El trabajo de un/a juez/a no suele encontrar empatía con todas las partes que acuden al sistema de administración de justicia, ni con la sociedad, más allá de que se trate de un servicio para ella.
La tarea jurisdiccional guarda sus dificultades y es muy exigente. Los/as jueces/zas, deben actuar con apego a la Constitución Nacional, a los tratados internacionales sobre derechos humanos y a las leyes de la Nación, deben decidir los casos atendiendo a sus particularidades y a lo que las partes (fiscal, querellante, víctima, imputado y su defensa) le presenten.
Los jueces en el dictado de las sentencias deben exhibir templanza en las decisiones, independencia de los demás poderes del Estado y diligencia, así como idoneidad técnica, integridad moral, experiencia, valor, sentido común, humildad, capacidad de transformación, sensibilidad social, en la tramitación de los casos.
El camino para llegar a la magistratura es complejo, extenso y lleno de obstáculos.
Pero más arduo que el camino para llegar a la magistratura es asumir la función diaria que implica el ejercicio del cargo, por la importancia que generan las decisiones que se toman y el impacto que generan en la libertad y la propiedad de las personas. Se espera que los/as jueces/zas y el Poder Judicial de la Nación, como también los fiscales tengan un contacto más cercano a la sociedad, y que las decisiones que adopten inspiren confianza, producto de la independencia de criterio: la confianza pública es clave para la legitimidad del sistema.
Ahora bien, a diferencia del ejercicio de otros cargos del ámbito público, en los cuales se dirige a inspirar confianza a partir de criterios vinculados a decisiones del bien común, el cumplimiento de las expectativas que la sociedad deposita en quienes ejercen la magistratura en el Poder Judicial de la Nación y en los Ministerios Públicos se fundamenta en la sujeción de sus decisiones y dictámenes, según la tarea desempeñada, a la Constitución Nacional, los tratados internacionales sobre derechos humanos y a las leyes de la Nación, las que en ocasiones pueden ser coincidentes con las expectativas de la mayoría de la sociedad, o en ocasiones no serlo.
Las soluciones a los conflictos sobre los que conoce y deciden los jueces deben expresarse en un lenguaje sencillo, claro y de fácil comprensión para toda la ciudadanía y, de ser necesario, se espera que los/as jueces/zas puedan explicar con capacidad docente las sentencias a la sociedad, a la vez que estas sean difundidas por los medios de comunicación (en sus diferentes versiones y modalidades), para de esa forma concretar el control ciudadano sobre lo que hacen los/as jueces/zas. Ello, junto a otros mecanismos de control de la sociedad sobre los integrantes del Poder Judicial y los Ministerios Públicos, como el deber de hacer públicas las declaraciones de sus bienes y dar cuenta de lo que tienen antes, durante y después del ejercicio de sus cargos, fortalece la transparencia institucional sobre esta función pública, pues el poder de los/as jueces/zas se debe traducir en un servicio a la sociedad en términos de administración de justicia y no como un poder para ellos/as mismos/as.
La forma en que se lleva adelante el servicio de administración de justicia, sujeto a las expectativas de la sociedad, debe orientarse con base en principios tendientes a una Justicia eficiente, transparente e igualitaria vinculados a la eficacia y la eficiencia en la gestión de los casos, la celeridad y debida diligencia en la adopción de las decisiones, la publicidad de los procesos en los que se toman esas decisiones, la igualdad de trato, la constante especialización y capacitación de los/as integrantes del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos, presentar informes de gestión y el adecuado establecimiento de métodos de trabajo que promuevan la mejor utilización de los instrumentos disponibles, protocolos de trabajo; entre otros. La certificacion de la dinamica de trabajo mediante las normas ISO 9001 constituye un mecanismo valido de demostracion de eficiencia, transparencia y celeridad en la administracion de justicia.
Los/as jueces/zas deben decidir, con la debida prudencia y premura, el universo de conflictos sociales que tienen que fallar con equidad y justicia, sea que se trate de ciudadanos/as de bajos medios económicos, o de alto poder adquisitivo, se trate de delitos comunes o del crimen complejo y organizado, de delitos cometidos por funcionarios públicos o de juicios contra el Estado, con afectación al ámbito local o con implicancias internacionales. En definitiva, todos los casos deben ser decididos con equidad, equidistancia del conflicto, ajenidad de los intereses en disputa, independencia, templanza, en cumplimiento de todas las garantías y estándares del debido proceso, y con la debida celeridad y diligencia, pues la justicia lenta no es justicia.
Desde esa perspectiva, el cargo de juez/a (al igual que el de fiscal y defensor/a oficial) es de gran prestigio y se obtiene, como se ha dicho, luego de un largo y complejo camino, que implica concursos de análisis de antecedentes profesionales, exámenes escritos (y, eventualmente, orales), audiencias públicas, test de aptos psicofísicos, presentación de declaraciones juradas patrimoniales, consultas a la ciudadanía sobre las cualidades del/de la candidata/a, etc. En ese proceso de selección, como acto federal complejo, intervienen los tres poderes del Estado (Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, Procuración General de la Nación o Defensoría General de la Nación, según el caso, junto al Poder Ejecutivo Nacional y el Honorable Senado del Congreso de la Nación), en el cual se evalúe y se ponga a prueba, bajo la mirada de los los poderes estatales y de toda la sociedad, los diferentes valores que un/a juez/a debe tener. Se ponen a prueba a los/as candidatos/as para la búsqueda de perfiles que mejor consagren los valores de la imparcialidad (u objetividad, en el caso de los/as fiscales), independencia (de los poderes políticos, económicos, de otras agencias judiciales, e incluso de sus propios prejuicios e ideologías), la integridad moral, la experiencia, humildad, idoneidad técnica, capacidad de transformación y sentido común, así como la templanza ante los desafíos y en la toma de decisiones.
Ahora bien, más difícil que llegar al nombramiento de un cargo de magistratura es mantenerse en su ejercicio a lo largo de los años. Se pueden hacer bien las cosas todos los días, cumplir con las expectativas que la sociedad deposita en el Poder Judicial y los Ministerios Públicos —según el caso y sus ámbitos de competencia— durante meses, años o décadas. Pero una sentencia mal hecha o una acusación mal efectuada pueden tirar por la ventana todo lo construido durante años. En la tarea jurisdiccional en general, y en materia penal en particular, están en juego los valores más elementales del Estado de Derecho y fundamentales para las personas, como su libertad, su patrimonio; entre otros. Ser juez/a o magistrado/a no es solo llegar al cargo, también se trata de defenderlo y cumplir con el cometido constitucional de afianzar la justicia día a día. Esta obra trata sobre el camino para el acceso a la magistratura y la evolución de sus tareas durante el ejercicio de las funciones.
En sus páginas, intenta contestarse alguna de las preguntas más elementales sobre esa función:
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