El Gobierno implementará a partir del 11 de agosto el nuevo código acusatorio en los tribunales de Comodoro Py

El Gobierno implementará el nuevo Código Procesal Penal a partir del 11 de agosto en los tribunales federales de Comodoro Py y avenida de los inmigrantes, los más grandes de todo el país.

Se trata del nuevo sistema en el cual la investigación pasa de manos de los jueces a los fiscales y agiliza el procedimiento al hacerlo oral y con pocas partes por escrito, revelaron a Clarín fuentes judiciales.

El anunció lo hizo este martes el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en reuniones o comunicaciones telefónicas con miembros de la Corte, la Procuración General de la Nación y las cámara federal y de Casación, entre otros tribunales porteños.

El nuevo Código Procesal ya funciona en 10 provincias y el año pasado fue puesto en marcha con éxito en Rosario, pero fuentes judiciales advirtieron que “hay voluntad política en toda la Justicia de implementarlo pero el Gobierno debe garantizar los fondos para crear nuevas salas de audiencias o sistemas informáticos”. Todo sin tener en cuenta que el 30 por ciento de los juzgados y las fiscales federales están vacante y el Gobierno no manda las ternas de candidatos al Senado. Por ejemplo, la cámara de apelaciones del fuero en lo Penal Económico de sus seis jueces solo tiene dos titulares.

Por lo pronto, el 1° de abril, Cúneo viajará a Mar del Plata para implementar el nuevo sistema pero se trata de un distrito judicial chico, comparado con Comodoro Py.

Si se lograr la implementación en la justicia federal -por ahora no abarcará la justicia nacional- solo quedará la provincia de Buenos Aires para implementarlo.

Recientemente, Cúneo Libarona explicó cómo funciona el sistema acusatorio que promete acelerar las causas judiciales. «Vos hoy sos víctima de un delito e interviene un juez. Ese juez puede delegar en el fiscal la investigación o se la queda él, es selectivo”, explicó sobre cómo se inicia en la actualidad una investigación.

Y continuó con la explicación: “A partir de ahora toda causa va al Ministerio Público Fiscal que analiza si vale la pena que se investigue esto o si es un hecho insignificante”.

Luego, de acuerdo a los detalles brindados por le ministro, se puede plantear la posibilidad de realizar un juicio abreviado, acordar una condena y terminar el proceso, o por ejemplo, ofrecerle al imputado una probation, una conciliación o reparación, entre otras cuestiones. “Acá quedan gran parte de los expedientes», reveló de acuerdo a las experiencias en las provincias del norte.

En cambio, delitos de envergadura como pueden ser mafias, crimen organizado, organización de trata o corrupción son elevados al tribunal oral con celeridad. “Esto esta matemáticamente probado: Con celeridad se lleva a cabo el juicio oral”, afirmó.

Cúneo Libarona planteó que apuntan durante el gobierno de Javier Milei – y que el Presidente se lo pidió en reiteradas oportunidades- «transformar la justicia” y que haya “división de poderes, independencia y eficacia”. «Todas estas reformas tienden a que tengamos una justicia eficiente y rápida que es por lo que clama la sociedad”, concluyó.

El sistema acusatorio, cuya implementación fue dispuesta por la Ley 27.150 sancionada en 2015, pone la carga de la investigación en la cabeza del Ministerio Público Fiscal y da a los fiscales herramientas eficientes para llevar a cabo investigaciones complejas contra la criminalidad organizada. La implementación del Código Procesal Penal Federal en la Justicia Federal y Nacional Penal depende del cronograma progresivo del Ministerio de Justicia.