El procurador Casal le pidió a la Corte Suprema que suspenda la aplicación de un fallo que le da más poder a la Justicia porteña

El Procurador general de la Nación, Eduardo Casal, le pidió a la Corte Suprema que suspenda la aplicación del fallo que le otorga más poder a la Justicia porteña. Se trata de una resolución dictada en diciembre pasado, que obliga a que todas las sentencias de la justicia nacional con competencia sobre la Ciudad sean revisadas por el Tribunal Superior de Justicia porteño antes de eventualmente que llegue a la Corte, como sucede en las provincias.

En un escrito dirigido al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, Casal advierte que la posición del máximo tribunal en el fallo Levinas le impediría al Ministerio Público Fiscal «cumplir con sus funciones legales y constitucionales en los procesos que tramitan ante la justicia nacional con competencia sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».

El lunes se termina la feria judicial de enero y Rosatti comenzará una serie de consultadas informales, como las que ya tuvo, con la asociación de magistrados, los colegios y otros actores para ver cómo instrumentar el llamado fallo Levinas, informaron a Clarín altas fuentes judiciales que desdramatizan la situación.

Desde que la Constitución Nacional creó en 1994 la ciudad autónoma de Buenos Aires, que debería tener su propia justicia, los jueces nacionales de los fueros laboral, comercial, civil y penal ordinario se resisten a ser traspasado a la justicia porteña, a través de declaraciones o acciones de amparo.

Pero esta vez, la decisión de poner al Tribunal Superior de Justicia como instancia intermedia es un fallo de la propia Corte, la cabeza del poder judicial, y ningún juez hasta ahora firmó una resolución negándose a cumplir la sentencia.

De todos modos, el TSJ comenzó en enero una serie de reuniones con los presidentes de los colegios de Abogados porteños, Ricardo Gil Lavedra, y Alberto Garay, para coordinar temas como los sistemas informáticos y la matriculación de abogados en la Justicia porteña.

Sin embargo, para el Procurador, la decisión de la Corte en ese caso «exige un acto normativo que resuelva o modifique , de modo legalmente eficaz, la inhabilidad para actuar ante los magistrados locales», es decir una ley de congreso que los autorice a los fiscales nacionales a actuar o la postergar transferencia de la justicia nacional a la CABA.

En ese sentido, Casal le sugirió al máximo tribunal que «suspenda la aplicación de lo decidido entonces hasta que se resuelva de manera normativamente adecuada la restricción que impide a este Ministerio Público Fiscal de la Nación llevar a cabo legal y eficazmente la nieva actividad procesal ante el fuero porteño que allí se demanda».

Como informó Clarín, como consecuencia del fallo, casi 300 jueces de la Nación dejan de estar sujetos al control directo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se sitúan en la órbita del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

El caso Levinas es un juicio civil de los herederos del genial pintor León Ferrari originado en el pedido de rendición de cuentas por diez obras que posee el periodista y la familia reclama.

El fallo de la Corte, firmado por el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, y por los magistrados Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, con el voto disidente del vicepresidente, Carlos Rosenkrantz, fija un importante criterio respecto al rol del Tribunal Superior de Justicia de la Capital Federal como instancia de revisión de fallos en casos que tramitan en la justicia nacional en la CABA.

Al analizar el caso, la Corte Suprema hizo referencia a la situación calificada de “anómala” que la justicia de la CABA atraviesa: una jurisdicción donde aún coexisten la justicia local y la nacional con competencia ordinaria, esto es: civil, comercial, laboral y penal.

Por su parte, Gil Lavedra continúa abocado en la tarea de allanar el camino de los abogados a partir de los cambios que impuso el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Levinas”.

“Más allá de las polémicas, se hace indispensable que brindemos una respuesta institucional acorde a las necesidades de nuestra matrícula”, señaló hoy en diálogo con la prensa.

El excamarista que juzgó a los comandantes de la última dictadura se mantuvo activo en la ciudad de Buenos Aires durante todo el mes de enero y estableció contacto permanente tanto con las autoridades del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (adonde concurrió el pasado día 15), como con la presidenta del Consejo de la Magistratura local, Karina Leguizamón.

Producto de esas instancias de diálogo, el Consejo de la Magistratura abrió una oficina -dependiente de su Dirección General de Defensa del Litigante- que funcionará de 9 a 16 horas en el hall de ingreso de la sede central del Colegio Público, ubicado en Av. Corrientes 1441, entre otras medidas de apoyo a los abogados.