¿Es un delito o no? Juristas, referentes cripto y opositores opinan sobre la responsabilidad de Milei en el escándalo de $LIBRA

Luego de la sorpresa y el escándalo por la promoción que hizo Javier Milei de la criptomoneda $LIBRA, cuyo valor ascendió y se desplomó en minutos, dentro de las redes sociales y en distintos actores del mundillo político quedó suspendida una duda sobre si al Presidente le cabe algún tipo de responsabilidad legal o incluso un posible juicio político. El debate se potenció después de que el mandatario admitiera, cuando la situación ya había escalado, que «no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto» que habría causado pérdidas cercanas a los 87 millones de dólares.

La criptomoneda fue presentada como parte de un proyecto privado para fondear empresas argentinas, pero terminó siendo una trampa para inversores similar a un tipo de estafa que se conoce como Rug Pull, que se genera cuando un activo se infla con promesas irrealizables para luego desaparecer cuando junta un capital suficiente.

¿Es suficiente su responsabilidad para considerar que incurrió en un delito? Para el constitucionalista Andrés Gil Dominguez, sí. Según publicó en su cuenta de X, la promoción implica «la violación de varias normas penales, la ley de ética pública (basada en el art. 36 de la Constitución) y demás normas aplicables aplicables a estas situaciones».

Del otro lado, el presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, Miguel Nathan Licht, planteó que no se trata de una acción ilícita. «Leo y no salgo de mi asombro. En términos estrictamente jurídicos y dejando de lado toda consideración sobre oportunidad política, hay que ser muy bruto para considerar que estamos ante una acción ilícita del Presidente», sostuvo.

En esa línea, Nathan Licht sostiene que «ese bien aparentemente ha sido promocionado para ser vendido a un precio exorbitante». «Las cosas valen por lo que las personas quieren pagar», planteó.

Pero reconoció que una jugada del tipo Rug Pull sí es una estafa «El sistema en sí a priori se sabe que se volverá inoperable. Así, en un rug pull, no solo se vende en masa, sino que además se hace imposible que los inversores sigan operando con el activo, por cuanto se retira la liquidez del activo», agregó.

Juan Grabois, por su parte, también opinó del tema y planteó que se trata de una violación del artículo 265 del Código Penal, el cual apunta a quienes utilicen su cargo para «un beneficio propio o de un tercero»

De acuerdo al artículo, «será reprimido con reclusión o prisión de uno (1) a seis (6) años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo». Ese planteo se basa en la disparada al alza que se generó en el precio por su tuit.

El que también opinó del tema fue el abogado Francisco Oneto, quien había sido candidato a vicegobernador bonaerense en la lista que acompañaba a Milei en las pasadas elecciones.

«La conducta de Javier Milei no configura ningún delito por ausencia de dolo. El dolo es conocer que con el comportamiento propio se va a cometer un delito y aún así seguir adelante», planteó Oneto, quien también había sido defensor de Leonardo Cositorto al comienzo de las denuncias contra Generación Zoe.

«Siguiendo estos lineamientos, es obvio que si un Presidente quisiera delinquir no lo haría dejando todos los dedos pegados», razonó.

El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, también respaldó al presidente y afirmó que «nada de lo acontecido constituye un delito».

«Ahora los irresponsables que fundieron al país son estudiosos de Bidart Campos y Elon Musk. A los desconocedores del Derecho les digo: nada de lo acontecido constituye un delito», subrayó Montenegro en su cuenta de X.

En el ámbito político, desde la bancada de Diputados de Unión por la Patria adelantaron que irán por el pedido de juicio político. «La participación de Milei en un delito de estafa cripto es de enorme gravedad. Es un escándalo sin precedentes», adelantaron.

También desde el socialismo fueron por la misma línea. «El lunes ingresaremos el pedido de juicio político hacia el Presidente. Ojalá las autoridades de Diputados avancen en la designación de las autoridades de la Comisión y se aboquen a la investigación. Es muy grave lo que ha sucedido», escribió en su cuenta de X Esteban Paulón, uno de los primeros en reaccionar ante la polémica el viernes a la noche.

Este escenario se encuentra con un problema que puede favorecer a Milei, ya que la comisión de Juicio Político tiene como presidenta a la libertaria Marcela Pagano, una autoridad que desconoce la facción oficialista que encabeza el presidente de la Cámara baja, Martín Menem. De hecho, en la página web del Congreso la comisión cuenta con una cantidad de vocales pero no tiene titular. La última reunión ocurrió el 18 de abril y desde entonces se mantiene dormida.

Por su parte, los diputados del bloque «disidente» de la UCR pidieron que sea una Comisión Investigadora la que analice lo que pasó con $LIBRA. Mediante un posteo en X, el diputado Pablo Juliano, pidió avanzar: «Lo que ocurrió es muy grave desde el punto de vista institucional. El Congreso y la Justicia deben actuar como contrapeso de un Poder Ejecutivo que todos los días transgrede la ley», señaló.