Un año del último desalojo en la 9 de Julio, que consolidó la política de tolerancia cero hacia los cortes Por Andrés Klipphan
El jueves 10 de abril se cumple un año sin cortes permanentes ni acampes en la Avenida 9 de Julio, una de las principales arterias porteñas históricamente afectada por manifestaciones y piquetes sobre todo desde los últimos 12 años protagonizados por los gobiernos nacionales de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández; y las Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a cargo de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. La clave del cambio de paradigma parece estar dada en la decisión política de la gestión de Javier Milei, que implementó el Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público, a través del Ministerio de Seguridad, que encabeza Patricia Bullrich; y el compromiso de Jorge Macri que adhirió a la Resolución 943/2023, y le ordenó a su Policía hacer cumplir a rajatabla la ley, y coordinar con las fuerzas federales cuando sea necesario. Así ocurrió en varias oportunidades, por ejemplo, durante las grandes concentraciones frente al Congreso nacional.
A 12 meses de uno de los hechos más valorados por los porteños, que las calles no sean un caos por “los piquetazos” que impedían llegar a tiempo no solo al trabajo sino hasta una operación programada, o perder un vuelo, surgió una inesperada polémica por quien fue el que eliminó los cortes de calles en la ciudad capital del país que tiene autonomía: ¿fue la estrategia implementada desde la Casa Rosada al implementar el protocolo antipiquetes días antes de la marcha anunciada por el Polo Obrero en Plaza de Mayo, contra el gobierno de La Libertad Avanza el 20 de diciembre de 2023? ¿Fue la decisión política del alcalde porteño de adherir al protocolo y ordenar al su Ministerio de Seguridad de Seguridad que la Policía de la Ciudad lo haga cumplir? ¿Fue la coordinación de las dos administraciones que lo posibilitó?
En plena campaña electoral, dónde La Libertad Avanza competirá con sus propios candidatos contra los del PRO, es decir el oficialismo porteño, surgió la disputa por la autoría del orden en las calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esta nota, las dos miradas y el debate.
Ese 10 de abril marcó un hito: la derrota de las organizaciones piqueteras, como las de izquierda, caracterizadas por el Polo Obrero, liderado por Eduardo Belliboni; el Bloque Nacional Piquetero y hasta por movimientos que integran la Unión Trabajadores de la Economía (UTEP), integrado, entre otros por el Evita y Barrios de Pie. Estos últimos encabezados por el ex funcionario Emilio Pérsico y Daniel Menéndez, dirigente social que forma parte del gobierno bonaerense de Axel Kicillof.
Kicillof, solo por dar un ejemplo, cuestionó el protocolo antipiquetes y no impide los cortes totales de, por ejemplo la Ruta 3, a la altura de Isidro Casanova, cuando la Corriente Clasista y Combativa (CCC) —cuyo referente es el ex diputado Juan Carlos Alderete— realiza cortes totales en protesta por las políticas alimentarias que desde el Ministerio de Capital Humano implementa Sandra Pettovello.
Tampoco lo hace cuando organizaciones piqueteras y movimientos sociales marchan a la Quinta de Olivos para reclamar por alimentos para los comedores comunitarios. Uno de los hechos más destacados sucedió el 7 de mayo pasado cuando fueron las fuerzas federales las que impidieron el avance de las columnas hacia la residencia presidencial por tratarse de una propiedad de interés federal. Hasta dos cuadras antes del lugar, los patrulleros de la policía federal custodiaban a los manifestantes para no ser embestidos por los vehículos al interrumpir el tránsito.
Esa también fue la última jornada impulsada por organizaciones como el Polo Obrero, Libres del Sur, y la UTEP. Las columnas, que iniciaron su marcha desde avenida Maipú y Zufriategui, partido de Vicente López, hacia la residencia presidencial no se volvió a registrar, al menos en esa magnitud.
De acuerdo con datos oficiales suministrados a Infobae por el Ministerio de Seguridad del gobierno porteño, a cargo del ex comisario general Horacio Giménez, desde diciembre de 2023 en CABA se registraron 1.723 manifestaciones e intentos de corte en las calles porteñas. En el 75% de estas situaciones fueron controladas exclusivamente por la Policía de la Ciudad, mientras que las Fuerzas Federales intervinieron en 420 casos, principalmente para proteger intereses o edificios federales, como el Congreso o la Casa Rosada. Este trabajo conjunto entre las fuerzas locales y nacionales ha sido clave para mantener el orden en la vía pública, según destacaron desde ambas administraciones.
El operativo del 10 de abril de 2024 es señalado como un momento decisivo en la estrategia antipiquetes. Ese día, organizaciones como el Polo Obrero y movimientos sociales vinculados a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular intentaron cortar la Avenida 9 de Julio para exigir alimentos destinados a comedores comunitarios, tal como lo venían haciendo desde la llegada al poder de La Libertad Avanza.

Aunque los manifestantes lograron ocupar toda la traza de la Avenida 9 de Julio por menos de 30 minutos, la Policía de la Ciudad desalojó rápidamente la zona. La fuerza de seguridad federal también estaba en la zona, ya que las pobladas columnas comenzaron su protesta frente al ex Ministerio de Desarrollo Social (actual Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia) para evitar que la marcha llegue a su destino final: el Ministerio de Capital Humano, ubicado a unas cuadras de Moreno y 9 de Julio. Este operativo, que incluyó incidentes, corridas y detenciones, marcó un precedente en la política de tolerancia cero hacia los cortes de calles.
En su momento, Jorge Macri destacó que la acción de represión contra el corte total de la circulación en esa vía reflejó la firmeza de su administración en la defensa del orden público. “La Policía de la Ciudad le puso el cuerpo a la decisión política que tenemos. Nadie en Buenos Aires está por encima de la ley”, afirmó, subrayando que este enfoque busca garantizar la seguridad de los ciudadanos y el cumplimiento de las normativas vigentes.
En diálogo con Infobae, el alcalde porteño enfatizó: “Con firmeza y decisión política, demostramos que el orden y el cumplimiento de la ley no se negocian. En la Ciudad, los cortes y piquetes dejaron de ser un problema de todos los días”. En otras palabras, Buenos Aires dejó de ser “la ciudad de la furia”, como venía ocurriendo hasta el 10 de diciembre de 2023.

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