El Concejo Deliberante de Calingasta debatirá en su próxima sesión un proyecto de ordenanza que expresa el rechazo del departamento al proyecto de ley nacional que modifica el régimen de tierras rurales. La iniciativa fue presentada por el concejal y vicepresidente del cuerpo, Sebastián Ramos, y luego acompañada por una propuesta en el mismo sentido enviada por el Ejecutivo municipal.
Según explicó el edil en Radio Sarmiento, ambas iniciativas serán unificadas para emitir una postura institucional en contra de la norma, al considerar que vulnera la autonomía de las provincias y facilita el acceso de capitales extranjeros a territorios considerados estratégicos.
«El rechazo es total a este proyecto de ley que avasalla el sistema federal y la autonomía provincial», sostuvo Ramos durante una entrevista radial. Además, afirmó que la propuesta representa «un proyecto entreguista que entrega los recursos naturales y la potestad de decisión de la provincia».
Los cuestionamientos a la iniciativa
El concejal argumentó que el proyecto es inconstitucional porque, a su entender, contradice el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce el dominio originario de los recursos naturales a las provincias. También advirtió que una mayor participación de propietarios extranjeros podría afectar el manejo de áreas limítrofes, el acceso a recursos hídricos y el ordenamiento territorial del departamento.
Ramos aseguró que la postura de Calingasta está en línea con la adoptada por otros municipios, como Jáchal, cuyos concejales también manifestaron su rechazo a la iniciativa. Además, expresó su expectativa de que el Congreso nacional no avance con el proyecto.
Preocupación por la situación de Calingasta
Durante la entrevista, el edil afirmó que, según un mapa del Observatorio de Tierras, Calingasta ya supera el 15% de tierras rurales en manos extranjeras previsto en la legislación vigente, mientras que el proyecto nacional elevaría ese límite al 25%.
«Creemos que se tiene que aplicar la ley anterior y que no se supere ese 15% para que los calingastinos decidamos cómo ordenar nuestro departamento», señaló. Agregó que gran parte de esos terrenos se ubican sobre recursos estratégicos y zonas de producción agrícola.
El concejal también sostuvo que la llegada de inversiones no depende de la modificación de la ley y consideró que las herramientas ya vigentes, como el RIGI y la Ley Bases, brindan incentivos suficientes para el desarrollo de proyectos privados. En ese sentido, manifestó su preocupación por la posibilidad de que capitales extranjeros adquieran tierras vinculadas a recursos hídricos y minerales críticos de la provincia.
Qué ocurrirá si la ley se aprueba
Ramos reconoció que una ordenanza municipal no puede dejar sin efecto una ley nacional. Sin embargo, adelantó que, en caso de que el proyecto sea sancionado por el Congreso, propondrá trabajar junto al Ejecutivo municipal y otros municipios para impulsar una presentación judicial que plantee la inconstitucionalidad de la norma.
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