Activo rol del Gobierno para frenar la suba de combustibles en medio de la disparada de precios

El congelamiento por 45 días de uno de los componentes que definen el precio de la nafta y el gasoil, que anunció YPF, forma parte de un acuerdo con las petroleras privadas para amortiguar el impacto del salto del petróleo internacional en el marco de los efectos de la guerra en Medio Oriente. De todos modos, ese esquema se apoya en decisiones del gobierno de Javier Milei, que busca contener otras variables clave que influyen en el combustible para evitar un mayor impacto en la inflación.

El precio que pagan los consumidores en el surtidor está determinado por cuatro factores principales: el valor internacional del petróleo, los impuestos nacionales —y en algunos casos tasas municipales—, los biocombustibles y el tipo de cambio. El acuerdo entre privados actúa sobre el primero, mientras que el Gobierno buscó intervenir sobre los otros tres para evitar que el shock externo se traslade de manera plena a los precios.

El esquema se aceleró tras un aumento cercano al 20% en marzo en los surtidores —el mayor en más de una década sin movimiento del tipo de cambio— y en un contexto en el que las empresas ya detectaban señales de caída en las ventas en sus estaciones de servicio, especialmente en el interior del país.

El mecanismo que definió el sector privado es simple, según explicaron fuentes del sector: mientras el barril de petróleo se mantiene por encima de los US$100, los productores aceptan vender el crudo en el mercado local a un valor más bajo, en una franja de entre US$90 y US$100. La diferencia con el precio internacional se acumula en una cuenta compensadora, lo que en los hechos implica que los productores financian a los refinadores para sostener el precio en surtidor.

Cuando el petróleo baje, los precios en las estaciones de servicio no lo harán al mismo ritmo, de modo que ese desfasaje pueda recuperarse y las refinadoras cancelen la deuda acumulada.

Sobre ese esquema, el Gobierno actuó sobre las otras tres variables para el inicio de abril y su continuidad será clave para sostener el acuerdo entre privados. La primera fue una modificación técnica de Secretaría de Energía que permite a las petroleras aumentar, de manera voluntaria, el porcentaje de bioetanol en las naftas hasta el 15%, mientras que en el caso del biodiésel —utilizado en el gasoil— ya estaban habilitadas mezclas de hasta el 20%.

La segunda medida fue la suspensión del aumento de los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC) para abril, que en los meses previos venían actualizándose en torno al 1%. Según la consultora Economía y Energía, esa decisión implica resignar ingresos por unos US$150 millones mensuales, en un contexto en el que la recaudación acumula ocho meses consecutivos de caída en términos reales. Además, resta aplicar el ajuste pendiente por inflación correspondiente a 2024 y 2025.

La tercera señal fue cambiaria. El dólar mayorista acumula una baja del 4% en lo que va del año, impulsado por el ingreso de divisas del campo y emisiones de deuda. El equipo económico transmitió que ese flujo, impulsado por la cosecha gruesa, funcionará como ancla en las próximas semanas. En esa línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, descartó de plano una devaluación en el corto plazo. “Me dan ganas de cagarlos a patadas en el culo”, dijo este miércoles en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) al referirse a quienes impulsan un tipo de cambio más alto.

Otra decisión de la Secretaría de Energía fue mantener el precio del etanol sin modificaciones para abril, mientras que el biodiésel bajó 1,9% por la aplicación de la fórmula de ajuste para estos ítems, en línea con la baja del tipo de cambio.

Las decisiones se dan en un contexto en el que las expectativas privadas ubican la inflación de marzo por encima del 3%, lo que implicaría 10 meses consecutivos sin desaceleración del IPC. Un dato que preocupa al Gobierno, en paralelo a ingresos que acumulan varios meses de deterioro.

En ese marco, el impacto ya empieza a reflejarse en el poder adquisitivo. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), la capacidad de compra de un salario privado registrado —medida en litros de nafta— cayó 17% entre febrero y marzo, tras un aumento real del combustible del 21% en ese período. En términos prácticos, donde antes un ingreso permitía cargar 100 litros, ahora alcanza para unos 83. El dato refleja el traslado del shock internacional a la economía local y explica parte de la preocupación oficial por el impacto en el consumo.

En paralelo, un informe de Romano Group advirtió que el aumento de los combustibles ya comenzó a trasladarse a la inflación: estimó subas de entre 15% y 19% en marzo y recordó que el rubro tiene un peso cercano al 3,8% en el IPC, lo que agrega presión sobre el nivel general de precios.

Con este esquema combinado —coordinación entre privados y decisiones oficiales sobre impuestos, biocombustibles y tipo de cambio— el objetivo es evitar un traslado pleno del shock internacional a los surtidores. Busca así suavizar el impacto sin desordenar el sistema de precios ni afectar las señales de inversión, en un equilibrio delicado entre inflación, consumo y actividad.