El Fondo Monetario Internacional (FMI) dio a conocer este martes un documento en el que critica el otorgamiento generalizado de subsidios por considerarlos “ineficientes y costos”. Avala, de esta forma, la política llevada adelante por el gobierno argentino de desmantelar estas ayudas en las tarifas de transporte y energía. Desde diciembre de 2023, la canasta de servicios públicos del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) subió 867%, muy por encima del nivel general del índice de precios al consumidor – 254%-, según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet).
El reporte, titulado «Apoyo focalizado, no subsidios, puede proteger mejor a las personas cuando la inflación se dispara» dado a conocer este martes analiza las crisis del costo de vida – potenciadas por los conflictos en Ucrania y Medio Oriente- que provocan subas persistentes en alimentos y energía. Estos aumentos “golpean con mayor fuerza a las familias de menores ingresos, erosiona el salario real y desancla las expectativas de inflación a largo plazo”.
Frente a este problema, muchos gobiernos recurren a subsidios generalizados o controles de precios para contener el impacto. Sin embargo, el FMI sostiene que estos mecanismos son altamente ineficientes y costosos.
Los cálculos del organismo arrojan que proteger a los sectores vulnerables mediante subsidios al consumidor cuesta entre 3 y 6 veces más que la asistencia directa, y subsidiar a los productores cuesta entre 14 y 22 veces más.
El FMI también resalta que los subsidios a la energía y combustibles benefician desproporcionadamente a los sectores más ricos. En los países evaluados, menos de 20 centavos de cada euro gastado en subsidios energéticos llegaron al 20% más pobre de la población.
Para Argentina, esto convalida técnicamente la urgencia de desmantelar los subsidios universales a las tarifas y reemplazarlos por esquemas segmentados de tarifa social.
Así, la recomendación del Fondo es que los gobiernos deben priorizar transferencias de ingresos temporales y focalizadas utilizando los sistemas de protección social existentes, resguardando así las cuentas públicas.
El organismo también se pronuncia en contra de mecanismos de actualización. Destaca que los mercados emergentes suelen responder a las crisis indexando de forma masiva salarios mínimos, salarios públicos y pensiones.
El FMI advierte que cuando no hay espacio fiscal, estas subas generalizadas e ineficientes deterioran las cuentas públicas y alimentan la inercia inflacionaria, en lugar de proteger quirúrgicamente al sector informal en indigencia.
Subas en servicios públicos
En el mes de septiembre un hogar promedio del AMBA, sin subsidios, gastó $268.405 para cubrir sus necesidades energéticas, de transporte y de agua potable en el hogar, señaló el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet).
Desde diciembre de 2023 hasta el mes de septiembre de 2026 la canasta de servicios públicos del AMBA se incrementó 867% mientras que se estima que el nivel general de precios lo hizo en 254%.
Los mayores ajustes corresponden al gas natural, que se incrementó más de 1.600% y el transporte que aumentó casi 1.500%.
La canasta de servicios públicos del AMBA de septiembre representa el 14,6% del salario promedio registrado estimado ($2.024.647), una proporción que más que duplica la correspondiente a fines de 2023 (menos de 6%).
Pese a estos importantes aumentos, el Observatorio calcula que en los hogares del AMBA se pagan tarifas de servicios públicos que, en promedio, cubren el 54% de los costos y, por lo tanto, el Estado se hace cargo del 46% restante.
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