Luego de que el Ministerio de Economía avanzara con la presión sobre los intendentes para que dejen de incluir las tasas municipales en los servicios públicos, el Enargas abrió un debate entre las empresas distribuidoras (Metrogas, Naturgy y Camuzzi, entre otras) que no fue muy bien recibido. Propuso que se modifique el reglamento de distribución para que se analicen los criterios para cortar el servicio por falta de pago. En concreto, el Enargas señaló que no debería cortarse el suministro si el usuario decide exceptuar del pago de la factura los conceptos que no están vinculados con la prestación del servicio, por ejemplo, las tasas municipales.
El interventor en el Enargas, Carlos Casares, hizo explícita esta propuesta en la apertura de la audiencia pública que se realizó hoy para tratar este tema, junto con la revisión quinquenal de tarifas (RQT) y la metodología de ajuste de las boletas. “Si las prestadoras se encontraran obligadas a la inclusión en factura de conceptos no vinculados al servicio, su falta de pago por parte del usuario no podrá dar lugar a la interrupción del suministro”, propuso Casares, luego de explicar que para limitar la capacidad de corte de las distribuidoras habrá que modificar el reglamento del servicio.
Adigas, la asociación que representa a las ocho distribuidoras del país, dijo que la mayoría “expresa su no conformidad” con la modificación propuesta.
“La mayoría de las distribuidoras considera que, tal como fue proyectada, la medida puede afectar la neutralidad impositiva del marco regulatorio y, por ende, la ecuación económico-financiera de las empresas. Esto es sin contar la dificultad operativa de implementar una diferenciación de los totales a pagar”, dijo Daniel Martini, director ejecutivo de Adigas.
Durante la audiencia pública, las distribuidoras pidieron más tiempo para analizar la medida y resaltaron sus preocupaciones. “Naturgy coincide con la importancia de dar información clara en las facturas respecto al régimen del servicio, sin embargo, entiende que a partir de la reciente modificación dictada por la Secretaría de Industria y Comercio, la inclusión de conceptos tributarios que no se vinculan con el servicio resultará excepcional y basado, exclusivamente, en eventuales medidas judiciales. Dada esta cuestión coyuntural, Naturgy no ve conducente la modificación proyectada en el reglamento para atender una situación excepcional”, dijeron en la distribuidora.
En el caso de Metrogas, la empresa cuyo principal accionista es YPF, dijo que debería analizarse con “más detenimiento y profundidad la propuesta de modificación del reglamento para la interrupción del servicio del gas por falta de pago de ciertos conceptos municipales”.
Con relación a los aumentos de tarifas, todas las empresas coincidieron en que debería haber adecuaciones mensuales que acompañen el incremento de los costos y sugirieron dos variables de ajustes: o tomando en cuenta el índice de precios mayoristas (IPIM) o usar una fórmula polinómica que tenga en cuenta el IPIM, los costos de los materiales de construcción (ICC) y los salarios (IS).
En el caso de los aumentos pedidos, TGN propuso una recomposición de 45%, que tendría un impacto en la factura final de los usuarios e ingresos altos de entre 4,3% y 9,7%, según su ubicación geográfica. TGS, por su parte, pidió un ajuste tarifario menor, de 22,7%.
Naturgy, en tanto, dijo que el ajuste sugerido equivale a una suba mensual de $4849 adicionales o de $161 por día. En el caso de Metrogas, la distribuidora dijo que los aumentos propuestos se traducen en incrementos en la factura final de entre un 8% y un 23% para usuarios comerciales y de entre un 5% y un 19% para grandes usuarios.
Los porcentajes recomendados no son vinculantes para la decisión final que tome el Enargas, que se anunciaría en las próximas semanas para que se apliquen los nuevos cuadros tarifarios a partir de marzo.
Al igual que ocurrió con las distribuidoras eléctricas, en el servicio de gas, el Enargas también bajó la tasa de rentabilidad esperada a 7,64% para los próximos cinco años. Esta reducción fue rechazada por todas las empresas. TGN, por ejemplo, dijo que el costo de capital (WACC, por sus siglas en inglés) debería ser similar a la última revisión tarifaria de 2017, cuando se planteó un 10,2%, considerando un riesgo país de 579 puntos.
“No es posible aceptar el cálculo de costo de capital que hizo el Enargas, que incluye una prima de riesgo país de 423. Si bien compartimos el optimismo de que persistir en el superávit fiscal redundará en un futuro en un menor riesgo país, el costo de capital debe reflejar condiciones reales que permitan acceder al financiamiento”, dijo Aníbal Cánovas, el representante de la empresa.
TGS, la otra trasportista que opera en el país, y la distribuidora Naturgy coincidieron en que la tasa de rentabilidad real después de impuestos debería ser 9,98%.
Metrogas, por su parte, dijo que la consultora AD-HOC realizó un cálculo para las distribuidoras de gas, cuyo resultado fue de 16,06%. “No obstante, y atento a la evolución de los mercados financieros, producto de los cambios en la situación macroeconómica, consideramos que la tasa WACC a utilizar en este ejercicio sea del 9,90%”, indicó Sebastián Mazzucchelli, el director comercial y CEO interino de la distribuidora.
Pese a estas diferencias en la tasa de rentabilidad esperada, las distribuidoras y transportistas de gas proyectan invertir en conjunto más de US$1000 millones en el quinquenio 2025-2029, que se sumarán a los más de US$4000 millones invertidos hasta 2024 en los últimos años.
Las empresas también le recordaron al ente regulador que las licencias de concesión de las distribuidoras y las transportistas vencen en diciembre de 2027, cuando se cumplen 35 años desde la toma de posesión (1992) y en medio del período quinquenal 2025-2029.
Los comentarios están cerrados.