Tener una casa propia sigue siendo difícil para muchos docentes de Mendoza, sobre todo cuando necesitan recurrir a créditos hipotecarios y no logran cumplir con todas las condiciones que piden los bancos. Ahora, una nueva herramienta busca facilitar ese camino.
La Provincia ya dio el primer paso para ponerla en marcha. La idea es que más trabajadores de la educación puedan acercarse a una vivienda, sin quedar afuera desde el comienzo por falta de respaldo.
¿En qué consiste el respaldo financiero del Fondo Escolar Permanente?
La Ley 9.725 habilitó a la Dirección General de Escuelas (DGE) a utilizar recursos del Fondo Escolar Permanente como garantía de préstamos destinados a soluciones habitacionales para docentes. La norma ya fue promulgada y modifica el funcionamiento que tenía hasta ahora ese fondo.
Esto no significa que el dinero vaya a entregarse al trabajador para comprar una casa. El fondo funcionará como respaldo frente al banco u otra entidad que participe de la operación, algo que puede ayudar a quienes cuentan con ingresos para afrontar las cuotas, pero tienen dificultades para conseguir la garantía necesaria.
La ley permite distintas formas de respaldo, entre ellas garantías, contragarantías, cauciones y reservas. Todavía falta la reglamentación, que deberá establecer cuánto podrá comprometerse y bajo qué condiciones esos recursos podrán liberarse o recuperarse.
La medida se suma al plan habitacional que la DGE y el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) vienen preparando para el sector. La primera etapa contempla 250 viviendas, aunque la inscripción todavía no fue abierta.
Financiación y aportes: ¿cuánto deberá integrar el docente y cuánto el crédito?
El esquema previsto para esas primeras viviendas establece que el docente deberá aportar el 20% del valor. El 80% restante se financiará mediante un crédito hipotecario, con plazos que podrían llegar hasta los 30 años.
Ese ahorro inicial podría completarse durante 12 o 24 meses, una posibilidad contemplada en la planificación presentada durante el avance del programa. Recién después entraría en juego el préstamo por el resto del valor de la propiedad.
Las casas proyectadas tendrán cerca de 60 metros cuadrados, con dos dormitorios, cocina-comedor y baño. Entre las zonas donde ya se buscaron terrenos aparecen Guaymallén, San Rafael, Godoy Cruz y Junín, aunque la ubicación final dependerá de los proyectos que logren concretarse.
Todavía quedan por definir las condiciones para anotarse y acceder al financiamiento. El Gobierno espera avanzar con las entidades bancarias antes de abrir la convocatoria y comenzar a evaluar a los posibles beneficiarios.
Ampliación de recursos del Fondo Escolar y límites de ejecución
La reforma también amplió las vías por las que puede recibir dinero el Fondo Escolar Permanente. Podrán incorporarse recursos provenientes de ventas, subastas, alquileres, recuperos, indemnizaciones y otras operaciones realizadas con determinados bienes administrados por la DGE o por áreas del Ministerio de Educación.
Antes de la modificación, el fondo contaba con unos $522 millones. La DGE también tenía identificados 12 inmuebles que podrían salir a subasta para sumar recursos.
El uso de ese dinero como garantía tendrá límites. Los montos comprometidos deberán quedar separados de los recursos destinados a gastos habituales mientras siga vigente el préstamo que respaldan. La DGE tampoco podrá afectar todo el Fondo y tendrá que conservar un mínimo para su funcionamiento.
Los edificios escolares y otros bienes esenciales para prestar el servicio educativo quedan fuera de este mecanismo, salvo que exista una autorización legal específica. Además, el dinero que quede sin utilizar al terminar el año mantendrá su destino dentro del Fondo y pasará al ejercicio siguiente, en lugar de incorporarse automáticamente a Rentas Generales.
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