El gobierno de Javier Milei se encamina a cerrar el año fiscal con un resultado que para muchos parecía poco probable de llevarse a cabo. Hasta noviembre ya habría realizado un ajuste sobre las cuentas del Sector Público Nacional equivalente a al menos 3,7% del PBI, suponiendo que el superávit financiero acumulado del mes se haya mantenido en torno del medio punto.
A esta altura del año, ya sobre el cierre, el resultado final positivo está asegurado, y solo resta el número fino de diciembre, que recién se va a conocer a mediados de enero de 2025. Como el acumulado del superávit primario de los primeros 11 meses fue del 1,8% del PBI, para que el resultado bajara a cero tendría que haber dos meses con déficit equivalente, lo que claramente que no ha ocurrido.
De mantenerse el ritmo de ajuste actual, el año cerrará el próximo 31 de diciembre habiendo realizado un ajuste fiscal equivalente a 5 puntos del PBI, teniendo en cuenta que en diciembre de 2023 el acumulado había sido de un quebranto de 4,43% del PBI. Es decir, el gobierno logró revertir el rojo del año pasado y para ser más convincente con el mercado, le sumó al menos medio punto de superávit fiscal.
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Para ello aplicó “motosierra” sobre las jubilaciones, el gasto de capital y las transferencias discrecionales a las provincias. En el caso de los jubilados, a lo largo del año aplicó un recorte de gastos del orden del 30%. En cuanto al segundo ítem, dejó de invertir en obras de infraestructura, algo que de no corregirse va a empezar a notarse en un mayor deterioro de rutas, caminos, puertos, energía. Y por otro lado, les recortó fondos discrecionales a las provincias en un 70%.
Tal como se podría suponer, hacer un ajuste equivalente a 5 puntos del PBI en un año no era posible tocando solamente el “gasto político”. “Esta vez el ajuste lo pagará la casta”, la frase mas usada en campaña por el presidente Javier Milei, tiene un componente mínimamente cierto.
El gran peso del programa recayó sobre los jubilados. Recién en diciembre el gasto previsional habría dejado de caer e incluso haber subido un poco en términos reales. Se debe a que el mayor peso del gasto en el Presupuesto es en jubilaciones y demás prestaciones sociales. Era imposible hacer el ajuste sin afectar a los beneficiarios.
Lo que los libertarios suelen denominar “gasto político” no es en sí lo relacionado con el financiamiento a los partidos sino la obra pública. Como presuponen que en toda inversión que encara el estado hay alguna irregularidad, decidieron eliminarla.
En cuanto las transferencias discrecionales, a lo largo del año el Gobierno logró acumular más de medio punto del PBI en el fondo que se destina a financiar los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) aunque de eso sólo uso $49.800 millones a lo largo del año. Quedaron en caja unos $600.000 millones.
Tampoco hay que menospreciar que desde mitad del año el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, empezó a usar Letras Capitalizables (LECAP) para colaborar con el Banco Central en la tarea de retirar pesos sobrantes del mercado.
La otra vía son las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI) que aunque las coloque la máxima autoridad monetaria, las paga el Tesoro. Ambos instrumentos contablemente no generan intereses, sino que al final de su vida engordan la deuda. Algunos economistas consideran que sin ello no sería posible el superávit financiero, pero otros, como la consultora 1816 dicen que si se ajustan por inflación los intereses devengados por esos bonos, el superávit financiero igual sería posible aunque en menor escala.
Una aproximación a las cuentas de noviembre
La Administración Pública Nacional (APN) cerró noviembre con un superávit primario de $1.14 billones y un déficit financiero de $44.802 millones, según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).
Los guarismos son el resultado por ingresos totales por $8,88 billones y gastos primarios por $7.,74 billones, que por el pago de intereses por $1,18 billones sumaron un gasto total de $8,9 billones.
El informe corresponde a la instancia devengada de la APN tiene diferencias metodológicas con las que usa el Gobierno, que es base caja por el total del Sector Público Nacional. La APN no incluye algunos organismos descentralizados del Estado, empresas y fondos fiduciarios.
El desempeño del mes pasado, como el de todos los meses de 2024, mostró una mejora respecto de los resultados de noviembre de 2023, cuando hubo déficits tanto primario ($206.824 millones) como financiero ($754.642 millones).
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