Desde que asumió, el Gobierno de Javier Milei inició un ataque desde varios frentes al sistema universitario y de ciencia y técnica del país. En lo relativo al sistema universitario que, como veremos, es además uno de los pilares del sistema científico argentino, el Gobierno redujo en 2024 un 25% en términos reales las transferencias a por todo concepto al sistema universitario (ubicando la participación de dicho gasto en relación al PBI en el valor más bajo de los últimos 10 años), con un ataque muy especial sobre los salarios.
La masa salarial docente en UUNN ha descendido un 47,9% en términos reales respecto de 2023, y la masa salarial no docente lo ha hecho un 43,8%, según datos del grupo de Economía Política y Ciencia.
Este año, el 2025, empezó igual o peor. Las partidas de gastos de funcionamiento, luego de una actualización en mayo de 2024 que las dejaba un 40% por debajo del crecimiento acumulado de los precios, han comenzado nuevamente el año sin ningún tipo de actualización.
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Por primera vez desde que en 1992 se sancionara la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional el Poder Ejecutivo Nacional gestionará el presupuesto con dos años seguidos de prórroga. Y, por segundo año consecutivo, el Gobierno Nacional decide comenzar el año sin reconocer ningún tipo de actualización que compense el aumento de los precios del año anterior.
En paralelo, el Gobierno ha congelado líneas presupuestarias que, si bien no forman parte del presupuesto de las universidades, son claves para el funcionamiento de las mismas. De una lectura de los datos presupuestarios que informa el Gobierno Nacional puede observarse que no se han actualizado, ni en 2024, ni para 2025, las partidas vinculadas a infraestructura universitaria, al fortalecimiento de la ciencia y la técnica en las universidades, al Fondo Universitario para el Desarrollo Regional (FUNDAR, de donde se financia, por ejemplo, el contrato programa que firmó nuestra universidad en 2023 para el fortalecimiento de la planta docente de la escuela secundaria) o al fortalecimiento de la extensión universitaria.
El 95% del presupuesto universitario (que corresponde a salarios) ya es auditable de hecho por el Poder Ejecutivo»
Los fondos destinados a extensión universitaria, a infraestructura y los vinculados al FUNDAR se ejecutaron en un 0%, 0% y 12% respectivamente en 2024 y los de fortalecimiento a la ciencia y la técnica en las universidades aparecen reducidos, para 2025, un 75% en términos nominales en relación a 2023, sin ningún tipo de explicación, en algo que podría ser interpretado como una violación de la Ley de Administración Financiera.
En lo que respecta a los salarios, la pérdida desde que asumió este Ejecutivo sigue en torno al 30% del poder adquisitivo en relación a noviembre de 2023 y los trabajadores y trabajadoras del sistema universitario llevan perdidos el equivalente a 4 sueldos en 14 meses: inédito.
¿Cómo justifica el Gobierno este ajuste? Con una mezcla compleja de falacias y falsedades. La más conocida, y la que más mezcla ambas cuestiones, quizás sea la de las “auditorias”. El Gobierno justifica el recorte presupuestario diciendo que las universidades no se dejan auditar. Lo primero que hace ahí el Gobierno es desconocer la misma Ley a la que hicimos mención anteriormente la cual, en su título VII, que es la Auditoría General de La Nación, dependiente del Congreso Nacional, la que tiene a su cargo la auditoria externa del Sector Público Nacional, incluidas las universidades. Vivimos en una República, si el Poder Ejecutivo quisiera cambiar la Ley vigente, podría recurrir al Congreso, donde mal no le está yendo.
Pero además de lo anterior, lo más llamativo de todo es que el 95% del presupuesto universitario (que corresponde a salarios) ya es auditable de hecho por el Poder Ejecutivo. Efectivamente, todos los meses las universidades informamos al Poder Ejecutivo los datos de todos los agentes que trabajan en las universidades; sus sueldos, sus números de CUIL, sus cargos, su antigüedad, realizamos los aportes patronales correspondientes.
Javier Milei: ‘La universidad seguirá siendo pública? «
¿Cómo pueden los funcionarios justificar un recorte de más del 30% en el presupuesto universitario diciendo que el 5% del presupuesto universitario no es auditable? Es de un desconocimiento supino de los asuntos sobre los cuales deberían saber algo mínimo o es, lisa y llanamente, pretender tomar a la ciudadanía por idiota.
Veamos algunos datos más. Según datos de la Red Iberoamericana de Indicadores de la Educación Superior, Argentina era en 2021/2022 el país con la mayor tasa bruta y neta de matrícula en la educación superior de América Latina, con un gasto como porcentaje del PBI que está un 20% por debajo al promedio regional. Este gasto le permite además sostener a alrededor de 50 mil investigadores científicos, si contamos a los y las docentes que trabajan en el sistema universitario argentino que tienen dedicaciones semi-exclusivas y exclusivas y que por lo tanto hacen tareas de investigación (cabe recordar, para tener un orden de magnitud, que el CONICET tiene alrededor de 10 mil).
En resumen: es imposible argumentar que se trata de un recorte que persigue motivos presupuestarios o de eficiencia, y es un recorte que está destruyendo la educación superior en la Argentina y su sistema científico tecnológico.
Y, si bien los datos agregados son elocuentes, es muy difícil que reflejen la magnitud del daño. La ejecución del 0% de los fondos destinados a infraestructura universitaria, por ejemplo, no sólo es una irracionalidad económica que deja (como es el caso de nuestra universidad) edificios de laboratorios de 2500 metros cuadrados, que están terminados en un 95%, en completo desuso (con todo lo que implica en términos de pérdidas de inversiones ya realizadas), sino que impide la puesta en funcionamiento de máquinas y equipos sumamente caros, que fueron financiados con recursos públicos, y que, en lugar de estar funcionando brindando un servicio a la sociedad que no existe en el sector privado, están tirados en un galpón.
Por lo anterior, entre otras cuestiones, es que es importante señalar que acá no está en juego “sólo” el derecho a estudiar de 2 millones de personas y las condiciones de trabajo de otras 250 mil. El derecho a una universidad gratuita, pública y de calidad no es un problema de derecho individual. Que menos gente pueda estudiar hoy o que sus estudios sean de peor calidad no es sólo un problema del derecho individual de esas personas, es un problema colectivo de todas las personas que en un futuro contarán con menos profesores, menos arquitectas, menos médicos e ingenieros.
Por eso es que tampoco es un asunto de que “quien pueda pagar, pague”. El asunto que hace a la vida en común es el de poder tener el mayor y mejor número de profesionales posible.
Lo mismo sucede con el desarrollo científico y tecnológico. Es difícil pensar que un país soberano, que pretende seguir siendo una nación, decida renunciar a tener desarrollo científico. Y según los datos que tenemos disponibles, sabemos varias cosas: que, si bien en los países desarrollados el gasto del sector privado en investigación y desarrollo (I+D) excede al gasto del sector público, también parece haber una correlación entre gasto público y gasto privado .
Sabemos también que, en el mundo, específicamente en lo que hace a la investigación en ciencias básicas el grueso del gasto se hace con esfuerzos públicos (por las dificultades de mercantilizar luego todos los resultados, por los tiempos de maduración de los proyectos, entre otras cuestiones), y sabemos que sin ciencias básicas es difícil pensar en ciencia aplicada y desarrollo experimental.
Sabemos además que Argentina es un país donde el Estado es particularmente relevante en términos de gastos en investigación y desarrollo. Alrededor del 60% de dicho gasto proviene del sector público (porcentaje de los más altos, según esos datos disponibles) y que el sector privado realiza ¾ de su esfuerzo sólo en desarrollos experimentales.
Por esto último, no es casual que en 2024 se haya frenado la creación de puestos de trabajo en el sector privado en I+D, luego de 20 años de crecimiento. No hay Ciencia en Argentina sin Estado ni universidades, ni en el sector público ni en el privado. Y no hay desarrollo, ni soberanía sin ciencia.
En definitiva, estamos frente a una emergencia profunda. El Gobierno Nacional parece abrir un nuevo frente de conflicto todos los días, y la agenda política nacional es cada vez más parecida a un debate en redes sociales, donde cada tema compite por una atención cada vez más escasa y dispersa. Necesitamos volver a poner en agenda el tema universitario porque, lejos de haberse solucionado, está cerca de volverse irreversible.
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