Alertan que el proyecto de reforma electoral del Gobierno elimina los debates presidenciales

El Gobierno pretende eliminar la obligatoriedad de los debates presidenciales para los candidatos que se presenten en las elecciones de 2027. Eso figura en el proyecto de Reforma Electoral que el Ejecutivo envió al Congreso para tratar la semana que viene en el período de sesiones extraordinarias.

El proyecto oficial deroga la Ley de Debate Obligatorio, de 2016, que establece la «obligatoriedad de debates preelectorales públicos entre candidatos a Presidente de la Nación, con la finalidad de dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de los partidos, frentes o agrupación políticas».

Además, en la iniciativa proponen derogar el procedimiento para generar el reglamento de realización de los debates presidenciales, así como su cantidad, fechas, emisión televisiva, rol de la Cámara Nacional Electoral (CNE) en su organización y sanciones para los candidatos que no se presenten.

De todos modos, se podrían mantener los debates si solo se suspenden las PASO para las elecciones parlamentarias, pero se mantienen en las presidenciales.

«Es un tema muy difícil de identificar, porque como es un capítulo que eliminan de la normativa vigente, queda invisibilizado. Pero el proyecto oficial propone eliminar la obligatoriedad de los debates presidenciales y deroga todo el capítulo de los debates, desde la organización por parte de la Cámara Nacional Electoral, con criterios equitativos y transparentes, hasta la obligatoriedad que tienen de participar los candidatos», alertó a Clarín Gala Díaz Langou, directora ejecutiva del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

«Esta eliminación de la obligatoriedad representa un retroceso, ya que va en sentido opuesto a fortalecer la democracia, porque amplía la distancia entre representantes y representados», planteó Díaz Langou.

Y añadió que los debates presidenciales tiene «varias virtudes, ya que permiten que se conozcan mejor las propuestas de los candidatos y tienen una atracción significativa de la atención púbica, con audiencias importantes en la televisión y las plataformas tecnológicas. Siempre se pueden mejorar los debates, pero que eso no implique que tengamos que eliminarlos».

De todos modos, Díaz Langou planteó que si se impone el criterio de la oposición, para suspender las PASO solo en estas elecciones parlamentarias, quedarían en pie las PASO de las elecciones presidenciales y, junto con ellas, se mantendría la obligatoriedad de los debates presidenciales. Esa obligatoriedad rige para los candidatos presidenciales que superen el piso del 1,5% en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

El Gobierno impulsa la eliminación de los debates presidenciales obligatorios, luego de la experiencia de 2023, donde Javier Milei tuvo que participar en cuatro debates, por la obligación establecida en la Ley 27.337, sancionada en 2016, por impulso del entonces presidente Mauricio Macri.

Es que a Milei nunca le gustaron los debates presidenciales, con estrictas reglas acordadas entre la Cámara Nacional Electoral (CNE) y los equipos de campaña de los candidatos. Y tampoco le gusta que sea «obligatorio». De hecho, «a Javier nunca le gustaron que lo obliguen a hacer algo», explicó a Clarín una fuente oficial. Y agregó: «Lo mejor es que sea una decisión de cada candidato».

En el último debate presidencial Milei amagó con no presentarse, frente a Sergio Massa; y luego lo acusó de apelar a «herramientas oscuras» durante el debate y tuvo duras críticas hacia los organizadores, a quienes acusó de poner cerca suyo a «tosedores» para «perturbarlo».

La modificación que impulsa el Gobierno para tratar en sesiones extraordinarias significaría un fuerte cambio respecto a una iniciativa que nació en 2015, con el primer debate presidencial realizado por la organización no gubernamental Argentina Debate, donde participaba CIPPEC, entre otras entidades de la sociedad civil.

En esa época no era obligatorio. El entonces candidato presidencial del kirchnerista Frente para la Victoria, Daniel Scioli, no se presentó al primer debate. Pero tuvo tal impacto negativo su ausencia, que luego tuvo que debatir con el candidato de Cambiemos, Mauricio Macri, en el balotaje, ante la presión de la opinión pública y de sus propios seguidores, que consideraron un error no haberse presentado antes a debatir.

En cambio, desde el gobierno libertario destacaron que Scioli no haya ido a ese primer debate presidencial, cuando no era obligatorio y cada candidato resolvía por su cuenta, en forma «voluntaria», si decidía participar.

Pero al año siguiente, en 2016, el Congreso sancionó una ley estableciendo la obligatoriedad de participar en los debates presidenciales, para los candidatos que superasen el 1,5% de los votos en las PASO, delegando su organización en los tres jueces de la Cámara Nacional Electoral.

Desde entonces, la Cámara Electoral designa a Radio y Televisión Argentina (la empresa que maneja Radio Nacional y la TV Pública) como unidad ejecutora de los debates y a la Cámara de Productores Independientes de Televisión (CAPIT) para la producción artística, que realizaron los debates de 2019 y 2023, donde se presentaron todos los candidatos.

La Ley de Debate Presidencial Obligatorio tiene solo 10 artículos y establece que «si algún candidato no se presenta, pierde el aporte para la publicidad de campaña y además, se debe colocar el atril vacío con su nombre», destacó el vicepresidente de la CNE, Alberto Dalla Vía, en diciembre pasado en una columna de opinión en Clarín.

«El proyecto de ‘Reforma para el fortalecimiento electoral’, recientemente ingresado en el Congreso de la Nación busca ‘desregular’ los debates presidenciales al eliminar en el artículo 12 el capítulo IV bis que los había incluido de manera obligatoria en el cronograma. Si el proyecto prospera, el Estado dejará de aportar con el presupuesto y también perderán su obligatoriedad», agregó Dalla Vía.

Y concluyó el vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral: «Lo importante es, en definitiva, que el alto grado de avance alcanzado en el desarrollo de nuestra democracia electoral, no se interrumpa ni retroceda en un tema que nuestra ciudadanía ha incorporado como “valor” y como “bien púbico” en favor de una democracia robusta que acompañe las transformaciones económicas que es menester realizar».