El peronismo va por la Corte y chispazos en el Congreso por el escándalo cripto

Se reparten disfraces para una semana corta pero que acumula conflictos que pueden estallar como una granada racimo. El peronismo cree tener los votos para, dentro de unos 10 días, destronar en el Senado a los dos jueces de la Suprema Corte designados por decreto.

El reloj apura a los protagonistas de este minué, insólito en un país que tiene de todo menos gobiernos fuertes, procesos políticos sostenibles ni seguridad jurídica que blinde un poco al soberano del veneno de la incertidumbre.

La Suprema Corte mueve el jueves. Tiene un plenario de rutina, pero debutará Manuel García-Mansilla con un ingrato examen de lealtad. Dijo en una audiencia en el Senado que nunca admitiría ser juez por decreto -¿lo sacaron de contexto?-.

El tribunal de cuatro resolverá si la licencia que le dio la cámara a Ariel Lijo para ser juez en comisión es válida o no. García-Mansilla tiene la oportunidad de aclarar de qué lado del mostrador está. ¿Y si pregunta ‘quién es Lijo’, y se refugia en el juramento que blinda su designación?

Hubo gente que decía que Francisco, hecho Papa, ya no era más Bergoglio, que era otra persona –“Je est un autre”, dijo Rimbaud-. Si no resuelven el caso y lo dilatan una semana más, le abren juego al bloque de Unión por la Patria para que levante el paredón de fusilamiento de los dos.

Primero, los senadores peronistas firmarán esta semana el pliego de García Mansilla. Con eso habilitarán el tratamiento en el recinto y, creen, voltearán las dos designaciones.

Como es semana de disfraces, habrá mucho pinochismo en torno a este libreto. Hasta ahora hay dos perdedores que con la ñata contra el vidrio y cara de gil afanado: el peronismo y el Gobierno.

El peronismo dijo que nunca votaría a García-Mansilla, respaldado por la industria petrolera y su condición de militante «celeste» (abogó contra la despenalización del aborto), y muerde el freno al verlo ya juramentado.

El Gobierno, por su lado, rabia porque pagó el costo político del debate sobre el prestigio y la oportunidad de Lijo, y ahora el juez, ya designado, complica su juramento al refugiarse en un pedido de licencia.

A estos dos perdedores erraron en entender cuál era el debate. No era una decisión sobre el prestigio o el desprestigio de los candidatos. Era un debate sobre negociación sí o negociación no.

Este resultado provisorio ocurrió porque no hubo negociación y es lo que argumentó el Gobierno como uno de los considerandos del decreto de designación.

El sábado de Milei en el Congreso aportó los chispazos esperables. Pero lo más notable de la jornada ocurrió en sedes paralelas, que dieron un contexto singular a la inauguración del año legislativo. Nada más importante que las palabras de Mauricio Claver Carone, enviado del gobierno Trump a América Latina, sobre el CriptoGate.

No solo avisó que habrá investigaciones en EE.UU.; calificó el affaire como «una buena lección para el presidente Milei, y para otros, en el sentido de ser mejor aconsejado, de tener mejor equipo y no caer en errores innecesarios y autogolpes«.

Estos señalamientos tienen nombre y apellido. Claver es un crítico del equipo de Milei y tiene agravios pendientes con Guillermo Francos desde que compartieron funciones en el BID. Para Claver la presencia de «viejos peronistas» en el entorno de Milei es un lastre.

Tiene la misma opinión sobre Luis Caputo, por su desempeño en el último tramo del gobierno de Macri. Por lo demás, Milei debe haber retenido lo que le dijo el funcionario a Andrés Oppenheimer sobre que no habrá tratado de libre comercio Argentina-EE.UU.

Para quienes hacen psicología de los personajes de la política, es la clave del malhumor de Milei cuando subió a la tarima del Congreso y buscó, hasta encontrarla, la gresca con Facundo Manes.

La calidad suburbana de la sesión se prueba en el retablo de la ceremonia. ¿No conoce Martín Menem el protocolo que dice que cuando se canta el himno hay que ponerse firme y quedarse con las manos quietas? ¿No hay en este gobierno de policías ningún soldado instruido?

El primo Menem escuchó la canción patria, creyó que sonaba «Aurora» y se puso a izar la bandera. ¿No hubo ningún edecán que le afease el gesto? Cantar el himno en las sesiones de Congreso es una rutina que se le atribuye a Julián Domínguez, que presidió la cámara durante la legislatura 2011-2015.

Ocurrió durante la segunda presidencia de Cristina de Kirchner, que importó de las películas de Netflix la costumbre pitiyanqui (como diría Hugo Chaves, que hace guardia sobre los luceros) de ponerse el puño sobre el corazón cuando canta el himno.

Este posible ultraje al símbolo nacional será analizado en el futuro junto a otros debates como la versión del himno de Charly García o el arreglo musical de «Los Sultanes» que fue objeto de una causa en el año 2002 que fue desestimada por la Justicia y liberó de responsabilidades de los creadores del inolvidable hit «Estoy saliendo con un chabón».

La sesión fue apenas la antesala de un año tumultuoso para el oficialismo, que querría cerrar el Congreso hasta las elecciones. Antes de la llegada del Presidente, un puñado de primos Menem y legisladores de bloques amigables, discuten sobre el CriptoGate y la necesidad o no de que el Congreso abra el juego para explicar lo que ocurrió.

Los bastoneros del oficialismo se agarran de las encuestas (que ellos mismos encargan y pagan) y afirman que el caso no ha impactado en el prestigio del Gobierno y que la gente se va a olvidar.

Diputados de Encuentro Republicano como Miguel Pichetto y Oscar Agost Carreño responden que el Congreso tiene que escuchar a los funcionarios señalados por alguna participación en el caso. No quieren juicio político (por ahora, como arriesgó el documento del PRO). Pero por lo menos, piden, tienen que venir Guillermo Francos, Luis Caputo, Manuel Adorni y algun@ otr@ funcionari@ a cumplir con el rol catártico que tiene su presencia el Congreso.

Es lo que permiten las interpelaciones, como en otras épocas ocurrió con funcionarios que fueron al Congreso por casos como Sivak, Yabrán, Correos, etc. Los oficialistas minimizan estos pedidos y aconsejan, entre risas y bromas, que esperen a que Francos rinda su informe bimensual a la Cámara y que aprovechen esa rutina para sacarse el gusto.

El final de ese encuentro, cuando llegaba ya el auto de Milei al Congreso, terminó con reproches duros entre las partes. Los dialoguistas no recibieron respuestas a qué va a ofrecer el oficialismo a cambio de que la oposición amigable no siga reclamando por el CriptoGate.

Si no hacen algo el peronismo quedará liberado para atacar desde la Comisión de Juicio Político, o avanzar en la creación de una comisión investigadora que puede tener consecuencias más graves para el Gobierno que una interpelación. Este tipo de temas escalan a medida que pasa el tiempo y se disipa el poder de los responsables, una de las fatalidades de la política que se aprenden con sangre.

El tiempo nunca sepulta nada. Por el contrario, agrava todo en el fabuloso teatro de la memoria (Sciascia, guglear) donde se mezclan la fábula con la realidad y marchan presos todos. En este entuerto la escalada va a comenzar en los Estados Unidos.

Lo enseña Felipe González, que sabe de estas cosas: lo grave no es meter la pata, lo grave es no sacarla pronto. La mesa de Martín Menem, alrededor de la cual ocurrió esta discusión, se rió del eco que tuvo el caso en la prensa de EE.UU.

«La gente no lee el New York Times», se rieron. Cuando se despedía, uno de los vicejefes de Gabinete se acercó a uno de los legisladores y se disculpó en estos términos: «Espero no venir nunca más a defender proyectos estúpidos como Ficha Limpia en el Congreso».

Buscó despertar alguna sonrisa, pero el interlocutor es de los que nunca se ríen (tampoco aplaude ni toma mate). El interlocutor le contestó que las próximas víctimas van a ser ellos.

Si se comparan escenarios, la sesión de la asamblea mostró menos poder y convicción que la de 2023, cuando Milei habló de espaldas al recinto y los legisladores, y se la bancaron piola macho sentados en sus bancas. Esta vez fue de frente, pero con una minoría de los integrantes de las dos Cámaras.

La exasperación era notable y se exhibió en el ataque a los presentes, que eran en su casi totalidad legisladores de los bloques amigables. Fueron los que le aprobaron la ley de Bases y le salvaron en Diputados el DNU 70/23 (derogado ya por el Senado); suspendieron las PASO; le aprobaron los proyectos punitivistas para el país más seguro de América Latina, etc.

Y Milei igual los insultó, llamó a la desaparición de la política y terminó con una gresca con el alcanza pelotas -el arrinconamiento de Facundo Manes por Santiago Caputo y sus entornistas de internet-.

¿Qué está dispuesto a ceder el Gobierno a cambio de que Diputados no apruebe la creación de una comisión investigadora del CriptoGate en la sesión pedida para el 11 de marzo? Un grupo del bloque Encuentro Federal Republicano, que coordina Nicolás Massot, lanzará antes de fin de mes el primer desafío de agenda legislativa de la oposición, para quebrar el intento del oficialismo de dormir a la Cámara durante el año electoral.

Se trata de una reforma previsional que compense el final de la moratoria que el oficialismo no quiere renovar. El proyecto busca crear una Pensión Proporcional para la Vejez (PPV). Hoy existe la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) que reconoce una prestación equivalente al 80% de la jubilación mínima para quienes no llegan a aportar los 30 años.

La PPV es una forma de reconocer un porcentaje proporcional a lo que cada uno pudo aportar, sin el mínimo de 30 años. El haber mínimo seguiría siendo la PUAM, nivel a partir del cual cada año aportado mejoraría proporcionalmente el haber. La gente que aportó entre uno y 29 años, sin moratoria, no recibiría nada a cambio. Solo recibiría la PUAM, como quien no aportó nada.

En el debate de la ley de Bases, el Senado excluyó del dictamen un sistema de compensación del final de la moratoria. Diputados avaló esa eliminación del capítulo previsional en la versión final de la ley, que comenzará a producir efectos desde la última semana de marzo. El proyecto está siendo trabajado por Massot junto con Diego Bossio y su equipo.

El ex director del Anses define por estas horas su participación como candidato a legislador porteño en las próximas elecciones de CABA. Bossio fue en 2023 jefe de campaña de Juan Schiaretti y se suma a la lista de estrellas que buscan su lugar bajo el sol de la legislatura porteña: Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lousteau, Juan Manuel Abal Medina.

El límite al proyecto de paralizar el Congreso es el temor a que la oposición intente contrarrestar, imponiendo una agenda de gobierno legislativo. Además de la reforma previsional, otro territorio para la confrontación será la demorada reforma fiscal que promete el secretario de Hacienda Carlos Guberman.

En esta el gobierno tiene la oportunidad de empadrar los tantos. El proyecto, hasta donde saben los diputados, es una actualización de los Consensos Fiscales que negoció Rogelio Frigerio con los gobernadores cuando era Ministro del Interior de Mauricio Macri. El Gobierno siempre tiene de su lado a los gobernadores cuando se discute de plata porque siempre terminan beneficiadas las provincias.

El sistema de los Consensos Fiscales no es nuevo. Busca reducir impuestos (que no haya más de 8 impuestos en total), eliminar Ingresos Brutos, dejar todo en manos de un Tax a la venta final, y dar incentivos para mantener el equilibrio fiscal.