. Sumado a esto, ordenó 16 allanamientos en sedes empresarias y en el propio domicilio del exjefe comunal y de exfuncionarios y empleados municipales. La causa está a cargo de la jueza Marcela Garmendia, del Juzgado N°5 de la capital provincial.

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Según la investigación, se detectó un esquema en el que se exigía a los desarrolladores la contratación de una empresa constructora, presuntamente propiedad de funcionarios de la gestión de Garro, para la urbanización de los barrios. Además, se investiga la relación del exintendente y su entorno con la inmobiliaria ONE, que opera en City Bell y Punta del Este, sospechada de comercializar terrenos de estos emprendimientos irregulares.

En su solicitud, Condomí Alcorta sostuvo que, entre diciembre de 2015 y diciembre de 2023, «varios funcionarios públicos municipales, en connivencia con empresarios particulares, viabilizaron simulando legitimidad, múltiples desarrollos urbanísticos en zonas de la Ciudad no permitidas», cometiendo ilícitos en beneficio propio y de empresas desarrolladoras intervinientes por un monto aproximado de “1.500 millones de dólares”. Para la Justicia, esa maniobra perjudicó tanto a los compradores de los terrenos como al Municipio, que habría perdido 700 mil millones de pesos en recursos.

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De acuerdo con la Ley de Ordenamiento del Suelo 8.912/77 y el decreto regulatorio 27/98, los barrios cerrados deben contar con habilitación provincial. Actualmente, en La Plata solo 16 urbanizaciones poseen aprobación oficial: los barrios cerrados «Don Víctor”, “Fincas de la Victoria I” y “Fincas de la Victoria II”, y los clubes de campo “La Florida”; “La Emilia I”; “Estancia Grande de Bell I”; “La Arbolada”; “Los Ceibos”; “Las Calandrias”; “San Facundo”; “Área 60 Norte I»; «Miralagos» I»; «Miralagos II»; «Gran Bell I”; “Gran Bell II» y «Haras del Sur». Sin embargo, desde la Comuna se denunció la existencia de 400 barrios cerrados ilegales que no cumplieron con los requisitos exigidos por la legislación.

Además del exintendente Garro, la investigación involucra a exfuncionarios municipales y empresarios del sector. Se trata de María José Botta, exsecretaria de Planeamiento Urbano; Marcelo Gustavo Genoro, exdirector general de Obras Viales, quien tras dejar su cargo ingresó a la empresa Bordigoni y Cía. SRL (implicada en la maniobra investigada); Nahuel Julián Paradela, exsubsecretario de Servicios Públicos; Ariel Fabián Bordigoni, presidente de Bordigoni y Cía. SRL; Facundo Dadin, presidente de Sol Vial Construcciones, y Cecilia Andrea Mayocchi y Leandro Arrechea, representantes de Agrycon S.A.

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Si bien Garro evitó hacer declaraciones, Bordigoni, uno de los imputados, envió un comunicado a la prensa en el que negó cualquier irregularidad. “La empresa que represento no suscribió contrato alguno con el Municipio de La Plata en relación con la construcción de barrios privados. Entre 2015 y 2021, no tuvimos ningún vínculo contractual con la Municipalidad. El ingeniero Marcelo Genoro [también imputado] fue contratado por nuestra empresa luego de su renuncia como funcionario municipal, para una obra en la localidad de Las Flores”, aseguró.

Sumado a esto, el acusado también aclaró que la empresa solo mantiene dos contratos vigentes con el Municipio: la reparación de bacheos y la puesta en valor de la calle Cantilo hasta la plaza Belgrano, inaugurada en mayo de 2024 por el actual intendente Julio Alak. «Los únicos pagos efectuados por el Municipio de la Ciudad de La Plata a la Empresa Bordigoni y Cía SRL corresponden única y exclusivamente a las Obras de Bacheo y puesta en valor de la calle Cantilo de la Localidad de City Bell; ambas obras de carácter público”, subrayó.

MB/

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