El ocaso de una polémica forma de protesta: los bloqueos sindicales cayeron de 75 a 8 casos anuales entre 2021 y 2024Por Ricardo Carpena

Los bloqueos sindicales contra las empresas cayeron en picada desde 2021. Ese año se alcanzó el récord de unas 75 protestas de ese tipo en todo el país, que derivaron en el cierre de 6 pymes que no podían trabajar por el hostigamiento de los gremialistas. En 2023 los bloqueos se redujeron a 12 y en 2024 sólo se produjeron 8, aunque en un año aumentaron de 35 a 54 las consultas de empresarios con conflictos laborales que pidieron ayuda para saber cómo debían actuar ante esas medidas.

Los números, que surgen de las estadísticas del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), son muy impactantes porque hace poco más de 3 años el Sindicato de Camioneros, en particular, y otras organizaciones gremiales habían puesto de moda la modalidad de bloquear a las pymes para efectuar distintos reclamos impidiendo el acceso y la salida de vehículos y personas de los depósitos y establecimientos, muchas veces con violencia, insultos, intimidaciones y agresiones físicas y, para colmo, en medio de la pasividad, la tolerancia e incluso la complicidad de funcionarios gubernamentales, efectivos policiales, fiscales y jueces.

¿Qué fue lo que pasó? Se acumularon diversos factores que explican esta caída de los casos de bloqueos. Por un lado, fue decisiva la existencia del MEAB, creado en mayo de 2021 a partir de la iniciativa de Verónica Razzini, dueña de una empresa en Rosario que en 2020 estuvo bloqueada 90 días por el Sindicato de Camioneros de Santa Fe y que logró que la Justicia detuviera e imputara a los activistas que impidieron el acceso a sus sedes y amenazaron a sus directivos.

Secundada por la abogada penalista Florencia Arietto, que diseñó la estrategia jurídica, Razzini (actual diputada nacional del PRO) logró agrupar a dueños de pymes que eran víctimas de los bloqueos para asesorar a otros colegas a los que les pasaba lo mismo. El MEAB surgió con 18 pymes y en un año ya llegaban a 122 y a los dos años, a 259. Hoy, presidido por Juan Méndez, sumó a distintas cámaras para representar a unas 1900 empresas y su tarea fue determinante para los últimos cambios legislativos sobre el tema y medidas oficiales como el protocolo antibloqueos del Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich.

La contraofensiva del MEAB al denunciar sistemáticamente los bloqueos ante la Justicia, además, fue consiguiendo resultados que modificaron la tendencia de los sindicatos a protestar de esa forma. Luego del pico de bloqueos que se registró en 2021, los casos se redujeron de manera drástica en 2022: pasaron de 75 a 53 los bloqueos realizados por 18 gremios que se desempeñaban en 24 actividades distintas en 11 provincias. Pero el dato novedoso es que en ese año aumentó la cantidad de empresas que se animaron a presentar una denuncia penal contra los responsables de los bloqueos, algo que, sumado a la acción rápida de algunos jueces y fiscales en todo el país, llevó a que muchos sindicatos no concretaran o no mantuvieran este tipo de protestas.

De los 53 bloqueos registrados por el MEAB hace tres años, 19 fueron protagonizados por el Sindicato de Camioneros. Y gracias a la estrategia judicial desplegada por esta organización de pymes, en agosto de 2023 ya había 10 dirigentes y activistas sindicales detenidos, 51 imputados y una veintena que iría a juicio en unas 30 protestas extorsivas.

De ese grupo de sindicalistas que quedó en la mira de la Justicia, los dos principales que siguen detenidos con prisión domiciliaria son el líder del Sindicato de Camioneros de San Nicolás, Maximiliano Cabaleyro, y el dirigente Fernando Espíndola, que esperan el juicio oral y público por estar procesados en la causa por un bloqueo contra Distribuidora Rey, en 2021.

Pero las presentaciones judiciales de Arietto, con el sello del MEAB, también lograron otros fallos que involucraron a importantes jefes sindicales. Por un lado, en noviembre pasado, el cotitular de la CGT Carlos Acuña fue procesado y embargado por 8 millones de pesos por un bloqueo realizado en octubre de 2021 a una estación de servicio ubicada en la avenida Jujuy y México. Por otro, en diciembre, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Capital Federal fijó para el 5 y 12 de junio de este año las audiencias en el juicio contra Omar Pérez, un dirigente de confianza de Hugo Moyano, y otros 4 representantes del Sindicato de Camioneros por el bloqueo contra la pyme Andar Transportadora en 2020, acusados de extorsión en grado de tentativa.

La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones de lo Criminal y Correccional, por ejemplo, criticó en duros términos el bloqueo del sindicato de estaciones de servicio, liderado por Acuña: “Ningún derecho (por el de huelga) puede ejercerse abusivamente, dado que la ley no los considera absolutos ni tampoco ampara su uso excesivo”. La Cámara recordó que la Corte Suprema había considerado que “el derecho de huelga, con jerarquía constitucional, no es óbice a la sanción legal de tipos de conducta que importen extralimitaciones en el ejercicio razonable de dicho derecho”.

Luego de la asunción presidencial de Javier Milei, la lucha contra los bloqueos tuvo respaldo oficial. Mientras Razzini se constituyó en la voz del MEAB en la Cámara de Diputados, con proyectos de ley que proponían agravar las penas a quienes bloquean empresas, el DNU 70 contemplaba que esa modalidad de protestas será reprimida con 3 a 6 años de prisión y las consideraba una “grave injuria laboral” que habilitaba a despedir con causa a quienes las llevaran adelante.

Con el decreto de necesidad y urgencia frenado en la Justicia por una presentación de la CGT, y para poder sancionar la Ley Bases en el Congreso, el Gobierno aceptó aliviar las penas contra los responsables de los bloqueos porque en el DNU 70 decía que esa acción será reprimida con 3 a 6 años de prisión y luego, en el último borrador de la reforma laboral, se redujo de 6 meses a 3 años de prisión, e incluso desapareció otro artículo que consideraba “grave injuria laboral, como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo, la participación en bloqueos o tomas de establecimiento”.

Sin embargo, luego de que los senadores de la UCR lo incluyeron, quedó en la ley el artículo que considera los bloqueos como “grave injuria laboral” y que les da a los empleadores amplias facultades para despedir con causa a quienes participan de esas acciones de protesta.