Horas cruciales en el Gobierno: el escándalo de las coimas y la presión para relanzar la gestión tras las eleccionesPor Federico Mayol
“No nos estamos ocupando de otra cosa que no sea contener este quilombo”, aseguró el viernes un influyente operador del Gobierno. Las derrotas del miércoles y del jueves en el Congreso, que el Ejecutivo consiguió morigerar con el blindaje al veto previsional, que hubiera significado un golpe devastador para Javier Milei, quedó en un segundo plano por las denuncias de coimas en el área de discapacidad, un escándalo que, hasta ayer, mantenía a la cúpula libertaria en un estado de shock indisimulable.
Con escasa capacidad de reacción, y una investigación judicial en manos del juez Sebastián Casanello, delegada en el fiscal Franco Picardi, que se aceleró a pasos gigantes con la salida del incontinente Diego Spagnuolo y una serie de allanamientos en el conurbano norte, el Gobierno quedó sumergido en una crisis cuyas consecuencias son aún desconocidas, en medio de una campaña que, para peor, lo encuentra con su programa económico, la principal fortaleza narrativa del oficialismo, sacudido por severas turbulencias. En ese contexto, a Milei le urge la necesidad de llegar a octubre, tratar de capitalizar un triunfo y llenar el tanque de un auto que, según un diputado que hace dos semanas participó de la función privada de Olivos en la que se proyectó Homo Argentum, “llega en reserva a las elecciones”.
Son cada vez más las voces internas que piden a gritos un replanteo del sistema de toma de decisiones ideado por el presidente junto a Karina Milei y Santiago Caputo. Una reorganización de un gabinete gastado, un replanteo del organigrama y de las funciones de decenas de áreas que, en esta primera parte de la gestión, exhibieron serias falencias. Las últimas actividades parlamentarias sumaron además una notable mala praxis de la negociación política que volvió a exhibir las diferencias en el seno del triángulo de hierro, motivadas por la relación con la oposición y, en especial, los supuestos aliados. “Cuando se rompe la política es muy difícil gobernar un país”, concluyó esta semana un dirigente del PRO que también asistió a la proyección de Olivos.
La explosión del escándalo en la Agencia de Discapacidad, revelada por el periodista Mauro Federico, que publicó los audios atribuidos a Spagnuolo, aceleró la crisis, alimentó las especulaciones en torno a la gravedad de la interna libertaria en el triángulo de hierro, y golpeó seriamente a la cúpula del gobierno en un rubro, como el de la transparencia, que ya había sido salpicado por las derivaciones del caso $LIBRA, y que Milei exhibía como fortaleza junto al programa fiscal de estabilidad macroeconómica. Un daño tal vez irreparable a la reputación del Gobierno si es que la Justicia comprueba la veracidad de los audios, que apuntan directamente a los Menem, quienes están a cargo de la operatoria política de La Libertad Avanza y de gestiones subterráneas que empiezan a ver la luz del sol.
El fin de semana, la Casa Rosada había optado aún por el silencio, más allá de algunas declaraciones de ayer de Guillermo Francos: dijo que el gobierno está “tranquilo”. Nada más lejano. El juez Casanello prohibió la salida del país de Spagnuolo, de Diego María Garbellini, un ex funcionario del PRO que manejó hasta la semana pasada la caja de la ANDIS, y de parte de la familia Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, implicada en la trama de supuestas coimas. A Emmanuel, uno de los hermanos investigados, lo encontraron en un country de Pilar mientras intentaba escapar con 266.000 dólares y 7 millones de pesos repartidos en distintos sobres, con anotaciones que ahora deberán pesquisar los investigadores.
Ese mismo viernes, en el Gobierno todavía existía una profunda preocupación por el futuro de Spagnuolo, que cerró su teléfono desde que le pidieron la renuncia hasta que lo entregó a la Justicia. En esas 36 horas, evitó las comunicaciones. Ayer, colaboradores presidenciales se preguntaban, con alta zozobra, si el ex funcionario optaría por jugar como líbero o en equipo frente a la investigación judicial. Existieron, sí, en las últimas horas algunos cruces telefónicos con su abogado por parte de enviados del Ejecutivo. Ese teléfono, que empezó a ser peritado en estas horas, podría derivar en un escándalo aún mayor.
El escándalo motivó, de todos modos, que en despachos oficiales empezara a surgir con más fuerza una pregunta que ya se había instalado meses atrás: ¿Quién tiene el control de la situación en LLA? Cuando Mauricio Macri dejó la Presidencia en el 2019, su jefe de Gabinete, Marcos Peña, insistió en su equipo con una conclusión que desparramó con sus habituales interlocutores: “En Argentina, nadie maneja nada”.
Esa afirmación parece haberse revitalizado en estos tiempos, profundizada por un sistema de toma de decisiones ideado y ejecutado por Milei que colocó al propio presidente en un rol de administrador de la economía que delegó en su hermana y el consultor principal del gobierno la gestión cotidiana. Los temas que no le interesan, que son muchos, Milei apenas los supervisa de manera superficial.
El caso del fentanilo contaminado, una tragedia sin antecedentes que ya se cobró la vida de 96 pacientes, es un ejemplo. Desde Casa Rosada se advirtió con la posibilidad de recusar al juez Ernesto Kreplak, e incluso el presidente lo ligó, desde un acto partidario en La Plata, con su hermano, el ministro de Salud bonaerense, y las preguntas vinculaciones de la trama farmacéutica con el kirchnerismo. Mientras, en paralelo, gestores del Ejecutivo se comunicaron con el juez para interiorizarse por el expediente y aportar información. Incluso desde sectores de LLA confesaron a este medio que el ministro provincial no tiene ninguna vinculación con el tema.
26/10. En la cúpula del gobierno se deshojan, con creciente inquietud, los dos meses que separan a esta crisis de gestión con las elecciones. El domingo próximo, las elecciones correntinas le propinarán a LLA un mal resultado, producto de los acuerdos truncos entre Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem con el gobernador Gustavo Valdés, una negociación muy cuestionada por Santiago Caputo. Una semana más tarde, el gobierno buscará poner en valor el sello y la alianza con el PRO bonaerense en las elecciones provinciales, que en los papeles ofrecen, a priori, un resultado incierto.
En la calle existe todavía poco clima electoral. La semana pasada, en la primera sección, en teoría la más favorable para el gobierno, a un dirigente libertario le preguntaron si podía votar por Patricia Bullrich, candidata en la capital, en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. La confusión es total.
En el Gran Buenos Aires, la caída del consumo y la actividad es cada vez más notoria. Está por verse aún el impacto de las revelaciones del escándalo de las coimas, que recién empieza. El viernes, Cristina Kirchner se regodeó desde su cuenta de X.

Los comentarios están cerrados.