MADRID.- El gobierno español dio su visto bueno el martes a la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales sin cambios salariales, sacando adelante una de las medidas emblemáticas de la coalición de partidos de izquierda liderada por el presidente socialista Pedro Sánchez, a pesar de la oposición de las asociaciones patronales. La medida todavía debe ser aprobada por el Congreso.
En su reunión semanal, el Consejo de Ministros aprobó la reducción de las 40 horas actuales mediante un decreto ejecutivo redactado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, líder del partido de extrema izquierda Sumar, que gobierna con los socialistas. Díaz, que también es vicepresidenta del gobierno, hizo del plan de reducción de la jornada laboral para finales de 2025 un elemento central del apoyo de su partido a la presidencia de Sánchez.
“Hoy es un día en el que merece la pena formar parte del gobierno de España”, aseguró la vicepresidenta en la conferencia de prensa, para quien la medida “contribuye a modernizar” el país. “El trabajo es un medio, no una mercancía”, agregó Díaz, remarcando que las personas “no viven para trabajar, sino que trabajan para vivir”.
“Es un día histórico” porque “han transcurrido más de 41 años” desde la última reducción de “la jornada laboral en nuestro país”, enfatizó Díaz. “La reducción de la jornada laboral va a servir para mejorar la productividad en nuestro país. No se trata de echar [acumular] horas en el trabajo, se trata de ser eficientes en el trabajo”, añadió.
”Esta propuesta tiene que ver con vivir mejor, trabajar menos y ser mucho más productivos y más eficientes económicamente, tiene que ver con la vida de la gente”, dijo Díaz en declaraciones periodísticas. “Es la medida que está esperando no el gobierno de España sino los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país. Es una medida que mejora la vida de las personas”, agregó.
El texto adoptado el martes por el Consejo de Ministros resulta de un acuerdo firmado el 20 de diciembre con los dos principales sindicatos de trabajadores, UGT y CCOO, pero sin las organizaciones patronales, que decidieron a mediados de noviembre abandonar la mesa de negociaciones, después de once meses de reuniones infructuosas.
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que integra a dos millones de empresas y autónomos de todos los sectores de actividad, ha dicho que aumentaría los costos de las empresas españolas y las haría menos competitivas. Su argumento es que la semana más corta no debe imponerse por ley, sino a través de la intermediación colectiva para adaptarse a las necesidades de cada empresa. Estiman que no todos los sectores de actividad están en igualdad de condiciones y que una reducción generalizada de la jornada laboral podría debilitar a algunas empresas.
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, aseguró que los empresarios “defenderán sus posturas (de rechazo a la reducción horaria) y trasladarán a los partidos políticos sus opiniones, también legítimas”.
Los argumentos de los empresarios son rechazados por la ministra de Trabajo, que insistió en la solidez de la economía española, con un crecimiento de 3,2% el año pasado, el doble de lo que preveían los analistas. “Tenemos más ocupación que nunca, tenemos más crecimiento económico que nunca”, sostuvo. En este sentido, el ministro de economía actual destacó que actualizaron las expectativas de crecimiento para el 2025 en 2,6%.
Asimismo, Díaz argumentó que la medida “mejorará sustancialmente la productividad, reducirá el absentismo y democratizará los beneficios [de las compañías]”.
Sin embargo, el Banco Central advirtió que el aumento de los costos laborales podría disparar la inflación y frenar la creación de empleo.
Esta reducción en el horario afecta a cerca de 12 millones de trabajadores del sector privado, principalmente en el comercio, los servicios gastronómicos y la agricultura, ya que las 37,5 horas (siete horas y media por día) ya se aplican en el sector público y en las grandes empresas.
También se implementará una reformulación del control horario, que será “digital e interoperable” y el derecho a la desconexión, que significa que ningún trabajador “tendrá que responder a un mail o una llamada” fuera de la jornada laboral.
Ahora, el principal desafío para el gobierno de Pedro Sánchez, que no dispone de la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, consiste en convencer a sus socios parlamentarios de la necesidad de la reforma. De hecho, la medida despierta reticencias en el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y, sobre todo, entre los independentistas catalanes de Junts per Catalunya (JxCat), dos formaciones aliadas del ejecutivo pero próximas a círculos empresariales.
En la conferencia de prensa, Díaz rechazó que la advertencia de Junts a una posible negativa a respaldar la reducción de la jornada fuera una amenaza al gobierno. “Las formaciones políticas no amenazan, dialogan y negocian, y esto es lo que vamos a hacer”, insistió la ministra de Trabajo, quien evitó develar el contenido de las conversaciones que ya están manteniendo con la formación catalana.
Díaz prefirió desviar el foco de atención hacia las filas del conservador Partido Popular (PP): “La pregunta es si el PP va a repetir el error de la reforma laboral [contra la que votó en el Congreso] o va a aprovechar este cambio histórico para reconciliarse con sus votantes”, quienes, en su opinión, “también quieren la reducción del tiempo de trabajo”. La ministra dijo que el partido encabezado por Alberto Núñez Feijóo debe fijar si su prioridad es “tener una oposición absolutamente destructiva e inútil”.
Agencias AFP, Reuters y diario El País
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