El BID financiará con u$s500 millones los subsidios al gas para hogares vulnerables, incluida la zona fría

El Gobierno aprobó un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por hasta u$s500 millones para el programa “Apoyo a la Focalización de Subsidios Energéticos con Protección a Hogares Vulnerables”. Según el contrato, el 98,9% de esos fondos se usará para pagar los subsidios al consumo de gas de los usuarios residenciales.

La medida se oficializó mediante el Decreto 1178/2026, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques.

Según los fundamentos de la norma, el objetivo del programa es resguardar el consumo energético de los hogares vulnerables y, a la vez, contribuir a la sostenibilidad fiscal y a la progresividad del esquema de subsidios energéticos. El contrato fija además tres metas específicas: mantener la asequibilidad del gas por redes, asegurar el acceso al gas en garrafas y fortalecer las capacidades del Estado para diseñar, implementar y monitorear el nuevo esquema.

De acuerdo con el plan de financiamiento incluido como anexo, el componente de bonificaciones a hogares vulnerables concentrará u$s494,5 millones. Con esos recursos se pagarán los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), regulados por el Decreto 943/2025, y el subsidio para la Zona Fría, creado por la Ley 25.565 y modificado por la Ley 27.637. Otros USD 5 millones irán a fortalecimiento institucional y estudios técnicos, y USD 500.000 a administración, auditoría y evaluación.

El contrato también prevé que el BID podrá reconocer como gastos elegibles hasta u$s100 millones en subsidios al gas pagados entre el 28 de abril y el 5 de agosto de 2026, antes de que se aprobara el préstamo, siempre que se hayan otorgado en condiciones sustancialmente análogas a las del acuerdo.

El componente de bonificaciones se ejecutará en cuatro fases, y en cada una se libera una parte de los fondos a medida que se cumplen ciertas metas. En las dos primeras, el préstamo cubrirá hasta el 90% de los subsidios elegibles, y en las dos últimas, hasta el 95%. Para pasar a la segunda fase, el Gobierno deberá poner en marcha un sistema de bonificación de los SEF para garrafas. Para la tercera, tendrá que implementar un proceso que mejore la identificación de los beneficiarios de garrafas y reduzca la posibilidad de que un mismo hogar reciba el beneficio por duplicado, además de presentar dos estudios: uno sobre precios y comercios de venta de garrafas y otro sobre el rediseño de esa asistencia. La cuarta fase quedará sujeta a la actualización de los criterios de elegibilidad y de los niveles de consumo base de los SEF.

En tanto, el componente de fortalecimiento institucional financiará consultorías y la compra de equipamiento para mejorar los sistemas de datos del esquema de focalización. También costeará estudios de mercado sobre el subsidio al gas en garrafas, la reevaluación de los bloques de consumo para gas natural y GLP, y estudios técnicos para fortalecer al regulador del gas, entre ellos análisis de elasticidad de la demanda y comparaciones tarifarias internacionales con foco en la simplificación de las tarifas.

En cuanto a las condiciones financieras, el préstamo deberá devolverse en un plazo de 25 años desde su firma, en cuotas semestrales, y la primera cuota vencerá a los 66 meses de la entrada en vigencia del contrato. Los intereses se pagarán cada seis meses, con una tasa basada en la SOFR, y la comisión de crédito no podrá superar el 0,75% anual. El plazo para los desembolsos será de cuatro años.

Para el primer desembolso, el Gobierno deberá acreditar la aprobación del reglamento operativo del programa y la designación de un equipo de ejecución integrado por un coordinador y por especialistas técnicos, de adquisiciones y financieros.

La ejecución estará a cargo del Ministerio de Economía, por intermedio de la Secretaría de Energía. La gestión operativa, financiera, contable, presupuestaria, de adquisiciones y de monitoreo quedará en manos de la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales, que depende de la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial de la Secretaría Legal y Administrativa. A su vez, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad actuará como organismo subejecutor de las tareas de equipamiento de datos y de los estudios para fortalecer al regulador, para lo cual deberá firmar antes un convenio con el organismo ejecutor.

En los considerandos, el Banco Central evaluó que la operación tendrá un impacto macroeconómico limitado sobre la balanza de pagos, mientras que la Oficina Nacional de Crédito Público no planteó objeciones, ya que el costo financiero del préstamo es menor al que el país obtendría en el mercado.

El decreto facultó al ministro de Economía, o a los funcionarios que designe, y al secretario de Finanzas a firmar el contrato. También habilitó al titular de Economía a acordar modificaciones, siempre que no impliquen cambios sustanciales en el destino de los fondos, un aumento del monto ni cambios en el procedimiento arbitral.