El expresidente francés Nicolas Sarkozy anunció este sábado que detiene sus actividades públicas y que no se expresará en los medios de comunicación, después de que el viernes se le colocara un brazalete electrónico.
«He decidido poner en paréntesis mis actividades públicas de antiguo presidente», afirmó Sarkozy en un mensaje en la red social X en el que también dijo que va a «renunciar a cualquier expresión mediática».
En cuanto al resto de su actividad, dijo que seguirá ejerciendo su vida profesional «según se me ha otorgado el derecho de hacerlo».
El anuncio se produjo después de que el viernes se le colocó un brazalete electrónico, en cumplimiento de la pena de un año de arresto domiciliario al que lo sentenció el Tribunal Supremo a finales del año pasado por corrupción y tráfico de influencias.
«La pena pronunciada ha sido aplicada. No hubo ni sorpresa ni novedad», reconoció.
El expresidente, de 70 años, solo podrá estar fuera de su domicilio durante 12 horas al día -de las 8 a las 20 horas-, menos las jornadas en las que tiene otros compromisos judiciales por el proceso en el que está implicado sobre la financiación de su campaña electoral de 2007 por parte del régimen libio de Muamar Gadafi.
Sarkozy anunció que ha preparado un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que «será presentado antes de final de mes» por esa condena.
El conservador Sarkozy, que presidió Francia entre 2007 y 2012, se convirtió en el primer expresidente en ser condenado formalmente en un tribunal de Justicia.
Además, ha sido condenado en apelación a un año de cárcel, la mitad exento, por financiación ilegal de la campaña electoral de 2012, que perdió frente al socialista François Hollande, condena que está apelada ante el Supremo.
Finalmente, Sarkozy y otros acusados están siendo juzgados actualmente en otro proceso por la presunta financiación irregular por parte del régimen libio de Muamar Gadafi de la campaña electoral de 2007 que lo llevó a la Presidencia, un proceso que comenzó en enero y concluirá en abril.
Si es declarado culpable, el expresidente podría recibir una pena de hasta diez años de cárcel.
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