«Estamos preparados para lo que venga», enfatiza un estrecho colaborador de Javier Milei al referirse a la supuesta movida desestabilizadora que podría disparar este miércoles una nueva marcha en favor de los jubilados frente al Congreso, en la que se estima podría «aumentar» la cantidad de manifestantes «violentos», y un día después la embestida del kirchnerismo en el Senado para voltear los pliegos de los candidatos del Ejecutivo a la Corte Suprema y el probable anuncio de un paro general de la CGT.
Este lunes, de hecho, las autoridades de Seguridad mantendrán una reunión reservada con funcionarios de la SIDE y de otros organismos del Estado ¿El motivo? Ajustar la planificación «táctica» de la respuesta oficial a lo que se prevé será una marcha masiva no sólo de jubilados sino de agrupaciones vinculadas al kirchnerismo y de otras fuerzas políticas.
Es que puertas adentro del oficialismo causó sorpresa la demorada respuesta a la escisión que registró la movilización del miércoles 12 de febrero y que derivó en una ruidosa manifestación a las puertas de la Casa Rosada: ese día se vivieron momentos de extremo nerviosismo dentro del palacio de gobierno y muchas miradas se posaron en la conducción de Casa Militar. Pero también llamó la atención que Policía Federal no haya vallado el perímetro de la Casa de Gobierno, donde Milei por primera vez en lo que iba se semana ocupaba su despacho del primer piso.
En el Gobierno reconocen que hay varios factores que tornarán más multitudinaria la marcha de este miércoles por la tarde. «La quieren pudrir y van a insistir con eso«, arguyó una de las espadas que tiene Patricia Bullrich en la cartera con sede en Gelly y Obes. Más allá de la denuncia judicial por «sedición», en el Ejecutivo creen que un sector de la oposición está dispuesto a hacer mella en la gobernabilidad de la administración que encabeza el líder libertario.
Pero también se radicalizó la postura del kirchnerismo y de las agrupaciones de izquierda que vienen alertando sobre la actitud represiva que adoptó el Ejecutivo ante cada demanda que gana la calle. El disparo de un gendarme que terminó hiriendo de gravedad al fotógrafo Pablo Grillo, que pelea por su vida en el Hospital Ramos Mejía, se ha transformado en la cabecera de playa de esta denuncia que tiene como destinataria a la ministra Patricia Bullrich.
En Seguridad, con todo, no confirman si Gendarmería comenzó una auditoría interna para identificar al autor del disparo de gas lacrimógeno que terminó impactando en la cabeza del reportero. «Estos agentes saben que siempre debe haber un tiro indirecto por medio de parábola y en este caso claramente fue directo al cuerpo del fotógrafo. Si no era él iba a ser otro» el impactado, opinó una calificada fuente oficial que conoce de planificación para garantizar la seguridad interior.
En el Gobierno, con todo, no hay uniformidad de criterio en quienes han sido los organizadores de estas protestas que utilizaron el reclamo por un haber digno en las jubilaciones de beneficiarios cuyos ingresos están lejos de cubrir las necesidades básicas. «Hay un audio de (el barra de Boca, Rafael) Di Zeo que dice que quiere ir a la guerra» contra el Gobierno, argumenta un dirigente consultado.
El año electoral asoma, también, como un condicionante del recalentamiento de la protesta social. En paralelo, el kirchnerismo se apuesta a intentar voltear los pliegos de Ariel Lijo y de Manuel García Mansilla, que ya asumió en la Corte, en una sesión convocada en el Senado para este jueves. Esa tarde, además, se prevé una reunión del consejo directivo de la CGT en la que se podría anunciar el tercer paro general de la central obrera contra el gobierno de Milei.
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