El Gobierno tensa el vínculo con el Congreso por el FMI y la Corte, pero apuesta a negociar las vacantes en el Poder Judicial

La Casa Rosada juega al fleje. Cuando las encuestas empiezan a reflejar las consecuencias del escándalo de $Libra y la oposición más dura huele sangre, el Gobierno le da la espalda al Congreso cuando intenta asegurarse dos objetivos clave para Javier Milei: el acuerdo con el FMI y los nombramientos en la Corte Suprema. A pesar de la tensión, el oficialismo no cierra los canales de negociación.

El kirchnerismo y los sectores de la oposición más dura buscan bajar el pliego del flamante juez del máximo Tribunal Manuel García Mansilla. El magistrado, nombrado por decreto en comisión, se desmarcó del Gobierno y le bajó el pulgar a Ariel Lijo, que pretendía tomarse una licencia como juez federal para ascender a supremo.

El desconcierto en la Rosada fue tal que muy cerca del Presidente ponían en duda la veracidad del fallo de la Corte que puso en pausa la llegada de Lijo, cuando la noticia ya había copado todos los portales de noticias del país. Con la novedad consumada, en la mesa chica de Milei defendieron la supuesta independencia de criterio de García Mansilla. Este sábado, el jefe de Gabinete -en los papeles- Guillermo Francos explicitó ese mensaje. «La decisión de Mansilla respecto de Lijo demuestra que es un juez completamente independiente, no me sorprende», reflexionó.

El peronismo prepara un dictamen para rechazar también la nominación de García Mansilla con la intención de dejar sin efecto ambos pliegos en el recinto. Al académico le cuestionan que mintió al asegurar -durante su exposición frente a la comisión de Acuerdos de la Cámara Alta- que no aceptaría un nombramiento en comisión.

En Balcarce 50 no recalculan a pesar de las amenazas y advierten que el Senado no tiene la potestad de bajar los nombramientos en comisión. “Eso no afecta. Sus cargos duran lo que el decreto, hasta el final del año legislativo”, expuso uno de los operadores judiciales de la Rosada.

Francos se expresó en la misma línea. «Si el Senado no termina de dar el acuerdo, el magistrado sigue en funciones hasta el 30 de noviembre y es legítimo. Sigue con la designación por decreto por parte del Presidente. Hasta el 30, ambos jueces están uno ya en su cargo (por Manuel García-Mansilla) y el otro puede estarlo en función de esto», consignó en declaraciones a la AM 750.

El jefe de Gabinete, que tiene despacho en la planta baja de Balcarce 50, reiteró el mensaje que emanó desde primer piso de Casa Rosada, donde tienen sus oficinas los integrantes del triángulo de hierro o el «ancla de plomo», como Macri llama a Karina Milei y Santiago Caputo. El mensaje fue contundente: el Gobierno no tiene planeado retirar el pliego de Lijo. “No tenemos un plan B para Lijo. Si la Corte no le toma juramento es una decisión de la Corte, el Gobierno no puede hacer nada (…) Es algo que está fuera de nuestra decisión, es un tema entre Lijo y el Senado, uno de los dos tendrá que decidir», declaró Francos.

Sin embargo, el Ejecutivo tiene más de 200 argumentos para suavizar los de los opositores; sobre todo en lo referido a Lijo. Se trata de los pliegos para llenar las vacantes de 146 jueces federales, 37 fiscales y 45 defensores públicos, además del cargo de procurador y defensor del Pueblo, que el Ejecutivo debe proponer a la Cámara Alta. Es la moneda de cambio con gobernadores y otros sectores del peronismo.

El Gobierno anunció en noviembre pasado que los enviaría, pero nunca los apuró. En su discurso del 1 de marzo, el Presidente sugirió que podría ir más lejos y completar el total de las vacantes pendientes, el doble de lo que el Gobierno apuntaba el año pasado. «Tenemos la intención de avanzar en el envío de los pliegos de todos los cargos vacantes de la Justicia Federal, incluidos el procurador general, el defensor general, el defensor del pueblo, todos los juzgados federales, todas las fiscalías y todos los defensores públicos que hoy faltan designar, que son alrededor del 40% de los magistrados de la Justicia Federal», dijo el Presidente frente a una Asamblea Legislativa semivacía.

En el Gobierno repiten que no tienen en su agenda una ampliación de la Corte Suprema, como pretendían varios mandatarios provinciales y algunos de los interlocutores del kirchnerismo, pero no clausuran esa opción.

En algunos despachos encumbrados apuestan que el peronismo preferirá votar el pliego de Lijo que una Corte que vote en contra de los intereses de Cristina Kirchner. Incluso hay quienes sugieren que el voto de García Mansilla, que para la mayoría perjudicó al oficialismo, en realidad quiso ser un mensaje en contra del peronismo; una hipótesis que reflejaría más sofisticación y estrategia que la que el Gobierno viene mostrando en otras áreas.

Queda por ver qué seduce más a diferentes espectros de la oposición: si asegurar una Corte más apetecible a sus intereses, el institucionalismo o el olor a sangre de un gobierno a la defensiva que empezó a pagar el costo de sus decisiones, después de una sumatoria de errores autoinfligidos.

El oficialismo acelera y cuatro días después de que el Presidente prometiera enviar al Congreso el acuerdo inminente con el FMI, anunció que el mismo será aprobado por DNU. Al legislativo le quedará solo la opción de que las dos Cámaras del Congreso tiren abajo el decreto.

“Hay que analizar las normas constitucionales del país y fijarse si tiene más fuerza una ley o una Constitución (…) Acá lo que interesa es la relación entre el FMI y Argentina, no busquemos pelos en la leche»”, reflexionó Francos.

Los sectores del PRO y la UCR que promueven un acuerdo electoral con el Gobierno y preparaban un acto conjunto para este lunes (que quedó suspendido por la inundación en Bahía Blanca) sugieren que el acuerdo con el FMI y el eventual desembolso -cuyo monto no estará especificado en el DNU, según confirmó Francos- allanarán el camino del oficialismo rumbo a octubre.

Imaginan que los cerca de US$ 20 mil millones ofrecerán una perspectiva de salida del cepo cambiario, pax cambiaria, créditos hipotecarios, inflación a la baja e importaciones para quienes las pretendan. Señalan que solo la chance de que Cristina Kirchner gane en octubre, podría derrumbar las expectativas económicas y políticas, que para el Gobierno son la misma cosa.