El Gobierno habilitó a la Oficina Anticorrupción a investigar el caso de la cripto $LIBRA

El Gobierno habilitó a la Oficina Anticorrupción (OA) a investigar el caso de la criptomoneda $LIBRA, que había sido difundida por el presidente Javier Milei en sus redes sociales. Con el objetivo de analizar el origen del activo, también se oficializó la creación de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), el organismo que estará compuesto por especialistas capaces de analizar el trasfondo del proyecto.

Por medio de la publicación del Decreto 114/2025, el mandatario y la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, firmaron el documento que permitirá que la Oficina Anticorrupción inicie una investigación sobre posibles irregularidades o hechos de corrupción vinculados al criptoactivo.

De esta manera, apuntaron que el organismo dependiente del Ministerio de Justicia deberá presentar las denuncias correspondientes, en el caso de que se hallaran presuntos sospechosos de haber cometido ilícitos en el marco del proyecto que fue lanzado al mercado el pasado viernes 14 de febrero.

En línea con esto, el artículo 2° del decreto estableció la conformación de la UTI, un organismo que funcionará dentro del Ministerio de Justicia. El área especializada tendrá la misión de recopilar información sobre $LIBRA y colaborar de manera rápida con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal (MPF) durante el proceso investigativo.

Al mismo tiempo que apuntaron que el Estado “debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública”, según lo establece el sistema republicano, en el considerando resaltaron que es “derecho de todo ciudadano a tener conocimiento de las cuestiones de interés público vinculadas a la manera en la cual los funcionarios públicos hacen ejercicio de su cargo”.

Entre sus funciones, la Unidad de Tareas de Investigación tendrá la facultad de poder requerir información y documentación a los organismos del sector público nacional, así como solicitar datos a entidades provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y organismos internacionales a través de la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Incluso, la unidad podrá recibir y gestionar requerimientos de la Justicia; convocar a funcionarios y expertos que sean considerados necesarios para avanzar en el proceso; y recopilar los datos, información y documentación, para ser posteriormente enviada hacia el órgano de investigación competente.

Otra de las funciones claves que tendrá la UTI será la de denunciar cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de los elementos que fueran considerados relevantes para la causa, según se redactó en el artículo 3°, inciso f. del decreto.

De hecho, el escrito ordenó que “la información, datos y documentación obtenida deberán ser mantenidas adoptando las medidas de seguridad necesarias para garantizar su inalterabilidad y prevenir su revelación o divulgación no autorizada”.

Por su parte, el Ministerio de Justicia será el encargado de dictar las normas operativas necesarias para el funcionamiento de la UTI, sin que ello implique un gasto adicional para el Estado. Asimismo, se aclaró que una vez concluidas las tareas para la que fue creada, la unidad será disuelta.

Las medidas que fueron oficializadas esta madrugada ya habían sido anticipadas por el Gobierno nacional el sábado pasado, cuando la Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que confirmaron que el caso que involucró al presidente sería investigado, tras el revuelo que generó el alza y abrupta caída de la criptomoneda en cuestión de horas.

“El Presidente Javier Milei ha decidido darle intervención de forma inmediata a la Oficina Anticorrupción (OA) para que determine si existió una conducta impropia por parte de algún miembro del Gobierno Nacional, incluido el propio Presidente”, anunciaron, para luego señalar que la UTI sería un organismo que será formado por representantes de órganos y organismos vinculados a los criptoactivos, actividades financieras y lavado de activos.