El legado del papa Francisco para la justicia penalPor M. Borinsky y D. Schurjin Almenar|OPINIÓN

La partida de este mundo terrenal del papa Francisco el pasado 21 de abril de 2025, ha generado un shock mundial. Nacido como Jorge Mario Bergoglio en Buenos Aires, hace 88 años, su elección como el primer papa latinoamericano y jesuita marcó un hito en la historia de la Iglesia Católica. Durante su pontificado, que duro más de 12 años, Francisco se destacó por su humildad, empatía y compromiso con los más necesitados, promoviendo una Iglesia más cercana a las periferias y a los marginados.

Su legado reformista abarcó múltiples áreas, incluyendo una profunda reflexión sobre el derecho penal y la justicia. Francisco abordó estas cuestiones desde una perspectiva ética y humanista, integrando principios de misericordia, dignidad humana y justicia restaurativa. Sus enseñanzas y escritos ofrecen una transformación hacia un modelo más inclusivo. También me tomo el atrevimiento de contar algunas enseñanzas que me dejo el Papa Francisco en la audiencia privada que mantuvimos en la biblioteca del Vaticano el pasado 19 de agosto de 2024.

El papa Francisco estimuló una concepción del derecho penal centrada en la dignidad de la persona humana y en la necesidad de una justicia que no se limite solo al castigo, sino que busque la rehabilitación y la reinserción social del acusado. En su mensaje a la Asociación Internacional de Derecho Penal, destacó la importancia de que el derecho penal actúe como “ultima ratio”, es decir, como último recurso, y que se enfoque en los delitos más graves que afectan los intereses individuales y colectivos más dignos de protección.

Francisco criticó el populismo punitivo y la tendencia a utilizar el derecho penal como una herramienta de control social, advirtiendo que esto puede llevar a la criminalización de la pobreza y a la exclusión de los más vulnerables. En su carta a la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal, expresó su preocupación por el uso del derecho penal para “resolver conflictos sociales” y por la “inflación legislativa” que conduce a un endurecimiento de las penas sin una verdadera eficacia en la prevención del delito.

En este sentido, el Papa abogó por una justicia que contemple la reparación del daño causado a las víctimas y que promueva la reconciliación. En sus discursos, resaltó la necesidad de ofrecer oportunidades de conversión y reinserción a los infractores, evitando su estigmatización y marginación. Esta visión se alinea con los principios de la justicia restaurativa, que busca restaurar las relaciones afectadas.

El papa Francisco se opuso a la pena de muerte y a la prisión perpetua. En la encíclica “Fratelli tutti”, declaró que la pena capital es “inadmisible” y que la Iglesia está comprometida con su abolición mundial. Argumentó que la pena de muerte niega la posibilidad de redención y rehabilitación, y que no se justifica en una sociedad que debe buscar soluciones más humanas y eficaces para la seguridad y la justicia.

Criticó las condiciones inhumanas de muchas cárceles. Al respecto, en la audiencia personal por temas Institucionales que mantuvimos en el Vaticano con otros colegas en agosto pasado, el sumo pontífice remarco que “hay que instruir a los directores del sistema penitenciario a que cuiden a los presos”.

El papa Francisco en sus discursos aludió al uso excesivo de la prisión preventiva y la falta de programas efectivos de rehabilitación. En su mensaje a los participantes del Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Derecho Penal, instó a los juristas a promover alternativas a la prisión y a trabajar por un sistema penal más justo y humano.

El Papa insistió en la importancia de la víctima para el proceso penal, no con fines mediáticos ni políticos; al contrario, debe ser protegida, reparada y acompañada.

En lo que respecta a la corrupción, el pontífice fue tajante: la identificó como uno de los males más graves de nuestro tiempo y la definió como un “proceso de muerte”. Afirmó que la corrupción erosiona la confianza pública, destruye la equidad social y promueve una cultura del descarte. “La corrupción no es simplemente un pecado, es un estado —decía—, una naturalización del abuso, donde el corrupto ya no siente el mal que genera”. Y agregó: “La corrupción es un mal más grande que el pecado. Más que perdonada, debe ser curada”.

En este marco, el Papa colocó al delito de trata de personas en el más alto nivel de gravedad penal y moral. La calificó expresamente como un crimen de lesa humanidad, tanto por el derecho internacional como por la doctrina moral de la Iglesia. Y fue más allá: afirmó que la trata no puede existir sin la complicidad activa u omisiva del Estado, y que cuando las autoridades no previenen ni combaten eficazmente esta práctica —o, peor aún, participan de ella—, los Estados se vuelven también responsables frente a sus ciudadanos y ante la comunidad internacional.

Para Francisco, la trata de personas representa la forma más brutal de esclavitud contemporánea. Citando cifras, llamó la atención sobre el vínculo entre pobreza estructural, desplazamiento forzoso y captación de personas para la explotación sexual, laboral o servil. “Quien debía proteger —alertó— termina negociando con vidas humanas”. Y sostuvo que este fenómeno no puede entenderse como un simple delito aislado, sino como una forma de criminalidad sistémica que expresa las fallas más profundas del orden social global.