En alerta por una nueva marcha frente al Congreso, el Gobierno ajusta el operativo y esperan más gente en la calle

La marcha del miércoles pasado al Congreso no solo dejó el saldo de 194 detenidos que rápidamente fueron liberados y postales de represión como el disparo al fotógrafo Pablo Grillo, también obligó a Javier Milei a blindar a Patricia Bullrich y a los principales referentes del Gobierno a abrazarse a la narrativa de un supuesto intento de desestabilización contra el Ejecutivo.

En ese contexto, la ministra de Seguridad ya trabaja en el operativo para la manifestación convocada para el miércoles por el reclamo de los jubilados y que, según todos los actores involucrados, será mucho más numerosa que la última.

El viernes después del mediodía, Bullrich recibió en sus oficinas de la calle Gelly y Obes al jefe de la SIDE Sergio Neiffert y a su número dos, Diego Kravetz. También fueron de la partida el ministro de seguridad porteño Horacio Giménez y su flamante secretario Maximiliano Piñeiro, el civil que responde a Jorge Macri en la Cartera más sensible de CABA. La secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y los jefes de las fuerzas de seguridad federales también se sumaron; al igual que el director nacional de Inteligencia Criminal (DNIC), Ricardo Ferrer Picado.

En el encuentro se acordó la elaboración de mesas de coordinación entre todas las partes para evitar los errores que desencadenaron en las escenas del miércoles pasado y que se ocuparán de todas las etapas del operativo: la inteligencia de la convocatoria previa, el ingreso, la movilización y contención y la desconcentración. Volverá a haber comando unificado, un detalle que la última vez no impidió los cortocircuitos internos.

Hasta el momento, según pudo saber Clarín de fuentes oficiales, no está previsto que haya un operativo de seguridad más numeroso, pero sí más coordinado para no repetir errores como los de la semana pasada, cuando las fuerzas actuaron “como una ola que avanzaba y retrocedía”, porque la orden principal que debían ejecutar era asegurar la protección del Congreso.

A pesar de las acusaciones públicas, en áreas sensibles del Gobierno reconocen que no hubo barrabravas en la manifestación, pero sí existieron fallas tácticas en el operativo, más precisamente en el “barrido”, que falló, y por la obsesión oficial por mantener la calle liberada. “No hubo problemas políticos, pero no hay que ser necio. O dispersas o evitás el corte de calle”, reflexionó un alto funcionario al tanto de la estrategia de seguridad.

No dejarán de usarse ni balas de goma ni gases lacrimógenos y buscan acortar en el tiempo los cruces entre manifestantes y policías. Explicaban que las circunstancias pueden obligar a un combate si hay violencia, pero no puede extenderse durante horas, porque es en ese contexto que las cosas se salen de control.

De todos modos, tal como dio cuenta este diario, después de la marcha hubo reproches cruzados entre la cartera de Seguridad nacional y la nueva cúpula porteña por el funcionamiento del operativo. El gobierno de la Ciudad se diferenció de Bullrich con el tratamiento a los heridos.

Bullrich dedicó buena parte de la reunión del viernes a descargar una batería de críticas contra la jueza Karina Andrade, que ordenó liberar a los manifestantes y que este lunes será denunciada penalmente por el Gobierno.

En el corazón del Ejecutivo se debate una estrategia más definitiva y contundente para evitar que todos los miércoles exista la amenaza de un estallido frente al Palacio Legislativo. Hay funcionarios que promueven un cambio de carátula en los delitos que se les imputan a los detenidos para que sean tratados por la Justicia federal en vez de la local.

Hasta ahora las denuncias eran por daños y resistencia a la autoridad, delitos menores que entiende el Poder Judicial de la Ciudad. Algunos piensan en acusar a los manifestantes que provoquen disturbios por atentados contra la democracia y terrorismo, aunque no ignoran las consecuencias y el ruido político de seguir avanzando contra el derecho constitucional a la protesta y de detenidos por error. Por eso, todavía no es una discusión saldada en la Casa Rosada.

El viernes el director de Normativa y Enlace Judicial del ministerio de Seguridad, Fernando Soto, (que también supo representar a Luis Chocobar y a María Kodama) firmó una denuncia penal para que la Justicia Federal investigue la hipótesis de una asociación ilícita agravada para cometer un atentado al orden constitucional y la vida democrática. Se menciona desde la participación de barrabravas, dirigentes de clubes de fútbol, políticos y hasta del ex jefe de Montoneros Mario Firmenich.

En el Gobierno esperan el triple de asistentes a la manifestación en comparación a la última marcha, pero no imaginan mucho más que 15 o 20 mil militantes. “Va a ser masiva”, prometen dirigentes sociales que hoy trabajan para Axel Kicillof.

En el gabinete del Presidente hay distintos análisis sobre lo que pasó el miércoles. Los más agoreros creen que se probó la respuesta del Ejecutivo y que la tensión aumentará. Otros, fuera del libreto oficial- afirman que si el operativo es eficiente, no importará la intencionalidad de los manifestantes y no deberían haber desmanes.

Sectores del sindicalismo, los movimientos sociales y del peronismo bonaerense y la izquierda advierten que se plegarán a la nueva marcha, pero aseguran que mantendrán perfil bajo para evitar y esquivar posibles provocaciones de las fuerzas de seguridad.

A pesar de que puertas adentro del Gobierno relativizan la presencia de barrabravas, Bullrich avanzó en regulaciones para negar el derecho de admisión a los estadios a los barras y socios que participen de protestas. El ministerio de Capital Humano acaba de apelar un fallo en contra del juez federal Martín Cormick que lo obliga a reincorporar a beneficiarios de planes sociales que habían participado presuntamente de cortes o llevado menores a marchas.

El presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia negó haberse comunicado con la ministra de Seguridad antes de la marcha o después. El dirigente, en su calidad de jefe del CEAMSE se reunió el mismo miércoles que se produjeron los incidentes en el Congreso con intendentes bonaerenses.

Había mayoría de peronistas como Mariano Cascallares (Almirante Brown), Gastón Granados (Ezeiza), Fernando Moreira (San Martín) y Andrés Watson (Florencio Varela), entre muchos otros; un camporista como Juan Ustarroz (Mercedes) y hasta alcaldes más cercanos al gobierno como Jaime Méndez (San Miguel), el santillista Sebastián Abella (Campana) y el bullrichista Ramón Lanús (San Isidro), que se prepara para pintarse de violeta. Faltaron dirigentes alineados con Mauricio Macri, que cuestiona al dirigente.

Ni la manifestación ni el operativo policial fueron parte de la conversación, aunque se acordó comunicarlo con posterioridad. Por whatsapp, los intendentes del peronismo se indignaron con el señalamiento de la ministra de Seguridad contra Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Fernando Espinoza (La Matanza) y cuestionaron las hipótesis cambiantes en boca de la ministra y otros funcionarios sobre el trabajo, la militancia política del fotógrafo herido. En las encuestas que consumen los intendentes del PJ registran caídas de 5 puntos en la imagen del Presidente, pero recuerdan el rebote que tuvo entre julio y fin de año.