La presidenta de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), Mara Bettiol, insistió en la necesidad de que las provincias pongan en marcha los cuerpos médicos forenses previstos en la Ley de Riesgos del Trabajo, de manera de reducir la litigiosidad en el sector.
«La litigiosidad creciente desvía recursos que deberían financiar prevención, asistencia y reparación y menores costos», afirmó Bettiol, con motivo de cumplirse 30 años en los que se puso en marcha el sistema de aseguradoras laborales.
La directiva indicó que «la Argentina cuenta con herramientas normativas y técnicas para corregir esa distorsión; aplicarlas con consistencia es una condición para proteger lo conseguido y ampliar la cobertura a quienes todavía permanecen fuera del sistema».
De acuerdo con un informe de la UART, en abril pasado la cantidad de juicios contras las ART llevaron a 39.687 lo que proyecta para el 2026 una cifra récord de 138.600 pleitos.
«El sistema de riesgos del trabajo demostró que la prevención no es una consigna: es una forma concreta de salvar vidas, evitar accidentes, reducir incapacidades, rehabilitar a quienes sufrieron un daño y acompañar su reinserción laboral», señala la titular de l UART.
Según indicó la entidad, en la actualidad hay unos 10 millones de empleados y 1 millón de empleadores cubiertos por el sistema. Al año las ART financian 14,1 millones de asistencias médicas.
Se estima que la cuota promedio que pagan las empresas es de entre el 3% y el 4% de la masa salarial, lo que es de por sí un costo elevado. Gran parte de ese aporte se tiene que destinar a atender juicios, dicen desde el sector, cuando se podría usar para mejorar la asistencia de las personas.
El sistema de aseguradoras nació en junio de 1996 como un mecanismo para darle a las empresas una cobertura ante la eventualidad de reclamo de sus empleados por accidentes o enfermedades laborales.
El sistema ha obligado, a su vez, a que las empresas apliquen políticas de prevención de accidentes, de manera de reducir el riesgo a cubrir por las pólizas.
Aún así, a 3 décadas de creado el sistema los juicios se mantienen en niveles récord. La reforma labora aprobada este año por el Congreso a instancias del gobierno trata de morigerar la litigiosidad con ciertas medidas, como impedir que los peritos que actúan en un pleito cobren un honorario como proporción de la sentencia final. También se introdujo un artículo que transforma a los abogados patrocinantes de empleados como responsables solidarios en caso de que un juez rechace un juicio por considerar excesivo el reclamo dinerario.
Santa Fe avanza con los cuerpos forenses
Uno de los problemas que tiene el sistema es que la ley delega en las cortes supremas provinciales la responsabilidad de crear y nombrar los cuerpos forenses. A falta de ello, cada juez nombra sus propios peritos y emplea criterios propios para determinar grados de invalidez y las tasas con las cuales actualizar una sentencia.
Recientemente la Corte de Santa Fe inició los pasos para la creación de los cuerpos forenses. Se trata de una de las provincias con más juicios en el país, que busca reducir en un 25%.
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