Arrancó el juicio oral contra Andrea del Boca y De Vido por un fraude millonario con una novela

Cinco años después de cerrada la instrucción y elevada la causa a juicio oral, arrancó el juicio oral y público contra la actriz Andrea del Boca, el ex ministro Julio De Vido, el ex rector de la UNSAM Carlos Ruta, la ex titular del INCAA, Liliana Mazure, y otros seis ex funcionarios universitarios y del gobierno de Cristina Kirchner, que ya tienen sus bienes inhibidos.

Todos ellos estuvieron presentes en la primera jornada del juicio, este jueves a las 9.30 de la mañana, donde se leyeron los cargos por los que se acusa a cada uno de los procesados por defraudación contra la administración pública en la realización de la telenovela Mamá Corazón y la serie El Pacto.

El juez Fernando Canero condujo la primera jornada del juicio, acompañado por los jueces Germán Castelli y Enrique Méndez Signori y la fiscal Fabiana León, del Tribunal Oral Federal N°7 (TOF7).

Andrea del Boca, dueña de la productora A+A Group, que estuvo a cargo de realizar la telenovela Mamá Corazón, prefirió no hacer declaraciones en esta primera audiencia. Su abogado, Federico Schumacher, dijo que “la defensa de Andrea del Boca no va a hacer ningún planteo en cuestiones preliminares”. Tampoco quiso hablar De Vido.

En el caso específico de Andrea del Boca, se la acusó porque el contrato de adjudicación a su productora «tuvo modalidad por adjudicación directa, infringiendo la modalidad de contratación». Además, según surge del informe de auditoria de la Sindicatura General de la Nación, se incluyeron cláusulas arbitrarias y leoninas, por la exclusividad de 60 meses para la comercialización internacional de la telenovela, con una prórroga por otros 60 meses más, que se financió con fondos públicos, una novela cuya comercialización internacional se reservó para su propia productora. Por ello, se solicitó anular esa contratación, al estar involucrado el interés publico», sostuvo la acusación que se leyó este jueves.

Uno de los acusados, Luis Vitullo, quien trabajó como secretario general de Administración del Ministerio de Planificación, habló en la primera jornada del juicio oral y público para justificar la contratación directa de Mamá Corazón y el presupuesto asignado.

«Todo lo que se hizo fue aprobado por el presupuesto del Congreso de la Nación, que aprobó un fondo para esta política pública, en convenio con universidades, canales públicos y el INCAA», dijo Vitullo. Y agregó: «No hubo desvío de fondos, cada gasto tiene una imputación».

«Primero se dudaba de la legitimidad de la novela, si se había hecho o no. Después se verificó que estaba todo grabado. Luego se comprobó que se realizó todo en tiempo y forma, que habría que terminar de pagar la novela, pero por esta causa se frenó el pago y ahí sí se produjo un perjuicio al erario público», añadió el exfuncionario Vitullo.

Es que Mamá Corazón fue financiada por el ex Ministerio de Planificación por una adjudicación directa, a través de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), durante la gestión kirchnerista. Y nunca llegó a emitirse.

Los jueces establecieron que todo el juicio se realice por videoconferencia, en audiencias semanales, y que se transmita públicamente el inicio y cierre del juicio oral y público. Se citaron a 97 testigos, entre los que están los actores Marcelo Mazzarelo y Fabián Mazzei, el conductor de TV Fernando Dente, el ministro porteño Hernán Lombardi y el exministro de Cultura Tristán Bauer, entre otros.

El juez federal Sergio Ramos procesó a diez personas en abril de 2018, cuando enumeró 20 irregularidades detectadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en los contratos y en el flujo de dinero proveniente del Ministerio de Planificación que manejaba Julio De Vido.

El juez Ramos procesó, a mediados de 2018, a De Vido como «autor» del delito de defraudación y le trabó un embargo por $ 60 millones; mientras que Andrea del Boca fue procesada como «partícipe necesaria», al igual que el entonces rector de la UNSAM, Carlos Ruta, a quienes les trabaron un embargo por $ 50 millones y $ 60 millones, respectivamente.

A todos ellos, el juez les inhibió sus bienes hasta cubrir la suma embargada. Y en abril de 2019 elevó la causa a juicio oral y público.

En ese entonces, el juez Ramos sostuvo en su fallo que «la maniobra en cuestión se encontraba planificada y direccionada desde su inicio hacia la contratación de la productora de Andrea del Boca». Y agregó que eso respondió a una «voluntad predominantemente política y adoptada con anterioridad a que se formalizara el trámite de los expedientes».

El objetivo era que la novela fuera «financiada íntegramente con fondos públicos y generara ganancias a la referida empresa, cuya socia gerente Andrea del Boca­ era una persona cercana al gobierno de ese entonces», señaló el juez Ramos.

Tal como publicó Clarín en su investigación, que arrancó en junio de 2016, la productora A+a Group, de Andrea Del Boca, cobró más de 24 millones de pesos, a través de una contratación directa del ministerio que manejaba De Vido, triangulado con la UNSAM, sin licitación ni compulsa de precios.

Estaba previsto que la productora cobrara $ 36,58 millones y se quedara con un 10% de ganancia, además de la exclusividad en la comercialización internacional, cuando el gobierno de Mauricio Macri suspendió ese contrato. Además, A+a Group ya había cobrado el 76% de la novela, mientras que otras series que estaban en los mismos convenios con la UNSAM habían cobrado sólo el 7%.

El juez Ramos indicó en su fallo que no se cuestiona la «aptitud y/o calidad artística» de Andrea Del Boca como productora, sino que se pone en tela de juicio «la manera en que su proyecto fue escogido y la modalidad de contratación adoptada por parte de la UNSAM, en franca violación a la normativa vigente».

La Cámara Federal confirmó los procesamientos y embargos del juez Ramos.

Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia señalaron que lo cuestionable no fue la celebración de los acuerdos con la UNSAM, «sino la desnaturalización de su objeto y su utilización para evadir los controles con miras al desvío de fondos públicos asignados, hipótesis que a priori se ha configurado en autos».

Cuando la procesaron, el abogado de Andrea del Boca, Juan Pablo Fioribello, aseguró a Clarín que «no hubo un delito. Acá no hubo ni sobrefacturación. La causa tiene un gran contenido político, simplemente porque la encabeza De Vido. Eso hace que todo se centre en él y que el resto de las figuras traccionen, para pegarle a un ex ministro que está caído en desgracia y que debe haber sido una de las personas seguramente más corruptas de la gestión del kirchnerismo».

El ex rector de la UNSAM, Carlos Ruta, era un hombre muy cercano al gobierno kirchnerista, que involucró a esa universidad pública en varios proyectos, como la medidora de rating paralelo a Ibope y la polémica compra e instalación de millonarios equipos de efectos especiales, además de elegir las producciones para la TV digital.

Además de Del Boca, De Vido y Ruta, el juicio oral es contra otras siete personas que también ya estaban procesadas en la misma causa judicial: Liliana Mazure, ex titular del Instituto de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA); Nadia Jacky, directora de Tostaki (por la serie El Pacto); Maximiliano Schwerdtfeger y Hugo Nielson, secretarios de la UNSAM; y los ex funcionarios kirchneristas Luis Vitullo, Alberto García y Nahuel Billoni Ahumada.

En el juicio oral también se juzgarán las irregularidades cometidas en la serie El Pacto, también financiada por De Vido, pero a través del INCAA.

La ex titular de ese organismo, Liliana Mazure, fue procesada y embargada en $ 5 millones, por el delito de «defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública».

La serie «El Pacto» era sobre el relato kirchnerista en torno a Papel Prensa y la hizo la productora Tostaki, que recibió $ 4,55 millones.

«Hubo una innecesaria tercerización que significó que un diez por ciento del dinero asignado al presupuesto del ex Ministerio de Planificación fuera destinado a la institución educativa, pese a que la organización del concurso fue delegada íntegramente en el INCAA», planteó el juez Ramos, a mediados de 2018, cuando procesó a todos los involucrados en la serie El Pacto.

Y agregó: «La pregunta que se impone y que genera suspicacia es por qué no se gestionó el concurso directamente con el INCAA, sin la intermediación de la UNSAM».

Esa miniserie contó con la participación en el guión de la esposa de Guillermo Moreno, Marta Cascales. Y se emitió por el canal de televisión América TV a fines de 2011.