Superávit fiscal en riesgo: los mercados quedaron en alerta máxima ante la fuerte presión del Congreso y los gobernadores Por Pablo Wende

Hace poco menos de un año Javier Milei vetó el aumento a las jubilaciones definido por el Congreso. Los mercados reaccionaron eufóricos, porque quedó claramente demostrado el compromiso del Gobierno por sostener el superávit fiscal.

El Presidente anunció ahora una decisión similar, pero la reacción de los inversores fue la inversa: hubo una caída pesada de acciones argentinas que cotizan en Wall Street y los bonos tuvieron también una jornada floja, pese al pago de capital e intereses por USD 4.200 millones pocas horas antes. Algo cambió.

El nuevo derrumbe de las acciones extendió la caída del año a más del 40% en dólares, contrastando con fuertes subas en las acciones emergentes y en particular latinoamericanas.

Aunque no existe una respuesta precisa, parece evidente que los inversores consideran que el riesgo político aumentó significativamente. No solo ahora aparece en este tercer trimestre la incertidumbre relacionada con el resultado electoral. Además. irrumpieron varios proyectos que implican un fuerte impacto sobre las cuentas públicas.

Si las cinco iniciativas prosperan, el impacto directo es de 1,5% del PBI este año y de 2,5% el próximo. Sepultarían el principal bastión del Gobierno: el superávit fiscal.

Tanto la baja de la inflación como la estabilidad cambiaria no son producto de un súbito aumento de la confianza ni ocurren de manera espontánea. Son la consecuencia del estricto control de las cuentas públicas y de la eliminación de la emisión monetaria para financiar al Tesoro.

Hay dos agravantes de la actual ofensiva legislativa sobre las cuentas públicas en relación a lo sucedido el año pasado: esta vez son cinco proyectos (tres de ellos ya se transformaron en ley), pero además hay un fuerte respaldo de la totalidad de los gobernadores a estas iniciativas.

“Además de marcar la hostilidad en el inicio del trimestre electoral, constituye un desafío a la viga maestra del esquema económico, el superávit fiscal primario de 1,6% proyectado por el Ejecutivo para 2025 y más aún para el año entrante”, indicó un informe de la consultora Empiria, dirigida por Hernán Lacunza.

Este respaldo de los gobernadores es una señal potente que preocupa a los inversores: un amplísimo espectro político parece estar poco preocupado por el impacto fiscal de las medidas y tampoco se nota un verdadero compromiso por mantener las cuentas públicas en orden.

Seguramente los legisladores buscarán conseguir dos tercios de los votos en cada cámara para anular el veto presidencial e insistir con el cumplimiento de las leyes aprobadas. Donde más chances hay que esto suceda es con la ley que busca mejorar los beneficios por discapacidad. Representa un aumento del gasto de 0,4% del PBI este año y 0,7% en 2026.

“Con esta aritmética electoral, quizás el esfuerzo oficial se concentre en jubilaciones (el más caro) y moratoria (el más probable), mientras el de discapacidad parece más difícil de revertir”, agregan en la consultora que dirige Lacunza. Los otros dos proyectos, impulsados directamente por los gobernadores para incrementar sus recursos de origen nacional, aun no fueron tratados en Diputados, así que se abre allí un canal de diálogo necesario para el Gobierno. Se trata del reparto de Aportes del Tesoro Nacional y la coparticipación del impuesto a los Combustibles.

Un informe elaborado por los gobernadores indica que en el caso puntual de los proyectos impulsados por ellos y que ahora tienen media sanción en el Senado, el impacto fiscal es ínfimo.